Por Santiago Estrella Silva
Desde el 7 de marzo de 2024 está disponible para el público la exposición denominada Museo de la Memoria en los bajos del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es un espacio de aproximadamente 360 m2, ubicado en el subsuelo. Apenas se ingresa al Ministerio se baja unos pocos escalones. Allí el visitante se encuentra con un letrero grande con el título del espacio, y con una cordial mediadora quien ofrece la guía para recorrer los elementos dispuestos. La imagen icónica del caso González y otros destaca en la primera parada, donde bajo el título Sin verdad no hay justicia (el nombre que tiene el informe de la verdad), se explica que el Museo de la Memoria surge del Informe de la Comisión de la Verdad que investigó graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado ecuatoriano entre 1984 y 2008.
A paso seguido, se propone un ejercicio que desde una lógica algo lúdica intenta trabajar los dos grandes ejes del Museo: derechos humanos y democracia. Es un espacio que pretende, de alguna manera, ser pedagógico para que el visitante se informe de los derechos universales. Una pantalla con una línea de tiempo aporta algunos contextos históricos desde fines de los años setenta. Ya desde allí se puede apreciar al fondo, en prácticamente toda la pared, un listado en letras blancas con los nombres de las víctimas que se registraron en el informe de la mencionada Comisión. En una esquina, una pantalla interactiva propone un mapa del centro histórico de Quito, destacando la cuadra donde se ubica la Unidad de Vigilancia Comunitaria Manuela Sáez, ex Regimiento Quito No. 2, donde en la década de los años ochenta se registraron múltiples violaciones a los derechos humanos, con prácticas de tortura a cargo del grupo clandestino de la Policía conocido como el SIC 10. En el mapa destacan íconos que develan testimonios de vecinos del sector, relatando los recuerdos del miedo y las situaciones de violencia que vivían por entonces. “Lo que me acuerdo era que peleábamos y los policías nos maceteaban, nos pegaban, yo tengo incluso 6 puntos que el policía me dio mi toletazo, porque ahí andaban con esos toletes, me rompieron la cabeza y así chorreaba…”, es el testimonio de Dolores Mercedes Cruz, dirigente social histórica de la Casa del Obrero. Son 14 testimonios que se exponen en esta pantalla. Junto a la pantalla, luce en la pared blanca el poema A viva fuerza, de Euler Granda. Del otro lado, otra pantalla, en un bucle infinito, pasa videos de entrevistas a familiares, víctimas, abogados e involucrados de 5 casos, que están recogidos en el Museo Virtual de la Memoria. Sí, también hay un museo virtual (https://memorias.culturaypatrimonio.gob.ec/). Finalmente, en un pequeño cuarto junto al salón grande de exposiciones hay un intento por recrear lo que sería una oficina del SIC 10, con un escritorio, unas sillas, una máquina de escribir y unos archivadores donde el visitante podría acercarse a ojear las copias de los expedientes de los casos recogidos por la Comisión de la Verdad. En ese mismo cuarto, pero separado por un telón negro, una pequeña sala de cine, para unas 10 personas, donde se puede ver el video, de más de una hora, que recoge el informe. Y listo, terminó el Museo.
Pues sí, en básicamente un párrafo se puede resumir la visita del recientemente inaugurado Museo de la Memoria. La mediadora, con su buen carisma, intenta contextualizar, con el material que tiene a mano, y darle algo más de sentido al espacio. Todavía hay una pared vacía, donde se piensa aportar con más elementos, pero básicamente es eso lo que se ofrece. Vamos con algunos antecedentes.
El Museo de la Memoria nace de la Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, cuerpo legal que se publicó en el Registro Oficial en diciembre de 2013. En la disposición general segunda se manifiesta: “En el plazo de noventa días, el Ministerio rector en materia de cultura dará inicio a la creación del “Museo de la Memoria”, dedicado a documentar y conmemorar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el Ecuador”. Desde entonces han pasado 10 ministros y ministras de Cultura y Patrimonio, hasta la actualidad.
