Uno de los problemas para el sector de las artes en Quito es “la falta de normativa clara de espacios culturales en cuanto al uso del suelo”, explica José Morales, Secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial. En julio se verán los resultados de mesas de trabajo intersectoriales que actualicen una normativa más acorde con el trabajo cultural. Mientras tanto, los gestores tienen que sacar varias licencias y sortear trámites varios para trabajar.
Por Luis Fernando Fonseca
En Quito, los organismos de control pueden interrumpir la actividad de artistas en los centros culturales. Las irrupciones –que pueden incluir multas y hasta clausuras– tienen diversos motivos y suelen resolverse con base en los permisos para actividades económicas por el uso de suelo que tienen los gestores en esos espacios.
En efecto, la LUAE (licencia metropolitana única para el ejercicio de las actividades económicas) no basta para que se reconozca que, por ejemplo, un sitio en que se realiza la presentación de un libro también puede acoger una fiesta. O que se vendan bebidas alcohólicas en el auditorio de un concierto.
Si el vigilante considera que un centro cultural es usado como discoteca, porque se celebra con música, se impondrán sanciones. Aunque la actividad que convocó a los asistentes sea la de comentar colectivamente una obra literaria o escuchar música en vivo.
En algunos sitios, como los llamados gastrobares o gastropubs, es común ver que los meseros condicionen a los clientes a consumir alimentos además de bebidas para evitar las irrupciones. Por ello, gestores y comerciantes han llegado al hartazgo. Y han protestado.
Trabajadores de El Zíngaro (en La Vicentina, al nororiente); Arte y Ritmo, Casa Palenque (La Tola, centro); El Cafecito y Django (La Mariscal, norte) consideran que la normativa los ha perjudicado a la hora de trabajar.
Una posible solución empezó a abordarse durante el primer debate –en el Concejo Metropolitano, el pasado viernes 11 de mayo– del Proyecto de Ordenanza que aprueba la actualización del Plan de Uso y Gestión de Suelo del Distrito Metropolitano de Quito (PUGS-DMQ).
La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial establecerá una categoría de actividades económicas que atienda las complejidades de los centros culturales. Se incluirán algunos lineamientos, pero no se trata de una solución definitiva, explica el titular de esa Secretaría, José Morales, que tiene experiencia en la materia, entre otras cosas, porque es arquitecto y músico.
Al responder esta entrevista, desde su oficina, el docente de urbanismo e historia con experiencia en administración pública advierte una primera distinción entre las actividades culturales y de entretenimiento.
Las restricciones han sido determinantes en el ejercicio de derechos para los trabajadores de la cultura, ¿qué expectativa hay de que se trabaje en mejores condiciones en Quito?
Lo que nosotros hemos hecho ahorita, con la aprobación del PUGS, es incluir al menos la actividad de centros culturales para abrir la puerta a un proceso de formalización, por llamarlo de alguna manera. Sin decir que haya informalidad.
Sin embargo, todavía es bastante el trabajo por hacer. No es suficiente con crear el uso, ahora tenemos que trabajar en las compatibilidades ya en detalle. También trabajar con otros entes de control y otras normativas nacionales.
El Municipio no es el único actor. Sobre las actividades de entretenimiento interviene la Intendencia, el Ministerio de Turismo, cada uno de ellos con una normativa y una visión o un enfoque diferente de cómo actuar. Eso complica mucho cuando la toma de decisiones sobre adónde debemos ir para solucionarlo.
Se entiende que esas entidades tengan enfoques diferentes. Pero ¿no basta una licencia, única y prioritaria para el sector a la hora de abarcar las actividades culturales?
La emisión de una sola LUAE es un tema que está sobre la mesa. Son cosas que tenemos que definir con los distintos actores, ver si legalmente es viable. La emisión de una o varias será el paso final, el proceso se iniciará con las mesas de trabajo intersectoriales.
Poder llegar a ese punto, yo diría que nos tomará al menos un par de meses. Es necesario tener acuerdos también con el nivel nacional. Que no se den de nuevo estas inseguridades jurídicas. No solucionaríamos nada si es que no tenemos todo eso cubierto.
En el Plan de gobierno del Alcalde Pabel Muñoz y en el Plan Metropolitano de Desarrollo y ordenamiento territorial (Pmdot) se ha vuelto a decir que el cultural es un sector prioritario, pero sucede que la normativa precariza aún más de trabajo de artistas. Por ejemplo, durante los conciertos…
Hay muchos prejuicios alrededor de lo que es o no cultural. Soy medio músico (NdR. bromea, es guitarrista y ha integrado algunas bandas), he tenido que vivir en carne propia que, cuando llega alguien de Intendencia, no se distingue un concierto de una fiesta. Y hay algunos otros temas que definir, es complejo.
Por ejemplo, la recaudación del SRI (Servicio de Rentas Internas) sobre las ventas de los bares. Incluso cuando se quiere hacer un concierto y cobrar entrada no se puede porque, en principio, deberían emitir un boleto, como se hace en un estadio. La cantidad de impuestos dificulta la posibilidad de pagar a los artistas, que deben ponerse de acuerdo con el dueño del sitio para ver cómo se quedan con una parte del cover y cosas así.
