Por Pablo Cardoso y Mario Maquilón
El año que cierra el primer cuarto de siglo puede verse como un parteaguas en la reciente política cultural ecuatoriana debido a la desaparición del Ministerio de Cultura y Patrimonio, entidad que inauguró sus funciones en el año 2007 y que clausuró su vida institucional el 24 de julio de 2025. Menos de dos décadas duró la ilusión de tener una dependencia de alto rango en el organigrama gubernamental; sí, la ilusión, porque en la práctica la priorización de la cultura como elemento vital de la agenda estatal para el bienestar común nunca se concretó.
Las alertas sobre el rol marginal que otorga el presidente Daniel Noboa a la cultura comenzaron un poco más de un año antes de la fusión de la cartera de cultura con la de la educación, mezcla a la que se suma la de deportes. En octubre 2024, el presidente vetó totalmente la tentativa de reforma a la Ley de Cultura -iniciativa que era una colcha de retazos impulsada por varios sectores, principalmente desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) y que al final incluyó también una metida de mano del propio Ministerio de Cultura- que buscaba establecer algunas válvulas de escape a problemas puntuales de algunas de las principales instituciones culturales del país.
Con este antecedente, desde el entonces Ministerio de Cultura se activaron varias acciones que pretendían maquillar esta derrota interna dentro del gabinete y externa frente al sector cultural, que no entendía cómo una ley parcialmente impulsada dentro del mismo gobierno era rechazada tajantemente por la primera autoridad del Estado luego de la aprobación por su propia bancada en la Asamblea Nacional. La principal respuesta a esta derrota fue la aprobación de la Política Nacional de Fomento a las Industrias Creativas en diciembre 2024, sumada a la Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y el Acceso al Libro en Ecuador, promulgada en junio del mismo año. Desde el órgano rector de la cultura la apuesta fue minimizar la oportunidad perdida de reformar la ley y presentar sus dos políticas públicas a manera de cambalache normativo.
La Política de Fomento a las Industrias Culturales, que fue realizada con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que sigue la tipología de las políticas naranja, muy populares en el continente desde hace al menos una década – ya anteriormente recogidas en el Plan Ecuador Creativo (2019)-, propone 5 líneas de acción: 1) espacios culturales para el desarrollo; 2) desarrollo económico y sostenibilidad; 3) formación cultural y creativa; 4) protección y promoción de la diversidad cultural; y 5) gobernanza y gestión cultural responsable. Esta política se proyecta sobre la base de un presupuesto plurianual de 143.6 millones de dólares hasta 2035. Además de los ejes antes detallados, el documento también incluye el proceso de construcción de la política, un diagnóstico sobre industrias culturales y creativas en Ecuador, y una identificación de problemáticas y oportunidades, entre otros puntos.
En uno de sus ejes principales, la política busca apalancar la inversión en cultura desde sector privado. Notablemente, a través de la icónica política del incentivo tributario del 150% por patrocinio cultural, cuyos resultados constituyen uno de los mayores orgullos de la gestión de la exministra, hoy viceministra, Romina Muñoz. En el informe de rendición de cuentas 2024, el entonces Ministerio precisó una tasa de 28.32% de efectividad, es decir que ese fue el porcentaje de propuestas calificadas que recibieron el financiamiento privado. En ese mismo año, se reportó un total de 15 millones de patrocinio y un incremento del 96% de la participación de empresas privadas respecto de 2023. Para el 2025 se asignó un cupo inicial para la emisión de certificaciones de USD 10 millones, que en septiembre se amplió a USD 6 millones adicionales.
Los resultados para 2025 nos plantean un notable aumento en la eficiencia de calificación: 86% de las propuestas que solicitaron aval lo recibieron, llegando a 535 calificadas. Sin embargo, solo el 27,90% recibió el financiamiento esperado. De cualquier manera, este porcentaje suma USD 16,5 millones de dólares otorgado a artistas o gestores durante el 2025 (monto superior a los presupuestos en 2024 del ex Ministerio de Cultura o de la Casa de la Cultura Ecuatoriana).