Para llegar a la Ley, previamente las víctimas y familiares impulsaron por años las demandas al Estado por justicia y reparación, lo que desembocó en la creación de la Comisión de la Verdad, en el año 2007. La investigación tomó en cuenta más de 600 testimonios de víctimas y familiares, documentación desclasificada del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y denuncias documentadas previas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). Se evidenciaron 118 casos de violaciones a los derechos humanos, de los cuales el 68% ocurrieron en el periodo presidencial socialcristiano de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988. Se señalan 459 personas responsables, de los cuales 49.6% corresponden a oficiales activos y pasivos de la Policía, 28.3% a miembros de las Fuerzas Armadas y un 10% a funcionarios públicos. Incluso, Elizabeth Muñoz, representante de la Mesa Nacional de Víctimas, menciona que este proceso es de más de 30 años de lucha, “no solo por el Museo de la Memoria, sino por transparentar lo que había sucedido en el Ecuador. Siempre en el imaginario colectivo se implantó la idea de que el Ecuador era una isla de paz, pero eso no fue así, sobre todo en las décadas de los ochenta y noventa donde se dieron graves violaciones a los derechos humanos”.
Un paso atrás. Previo a la promulgación de la Ley, la Defensoría del Pueblo fue una de las instancias que se involucró a fondo, y de acuerdo a Ivette Celi, museóloga y ex Subsecretaria de Memorial Social, quien en su momento realizó una consultoría para la Defensoría, la reparación a las víctimas contempla tres instancias: económica, administrativa y simbólica. En reuniones con las víctimas se acordó que, “como espacio simbólico, como un sitio de memoria, debía estar emplazado en el ex SIC-10”. Con esos diálogos y la consultoría se llegó al debate de la Ley, donde recuerda Celi, “a algún asambleísta se le ocurrió mocionar esa facultad al Ministerio de Cultura y le quitaron esa responsabilidad a la Defensoría del Pueblo”. Con ese cambio, la información de la Defensoría pasa al Ministerio de Cultura y Patrimonio, “donde incluso se presentó una propuesta y un primer levantamiento para ocupar el ex SIC-10”, comenta Celi, quien también recuerda que el Ministerio no utilizó la consultoría para nada.
Ahora sí, sigamos. Desde fines de 2013 hasta 2018 se evidencian algunas gestiones para cumplir con esta disposición. Por ejemplo, en febrero del 2015 el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) notifica al Ministerio del Interior la conformación de una comisión interinstitucional para la creación del Museo de la Memoria, en el Regimiento Quito No. 2. El MCyP solicita los planos del espacio. Para octubre de ese año el Ministerio del Interior emite un informe sobre los espacios de la planta baja con una extensión de 1015,65m2. Ese año finaliza con una notificación del MCyP sobre el diseño museológico y museográfico.
Casi un año después, en octubre de 2016 el MCyP solicita al Interior emitir la designación oficial y definitiva de la planta baja del ex Regimiento Quito No.2. Para mayo de 2017 se suscribe el convenio marco entre estos dos ministerios, donde de acuerdo a la nota publicada en la web del MCyP, “el Ministerio del Interior autoriza al Ministerio de Cultura y Patrimonio el uso gratuito de los siguientes espacios: planta baja para exposiciones permanentes y temporales, estacionamiento y bodega; subsuelo para museo de sitio; la segunda planta para área de archivos, biblioteca, vinculación comunitaria y administrativa, entregando las áreas asignadas en adecuado mantenimiento”. Este año llega a la Subsecretaría de Memoria Social Ivette Celi, y le da un nuevo impulso a este proceso, con estos antecedentes mencionados, pero recuerda que el Ministerio del Interior, con María Paula Romo a la cabeza, no dio pasó a la cesión del ex SIC – 10 y presentaron la justificación mencionando “que es un espacio estratégico para la seguridad del centro y no tenían una garantía de trasladarse a otro lugar o construir uno nuevo”. Celi menciona también que la intención fue otorgar el espacio del Museo de la Policía, ubicada en el sector de La Merced, en el centro de Quito, pero las víctimas se opusieron y finalmente la Policía también desiste de cualquier acuerdo. Celi concluye enfatizando que con “el giro del gobierno hacia la derecha evidente, el Estado echó tierra sobre un proyecto que por Ley era vinculante”, incluso luego dejan sin uso la consultoría que se contrata con Hernán Reyes, y para Celi la evidencia es el espacio actual, al cual califica de una chapucería para salir del problema: “la ministra de Cultura ha dicho es lo que puedo, es lo que yo puedo hacer, entonces tenemos funcionarios que hacen lo que pueden, y su poder es mediocre. Ese es el resultado”, cuestiona Celi.
