La patente, un impuesto que genera alerta entre los trabajadores de la cultura que desconocen del pago de este tributo.
Por Ana María Crespo*/@laana_mary
Si ejerces una actividad económica en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) —y también en otras provincias del país—, tienes la obligación de pagar una patente municipal. En el caso de la capital, este rubro se cobra desde el año 2009.
Por otro lado, los montos de pago son anuales y se definen de acuerdo a una base imponible que ha sido determinada por el Servicio de Rentas Internas.
En términos más sencillos y de cara al sector cultural, que es nuestro foco de interés, si eres un trabajador de la cultura, persona natural, con RUC activo, que reside en el DMQ, y no has pagado tu patente municipal, esta información será de utilidad.
Porque, aunque algunos lo denominen como una suerte de impuesto fantasma, en estos asuntos lo aconsejable es ser claro: desconocer la normativa no te exime de cumplirla.
Al borde de la coactiva
Le llaman impuesto fantasma porque la notificación de la deuda aparece de improvisto y asusta. Al menos así le ocurrió a Noemí Laínez, artista independiente con veinte años de trayectoria. En el mes de septiembre, ella recibió el documento que le daba diez días de plazo para presentar una declaración sustitutiva o caso contrario, entrará en juicio por coactiva.
Antes de narrar lo que viene a continuación, es importante decir que Laínez estaba al tanto de su responsabilidad, y que desde que ejerció actividades comerciales realizaba el pago de la patente cada año.
Ahora bien, su caso tiene particularidades, y se complicó a raíz de un contrato con el Consejo Provincial para dar unos talleres de Formador de Formadores para los jóvenes. Para brindar este servicio, era necesario que facturara, por lo que modificó su RUC para que funcione con servicios profesionales —ella es licenciada en teatro —. Sin embargo, tuvo que agregar un par de actividades aclaratorias para que calzara con lo que la entidad contratante le exigía.
Al día de hoy, su deuda asciende a USD 545. Pasó de pagar USD 40 anual a un monto superior, debido a que cada actividad extra que una persona natural o jurídica tenga en su RUC generará un valor por concepto de patente. En el caso de Laínez la acumulación de actividades hizo crecer el monto de pago anual.
“Pago por tres actividades: como servicios profesionales el municipio tiene una base imponible de USD 8,000 para lo cual pagaría USD 80 porque se cancela el 1%; la producción de obras de teatro representan otros USD 80 dólares y los talleres no formales de juegos y deportes USD 60”, explica Laínez.
Su historia no es la única, Sara Albán, quien trabaja como actriz y presta sus servicios profesionales en una universidad, también tiene una deuda. Un valor considerable pues supera los USD 1000, cifra que corresponde a la patente desde el año 2017. Albán también debe presentar una declaración sustitutiva, ya que los montos que pago en ese año y lo siguientes, no correspondía al valor definido por la autoridad.
Esto nos lleva a otra situación que Laínez ha sabido explicarla con claridad: “Si eres profesional, (eso también me acabo de enterar porque antes podías tener una sola actividad), y tienes servicios profesionales en tu RUC debes agregar una actividad aclaratoria para que digas en qué en qué trabajas. Entonces, terminas teniendo dos actividades”.
El valor que Albán declaró en 2017 fue de USD 10, cuando debió pagar USD 160, pues como se puede ver en la imagen anterior, en su RUC consta la actividad de “Servicios profesionales”, más una actividad aclaratoria que dentro de la patente se ubica en la categoría de “Actividades de artistas individuales como escritores, directores, músicos, conferencistas, u oradores, escenógrafos, etc…”.
En efecto, por cada una de estas actividades registradas el pago anual será de USD 80.
Convenios de pago y reformas a futuro
Hay facilidades de pago, explica Viviana Panchi, directora jurídica de la Secretaría de Cultura de Quito, a propósito de estos casos en los que no resulta posible pagar la deuda en su totalidad. El municipio les permite a los artistas —trabajadores de otras ramas— en mora firmar un convenio de pago para pagar mes a mes su deuda.
Lo que no resulta posible es condonar la deuda ni tampoco exonerar de este valor a quienes ya han sido notificados. Sin embargo, sí se aplican exoneraciones, pero las que están definidas por la ley[1].
Además, existen reducciones para personas de la tercera edad (50 % de descuento) y para personas jurídicas y naturales obligadas a llevar contabilidad que demuestren pérdidas en su ejercicio económico: utilidades por debajo del 50 % en relación a los tres últimos años de labores. A estos últimos el impuesto se le deducirá a una tercera parte.
Otro dato importante que comenta Panchi es que hay beneficios durante los tres primeros años para quien empieza su actividad económica en el DMQ. En el primero, no se pagará por la patente; el siguiente, se pagará solo el 50 % del valor y en el tercero, un 30 % del monto designado.
Entonces, ¿por qué hay tantas personas que se sienten afectadas por el pago de este tributo?
Podríamos decir que, por desinformación, porque quizás hace falta reforzar las campañas de socialización sobre la patente. Aquí, por ejemplo, valdría la pena que el SRI trabaje de la mano con los municipios y se informe a los usuarios de la responsabilidad del pago anual de la patente una vez que activado su RUC. Son instancias que actúan de forma independiente, pero no vendría mal otros medios para evitar problemas posteriores con los usuarios.
En el otro lado está el tema de las bases imponibles en el DMQ, que para un profesional graduado en una carrera en artes representa un monto que no siempre se puede cubrir con facilidad[2].
“Se puede hacer una deducción para el sector cultural, lo cual se podría conseguir a través de la expedición de una ordenanza”, dice Panchi.
Pero de inmediato aclara que esto debe ser aprobado por el Consejo Municipal. Así mismo, nos explica que para solicitar esta reducción se debería hacer un estudio del impacto presupuestario. En ese sentido, es necesario contar con una fuente de financiamiento para compensar los ingresos que el municipio dejaría de percibir.
Es importante detenerse un poco y entender que, aunque el pago de la patente genera malestar, el dinero tiene distintos usos dentro del presupuesto del Municipio de Quito. Para darnos un ejemplo, Viviana Panchi comenta que el 10 % de lo recibido por concepto de patentes se distribuye de la siguiente forma: un 25 % para Quito Solidario, 25 % para infraestructura hospitalaria del DMQ y el 50 % restante se dirige a un fondo para mejorar infraestructura y atención de emergencias, así como para mitigar riesgos en el DMQ. Este fondo es acumulativo y reposa en una cuenta del Banco Central, agrega Panchi.
Una reducción para el sector cultural sería una medida de apoyo para los trabajadores que no tienen estabilidad laboral. Así también, que los canales para que los convenios de pago sean efectivos, funcionen sin novedades y que los artistas al borde de la coactiva tengan medios para resolver sus asuntos pendientes con calma.
Notas al pie
[1] Artesanos calificados por la Junta Nacional del Artesano, entidades con carácter social, empresas multinacionales y de economía mixta, con el porcentaje de propiedad pública y personas naturales y jurídicas con porcentaje de actividad agropecuaria. Esta información consta en el artículo 35 del Código Tributario y el artículo 554 del COOTAD.
[2] Como revisamos en el caso de Sara Albán, al abrir un RUC por servicios profesionales es necesario tener una actividad aclaratoria que especifique el campo de trabajo, lo cual dará como resultado el pago de dos montos de patente municipal por USD 80 cada uno, respectivamente.
*Ana María Crespo (1990). Editora, ciclista y lectora amateur en el sentido etimológico. Colaboradora del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura.
*Las opiniones expresadas en este texto son de exclusiva responsabilidad de su autora y no representan la posición del Observatorio