Tabla 1. Propuestas recibidas y financiamiento privado otorgado por la política del 150% de deducibilidad por patrocinio de propuestas artísticas y culturales
| Detalle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (29-12) | Total |
| Propuestas que solicitaron aval/calificación | 142 | 342 | 529 | 752 | 625 | 2390 |
| Propuestas avaladas/calificadas | 68 | 200 | 324 | 511 | 535 | 1638 |
| % de propuestas calificadas | 48% | 58% | 61% | 68% | 86% | 69% |
| Monto USD esperado en las propuestas avaladas/calificadas | $2.181.489 | $21.404.275 | $11.818.683 | $54.760.981 | $59.276.162 | $149.441.590,24 |
| Monto USD total patrocinado (otorgado a los artistas o gestores) | $14.098 | $5.134.281 | $3.152.715 | $15.506.874 | $16.537.458 | $ 40.345.425,53 |
| % de propuestas financiadas | 0,65% | 23,99% | 26,68% | 28,32% | 27,90% | 27,00% |
Fuente: Viceministerio de Cultura y Patrimonio (2025)
El estudio sobre las dinámicas del financiamiento -orígenes y destinos, tipos de actividades, concentraciones geográficas- constituye un imperativo para la consolidación de esta herramienta, sobre todo con el objetivo de detectar y corregir los desequilibrios existentes en el financiamiento de cierto tipo de propuestas artísticas. En este sentido, de manera general, preocupa la desactualización de las estadísticas y el posible debilitamiento del Sistema Integral de Información Cultural (SIIC), cuyos datos presentan ya un rezago considerable (por ejemplo, los de las Cuentas Satélite de Cultura), y del cual no se espera un pronto restablecimiento con la reducción de capacidades operativas que implicó la fusión ministerial. En efecto, en el organigrama del novel viceministerio de Cultura ya no figura la Dirección de Información del Sistema Nacional de Cultura, que sí constaba en la estructura precedente.
Basta un vistazo al nuevo esquema del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura para observar las asimetrías entre las áreas a su cargo y la representación minoritaria que tiene la cultura. Mientras que el ámbito educativo concentra 27 unidades administrativas (y dos de los cinco viceministerios), educación superior cuenta con 18 y deporte con 15. Por su parte, el Viceministerio de Cultura dispone apenas de 9, lo que evidencia una brecha significativa en dimensiones institucionales. Si bien esta menor dotación podría responder a un esfuerzo por simplificar estructuras y reducir cargas burocráticas, también plantea el riesgo de una cobertura insuficiente frente a la complejidad propia de la administración pública cultural y de un sector que articula funciones patrimoniales, creativas, productivas y de memoria social.
Cara y cruz: la fusión que eclipsó la desfusión
A mediados de año una importante acción se concretó: la restitución de los institutos de fomento, que habían sido tramposamente fusionados en 2020 para crear el Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación (IFCI). En las postrimerías del trunco mandato del banquero Guillermo Lasso en julio 2023, una de sus últimas acciones fue decretar la restitución del Instituto de Fomento a las Artes y a la Creatividad (IFAIC) y del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA). Sin embargo, sería tras dos años de mandato del actual gobierno que la acción se materializaría en julio 2025.
Mediante estos institutos, las líneas de fomento al arte y la cultura a través de la asignación de financiamiento no reembolsable vía concurso público han sido la indiscutible estrategia pública para la cultura, predominante desde hace dos décadas. Esta política, a pesar un cierto desorden provocado por los cambios de priorización en los diferentes momentos políticos y de estar sometida permanentemente a críticas y descontentos por parte de sus usuarios, se ha vuelto necesaria para un gran número de trabajadores de la cultura, quienes depositan año tras año en esta herramienta la esperanza para llevar a cabo sus proyectos.
El presente año se caracterizó también por el cambio de cabezas: primero en el IFCI con la cesación intempestiva de Jorge Carrillo y el encargo a Jonathan Cárdenas y su continuidad a la cabeza del IFAIC tras la desfusión; y luego con el nombramiento a Rafael Barriga como director ejecutivo encargado del ICCA. Ambas instituciones siguen esperando la designación de directores/as ejecutivos/as titulares vía concurso público, respecto de lo cual aún no se conoce un cronograma.
En líneas generales, la separación de los institutos estaba orientada a restablecer el orden institucional previsto en la Ley de Cultura y permitía mantener una perspectiva optimista respecto al desarrollo de las líneas de fomento, las cuales han experimentado un crecimiento sin precedentes en el Ecuador. Entre el 2024 y 2025, en los dos años del periodo del presidente Noboa, las entregas de fondos de fomento han crecido en 65%, con relación al 2022 y 2023, logrando una inversión artística y cultural por 8.9 millones de dólares, entregados hasta el 17 de diciembre de 2025, para el desarrollo de 889 proyectos. Si bien esta inyección de recursos posibilita un alcance a más sectores de la cultura, también es importante cuestionarse sobre la sostenibilidad del Fondo de Fomento a las Artes y la Creatividad del cual provienen este dinero, aspecto sobre el cual no se ha discutido a cabalidad, y que ahora con la restitución de los dos institutos debe más que nunca transparentarse.