Justamente, en octubre de 2018, el MCyP contrata la consultoría del sociólogo Hernán Reyes Aguinaga para la elaboración de los contenidos museológicos y museográficos. De acuerdo a lo señalado por Reyes, conformó un equipo de trabajo de 4 personas, entre museólogos y gestores culturales para trabajar los ejes museológicos, políticos y culturales. El punto de partida fue el acuerdo marco mencionado antes, con la cual Reyes y su equipo provocaron tres momentos. El primero para determinar los ejes conceptuales revisando la bibliografía existente, además de los cinco tomos extensos del Informe de la Comisión de la Verdad, varios trabajos e investigaciones, incluidas tesis. Además, realizaron una exploración en el tratamiento mediático y audiovisual que se dio al tema. Un segundo momento investigó sobre los movimientos sociales, las represiones que se dieron contra organizaciones y grupos sociales reprimidos en la Amazonía, o el grupo de Taura, entre otros casos. Allí fue importante el estudio del contexto político social y de la legitimación de los discursos de violencia. Para ello realizaron entrevistas a periodistas, a representantes de movimientos sociales, a políticos, analistas y personas identificadas con organizaciones de derechos humanos, con la Mesa Nacional de Víctimas. Y también se realizó un mapeo del sector aledaño al ex Regimiento Quito No. 2, a través de encuestas y entrevistas a vecinos y en hogares. Se identificaron las impresiones y percepciones de estas personas sobre el ex SIC-10. De aquí justamente salen los insumos para la pantalla interactiva que actualmente es parte del Museo de la Memoria. El tercer momento propone el diseño del modelo de gestión, tomando en cuenta aspectos educativos y pedagógicos, guías para la instalación museológica y museográfica. A finales de 2018 Hernán Reyes entrega los informes y productos finales. “Allí existe amplísima información de carácter conceptual, contextual y muy precisa de lo museográfico y museológico. Toda la consultaría siempre tuvo en mente la instalación del museo en el ex SIC-10”. Luego de ello, a decir de Reyes, los informes seguramente están archivados en el Ministerio.
Pasan dos años donde prácticamente no se mueve nada, por lo que, en agosto de 2020, varios familiares, víctimas e interesados presentan a la Corte Constitucional una acción de incumplimiento en contra del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Mientras el proceso sigue en la Corte, el Ministerio, conjuntamente con la Organización de Estados Iberoamericano, impulsan la creación de un Museo de la Memoria Virtual, para lo cual logra una asignación presupuestaria de $8 mil y se contrata a Pablo Escandón Montenegro para la implementación de la propuesta museográfica digital y expandida. En su momento las víctimas y familiares cuestionaron esta opción, pues no puede reemplazar al museo físico, por lo que finalmente se lo asumió como un complemento de lo que estaba pendiente. De acuerdo a lo manifestado por Escandón, se creó una docuweb inicial, ya que lo que está actualmente activo es una primera parte, porque la idea es mucho más completa, pero el presupuesto no avanzó. El trabajo de Escandón partió del Informe de la Comisión de la Verdad, y levantaron desde cero la propuesta gráfica, interactiva y realizaron entrevistas sobre 5 casos emblemáticos (Consuelo Benavides, Hermanos Restrepo, Susana Cajas, Diego Delgado y Gustavo Garzón). La propuesta de Escandón y su equipo fue con una perspectiva diferente, que vaya más allá de lo que está en el informe, procurando “evocar a las personas”, en el caso Restrepo, o desde “conocer el proceso”, en el caso de Consuelo Benavides. “Lo que buscamos fueron perspectivas distintas que vayan complementando a lo que está narrado en el Informe de la Comisión. Con ello tenemos un giro narrativo para acercarnos a lo emotivo y a las personas”, comenta Escandón, quien recalca que la versión web no sustituye al museo físico. Finalmente, también señala que nunca tuvieron acceso al material de las consultorías de Ivette Celi y de Hernán Reyes. Desde mayo de 2022 el sitio web de la memoria está activo.