Eso es norma puramente nacional. Son todos estos detalles los que es necesario pulir y definir porque no existe una norma específica para el sector y se generan confusiones sobre todo desde los antes de control.
¿Qué otras entidades locales y nacionales estarán involucradas?
Tenemos previsto empezar ya las distintas reuniones, vamos a organizar unas mesas de trabajo tanto con los actores de control, por llamarlos así, y los actores normativos. En lo nacional, mínimamente tiene que estar el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
En lo local, estará la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Quito Turismo, las Administraciones zonales y la Secretaría de Cultura (SECU) que lidera, finalmente, el tema artístico. También se harán mesas de trabajo con actores, dueños, administradores, gestores culturales para ir construyendo conjuntamente una normativa y un procedimiento administrativo que les permita funcionar sin problemas, de una manera mucho más clara y segura.
También ocurre que, conciertos de aforo medio, con cobro de entrada, se hacen pasar por fiestas privadas para evitar controles y sanciones.
Exactamente, pero en esos casos hay otros líos como la convivencia. Hay que decir que no existen las zonas 100% residenciales, y no debe haberlas. Pero se puede entender que hay familias con bebés o personas de la tercera edad que verán un problema en tener fiestas todas las semanas. Entonces eso también hay que definir: cómo manejamos los horarios o cómo manejamos la norma para que se insonorice.
Eso está definido para bares o discotecas. Pero los centros culturales, y lo mismo pasa con los gastrobares, no tienen ninguna forma de insonorización y se suma la manera, las necesidades actuales para hacer un concierto. Hace unos 15 años era necesario tener un sistema complejo para poder hacerlo, con todos los instrumentos, amplificadores del sistema PA (Public adress system), todo que era difícil tenerlo en cualquier sitio. Desde hace algunos años realmente se simplificó. Con dos parlantes, una compu y un guitarrista con micrófono ahora ya se hace un evento.
¿Ha sentido una incomprensión de lo que significa el trabajo cultural entre los Concejales?
Sinceramente, no he tenido muchas conversaciones con concejales sobre el tema más allá de cosas puntuales, como lo que pasó con un centro cultural recientemente (Ndr. El Zíngaro fue clausurado por presunta falta de permisos y sus trabajadores hicieron una campaña en redes).
Dialogamos con los gestores de El Zíngaro, nos invitaron a su conversatorio, también estuvo la Secretaria de Cultura, la historiadora Valeria Coronel. El lugar está funcionando con LUAE y pudimos conocer información valiosa al hablar con ellos, como las varias licencias que actualmente tienen que sacar estos espacios para poder funcionar.
No podría dar fe de si existe una incomprensión en el Concejo, diría que en líneas generales en la sociedad ecuatoriana existe una incomprensión sobre el tema cultural, incluso muchas veces unos gestores culturales también tienen unas visiones que no coinciden con la de otros gestores. Pero es normal.
Lo cultural, a diferencia de lo que se suele pensar, no es una cosa estática, tradicional. Cuando se la entiende como un tema folclórico es justamente la cultura que no funciona. Se está construyendo permanentemente, por lo tanto, también hay que tener la capacidad de evolucionar la manera en que el Municipio y el Estado reaccionan y generan seguridad jurídica y facilidades para que estas actividades se puedan dar de la mejor manera.
Desde la Silla vacía (Sesión extraordinario 061 del Concejo Metropolitano), Enrique Aguayo planteó que se garanticen «diez metros cuadrados de espacio, infraestructura y equipamientos culturales» para cada ciudadano dentro de la reforma del Plan de Uso y gestión del suelo (PUGS). ¿Qué tratamiento se le dará a esa propuesta?
Lo que decidimos fue incluirlo en otro plan. Cuando se hace cesión de suelo para urbanización, por ejemplo, lo que normalmente se pide son espacios verdes y equipamiento (deportivo); hemos puesto que dentro de esa cesión de equipamiento se incluya el cultural, como entrada. Hasta ahí puede llegar al plan de gestión de suelo.
Sin embargo, y esto lo habíamos propuesto al ciudadano (Aguayo) en un taller que tuvimos con él, vamos a trabajar hasta fin de año en el plan maestro de espacio público. Los parámetros e indicadores para poder medir esta provisión equitativa de servicios culturales, le replanteamos, estarán dentro de este último, no del PUGS.
En el Municipio persisten situaciones que van más allá de la Ordenanza, como la cantidad de funcionarios que tiene en campo, por ejemplo, la AMC (Agencia Metropolitana de Control) para vigilar el uso de suelo y la persona sola que gestiona la contratación pública de artistas en la SECU…
La solución es tener una norma clara, no solamente en ordenanza, sino en general. El paquete normativo es de varias escalas, pero lo que también es importante desarrollar –y es una de las razones por las que nosotros estamos convocando estas reuniones con los entes de control– es que hay que tener protocolos súper claros.
Estos protocolos tienen que ser diferenciados en función de la actividad. No se puede hacer un acto de control de la misma manera en una discoteca que en un centro tolerancia o un centro cultural. No debe ser el mismo mecanismo porque incluso los permisos y los enfoques son diferentes. Eso justamente es lo que tenemos que tener bien armado porque no sirve de nada que se genere la posibilidad de tener una LUAE y, después, seguir clausurando a quienes la tienen si están trabajando en la cultura.