Otro dato fundamental se da en marzo de 2022 cuando, en reunión entre la Subsecretaría de Memoria Social del MCyP y el Área de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se concluye la dificultad y los nudos críticos insalvables que imposibilitan hacer el museo en el ex Regimiento Quito No. 2. Nudos críticos que pasan por la necesidad estratégica de la Policía de contar con ese lugar para la seguridad del centro de Quito, y también un criterio de que no sería posible tener dos criterios narrativos en un mismo sitio, un Museo y un UVC funcionando en el mismo espacio.
La sentencia de la Corte Constitucional se publica el 15 de febrero de 2023 aceptando la acción y declarando el incumplimiento de la disposición segunda de la Ley de Víctimas. Además, hace un llamado de atención a todos los ministros y ministras que inobservaron la disposición y determina que el Ministerio de Cultura y Patrimonio instale, en el plazo de un año, desde la notificación de la sentencia, el Museo de la Memoria, en los términos que se emiten en la sentencia. Un año después, el Ministerio, sin mayor repercusión, abre el espacio, pero no en el ex Regimiento Quito No.2, sino en los bajos de su edificio, con múltiples cuestionamientos, sobre todo de las víctimas y familiares, quienes incluso, en algunos casos ni se han enterado de su instalación.
Elizabeth Muñoz, de la Mesa Nacional de Víctimas, y una de las personas que mayor impulso ha dado a las demandas por verdad, justicia y reparación, conversó con nosotros sobre todo este trajinar. Destaca que, frente a las demoras y largas para concretar el Museo, que es uno de los mecanismos de reparación que promueven y exigen, interpusieron la demanda ante la Corte Constitucional, evidenciando la poca voluntad política por concretar el espacio físico. “Nos acercamos a todos los ministros y ministras desde el 2014 para plantearles nuestra visión como víctimas y la importancia de crear una ciudadanía empoderada en sus derechos, a través del Museo de la Memoria”, asevera Muñoz. Es enfática en mencionar que siempre el lugar que se determinó para su instalación era el ex Regimiento Quito No.2, “No hay que olvidar que el ex SIC -10 se había identificado como uno de los sitios donde mayores casos de tortura existieron, donde se formaban torturadores, por ello, siempre contemplamos ese espacio emblemático y simbólico para el Museo de la Memoria”. También señala que en estos últimos años los acercamientos con ellas, como familiares y víctimas, ha sido escaso, con breves reuniones de socialización. “Después de la sentencia de la Corte Constitucional se anula toda posibilidad de nuestra participación. Se notifica el 10 de marzo del 2023 y hasta julio no tuvimos ninguna noticia, por lo que tuvimos que accionar contra el Ministerio para solicitar que nos tomen en cuenta. Recién el 15 de septiembre se da una primera reunión. Allí se acordaron mesas de trabajo periódicas para evidenciar los avances, pero no se concretó”, recuerda Muñoz, quedando clara la nula participación de las víctimas y familiares, incluso con la actual administración del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En marzo de este 2024 les convocaron y Muñoz pensó que les pedirían una prórroga para concretar el Museo, estando dispuesta a aceptar con el fin de tener algo bien hecho. En la reunión, se enteraron que el Museo ya estaba montado, pero nunca les tomaron en cuenta. “Ante las interrogantes que les formulé, la ministra me dijo de frente que ese es el Museo y es lo que se les puede dar, y punto”, recuerda Muñoz. Finalmente, hicieron evidentes las múltiples fallas y errores que tiene el actual sitio denominado Museo de la Memoria y como parte de la Mesa de Víctimas no pueden recibir ese sitio, ni como espacio en construcción.
En la misma línea, Hernán Reyes comenta que luego de realizar su consultoría, en 2018, no tuvo mayor contacto hasta hace unos pocos meses donde desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio le contacta una funcionaria para presentarle unas diapositivas del guion museográfico que instalarían. Reyes les señaló las múltiples fallas, errores y vacíos. Además, al conocer el actual sitio del Museo de la Memoria, Reyes le menciona a la funcionaria que “en la consultoría que presentó, las guías museografías, de gestión educativa y demás, era para un espacio tres veces mayor del actual y, además, era evidentemente el lugar donde se cometieron las más violentas y graves violaciones a los derechos humanos. Eso tiene un valor fundamental al ser el sitio que debe ser recordado y no se puede simplemente decir lo vamos a hacer en otro lugar porque es un edificio bonito o hay disponibilidad”. Cuando Reyes visita el montaje del museo manifiesta que “hay errores en los nombres de víctimas en el listado, salí con la impresión de que no da ni para una sala de exposición temporal. Sentí además que había un abordaje absolutamente sesgado o inadecuado del contexto sociopolítico. Por ejemplo, Febres Cordero asoma en una sola fotografía, desapercibida, siendo uno de los personajes centrales. No hay nada importante, nada significativo. Es una mascarada, una farsa solo para cumplir. Es algo que no se puede corregir”.
La experiencia de los museos y sitios de memoria es extensa en el mundo, y en nuestra región recogen esas necesidades de justicia y reparación de las víctimas y familiares, pero también entablan ese diálogo con la sociedad para reflexionar sobre las afectaciones que en determinados momentos los Estados pueden infringir sobre los ciudadanos en términos de derechos humanos. En ese sentido, Rubén Chababo, docente universitario argentino y ex director del Museo de la Memoria de Rosario, señala que “el ayer, siempre es un territorio en disputa, de debate, no hay verdades absolutas”. En ese sentido, los museos de memoria deben mirar al pasado, pero pensando en el presente, que ese Nunca más tenga sentido en los tiempos actuales. Preguntarse por qué pasó lo que pasó, y ver que ahora, o en el futuro, se pueden dar las condiciones para que cosas similares pasen. De hecho, Chababo mira en perspectiva el caso argentino, porque en su momento “se tenía una gran confianza en la memoria, y una gran confianza en que los museos de la memoria eran fronteras contra la barbarie. Hoy, la evidencia demuestra que los museos de la memoria no detendrán ninguna barbarie, ni tampoco garantizarán la perdurabilidad del recuerdo. Son intentos, son gestos”. La evidencia de los tiempos actuales, con los gobiernos de turno que pretenden borrar la memoria, son la muestra evidente. Por lo tanto, estos espacios no son lugares asépticos, ni tampoco deben convertirse en “lugares de consuelo”, donde los visitantes (turistas) entran, miran y salen sin inmutarse, sin que les provoque inquietudes o preguntas la experiencia que vivieron. Chababo también menciona que los “sitios del dolor” deben ser preservados, pero no siempre es posible conservar todo. “La comunidad, las víctimas, en acuerdo, eligen esos lugares (…), pero eso no es garantía de una transmisión exitosa. Es uno el que hace hablar a los sitios, es uno el que le pone un significado a ese sitio”. La transmisión de la narrativa es la clave para Chababo y por ello pone el énfasis en que “hay que construir un relato, no para los ya convencidos, no para los que ya conocen la historia, no para los que ya repudian los ataques a los derechos humanos, eso es sencillo, sino para aquellos para los que torturar puede llegar a no estar del todo mal, o para aquellos que las dictaduras y los regímenes autoritarios no representan ninguna sospecha”. Para el caos ecuatoriano, de acuerdo a la reflexión de Chababo, sería muy importante debatir el relato, y eso está pasando con el espacio actual, que está generando múltiples resistencias y rechazos, sobre todo de familiares y víctimas. Finalmente, el referente rosarino también señala como necesario pensar la gestión de los sitios y la institucionalización de estos espacios desde el Estado, porque sin esa voluntad y sin sus aportes económicos, es prácticamente imposible sostenerlos.
En esa misma línea, el investigador peruano Víctor Vich, quien en su momento participó en el equipo curatorial del Lugar de la Memoria (LUM), en Lima, destaca que el discurso de la memoria y el testimonio de las víctimas es decisivo para la historia del siglo XX. “En América Latina esto ha tenido un impacto fuerte, porque el testimonio de la víctima coincidía con sectores excluidos de la población, por lo que escuchar su relato ponía en cuestión la construcción de estos sitios”, menciona Vich. Además, destaca que estos lugares develan no solo las torturas, sino que develan las fallas estructurales de nuestros países, y develan las exclusiones históricas. Allí radica la importancia decisiva para registrar estos hechos y narrarlos desde el punto de vista de las víctimas. Víctor Vich plantea una reflexión sobre la reconstrucción de los espacios democráticos en los últimos treinta años en América Latina, sobre todo luego de la sucesión de las dictaduras y gobiernos autoritarios, “los espacios democráticos implican debate, disputas, posiciones diferentes. Y más allá de las posiciones oficiales de los países, hay otros relatos que esas instituciones no escuchan, no toman en cuenta o se niegan a tomar en cuenta”. Eso estaría sucediendo con el proceso del Museo de la Memoria en Ecuador, donde las voces de las víctimas y familiares no se han tomado en cuenta, y las mismas consultorías que financió el Ministerio han sido minimizadas o no tomadas en cuenta, en buena parte. Y la discusión sobre el sitio es fundamental, a decir de Vich, “es importante que los lugares de memoria estén en el sitio donde sucedieron los hechos, eso es lo que uno siente cuando entra a la ESMA, en Buenos Aires, o en los campos de concentración, en Alemania”. ¿Qué les dicen estos espacios de memoria al presente y al futuro?, le planteamos a Víctor Vich, esto nos comenta: “lo primero es que sin autocrítica no avanzamos a ningún lado. Los museos deben ser espacios para que todos reflexionen sobre su rol en esos hechos. En el caso peruano, ni Sendero Luminoso, ni el RMTA, no han hecho la autocrítica oportuna, más bien insisten en posiciones fundamentalistas. Pero tampoco han hecho la autocrítica las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, los partidos políticos que gobernaron en esa época. Más bien se insiste en el discurso de echar la culpa al otro, siempre encontrar al chivo expiatorio, encontrar al causante de todos los males en un solo autor. Por ello los museos lo que hacen es establecer responsabilidades, pero sobre todo fomentar una autocrítica ante todos los actores de un país. También va más allá de las discusiones ideológicas, no se puede pensar la historia sin escuchar las voces de las víctimas. Y también debe quedar claro que con las violencias no vamos a ningún lado, la violencia solo desata más violencia y ese camino es un error, por ello hay que apostar tercamente por construir sociedades que no tomen la opción de la violencia”. Puntualiza que los museos son procesos que no terminan, nunca terminan, y además son frágiles, su sostenibilidad y mantenimiento siempre dependerán de los gobiernos de turno y de los momentos históricos.
Con ello, el campo de debate que genera esta propuesta de Mueso de la Memoria para el caso ecuatoriano, podría llevarnos a preguntarnos sobre el nivel de autocrítica de los gobiernos, ministros y quienes toman decisiones, cuánta autocrítica han ejercido los partidos políticos que gobernaron y cómo estamos construyendo caminos alejados de las violencias en nuestra cotidianidad. El debate se mantiene, no se agota, y sin duda, hay que plantearlo.