También resulta importante mencionar que, en julio de 2025, tras dos concursos fallidos, encargos que sumaban casi 5 años, y mucha agua que corrió bajo el puente, se designó a la arquitecta Amanda Braun como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
Sin embargo, estas acciones que planteaban una reparación sobre la institucionalidad ecuatoriana para la cultura se vieron opacadas con el baldazo de agua fría -incluso para sus mismos funcionarios y altas autoridades- que supuso el anuncio de fusión ministerial. Este fue un golpe de gracia a una de las conquistas máximas del sector cultural ecuatoriano, más allá de los intentos oficialistas de minimizar la pérdida y de cuestionar –ex post– la efectividad de esta cartera de Estado, añorando, además -de forma un tanto maniquea- el rol del Banco Central del Ecuador sobre la cultura en último cuarto de siglo XX.
De ninguna manera es aceptable que desde el oficialismo se tienda a justificar la fusión por la grave situación económica que vive el país y la consecuente “racionalización” del gasto público que han estado aplicando selectivamente (revísese el monto entregado por bonos electorales en los recientes procesos electorales por parte del gobierno). La acción no solo significa un retroceso de dos décadas a un punto en que la cultura se subordinaba a las gigantescas responsabilidades de la cartera de educación básica, sino que ahora se suman las de educación superior y deportes: un monstruo de 4 cabezas, unas más grandes y fieras que otras.
En una entrevista otorgada por la viceministra Muñoz a Diario La Hora defendió la fusión ministerial como una optimización y agrupación administrativa de funciones. Sin embargo, debe considerarse que, a finales de noviembre de 2025, el Ministerio de Educación había ejecutado apenas el 53% de su presupuesto asignado. Justamente este es un grave riesgo que corren los presupuestos asignados para la cultura y para el cumplimiento de sus políticas públicas: verse difuminados y perjudicados antes los históricos problemas de ejecución presupuestaria de Ministerio de Educación. Queda pendiente evaluar la articulación entre las dependencias de cultura y educación y si esta “agrupación” de funciones menoscabará la operatividad viceministerial. Por ahora no ha existido una comunicación clara sobre la reducción de personal, la reorganización de equipos o la priorización de presupuestos de este viceministerio.
Fuego cruzado dentro del Sistema Nacional de Cultura
Los socavamientos de la institucionalidad de la cultura en el país se complementan con las pugnas que derivan del ADN político oficialista, de la confrontación/desacreditación a los rivales políticos del régimen y de la cooptación de instituciones del Estado. En 2025 la estrategia era clara en el marco de las elecciones de autoridades provinciales y nacionales de la Casa de la Cultura en el cual Fernando Cerón, declarado militante de izquierda y próximo al movimiento indígena ecuatoriano, buscaba su reelección.
El proceso no estuvo exento de exabruptos, con acciones de protección y suspensiones de por medio. Sin embargo, el principal fue el protagonizado por la entonces todavía ministra de Cultura en la junta plenaria de directores electos, al buscar -sin éxito- dejar sin quórum la elección al aducir irregularidades procedimentales en la junta plenaria y tras no haber logrado los apoyos necesarios para el candidato que respaldaban. El proceso finalizó con la reelección para Cerón en la presidencia de la Sede Nacional, la reelección de 13 núcleos provinciales y la designación de nuevas autoridades en 11 provincias. En el discurso oficial del gobierno, sigue sin reconocerse la legitimidad del proceso y se mantiene la postura de que “la Casa está tomada”. El conteo de votos deja una institución dividida y polarizada: 15 para Fernando Cerón y 11 para Juan Merino, el cual se convirtió en el candidato del oficialismo en detrimento de Fidel Intriago, a quien se le había ofrecido inicialmente el apoyo desde el exministerio.
Por otro lado, las pugnas también se han podido evidenciar a nivel de gobierno nacional y de gobiernos seccionales en el ámbito de las compras públicas para la cultura. Ha sido un secreto a voces que desde mitad de año 2025 el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP venía “dando de baja” a múltiples procesos de contratación de bienes y servicios culturales de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), y sí, en especial a los municipios grandes cuyos alcaldes pertenecen a la oposición política del régimen. De este modo, en medio de un vaivén legislativo sobre las compras públicas, varios eventos culturales emblemáticos como la Feria del Libro en Cuenca, el Verano de las Artes en Quito, el Festival de Arte al Aire Libre en Guayaquil, además de las festividades de fundación o independencia de las tres ciudades principales del país, fueron afectados por el impasse existente entre el SERCOP y las unidades municipales de cultura.
Estos enfrentamientos entre instancias gubernamentales se suman a la ya limitada articulación institucional que arrastra el Sistema Nacional de Cultura desde años anteriores. Lejos de constituirse como un espacio efectivo de coordinación multinivel, el sistema ha operado de manera fragmentada, con escasos mecanismos de acompañamiento técnico. En este sentido, las encuestas de capacidades para la gestión cultural de los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizadas por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura evidencian esta debilidad estructural: en 2023, el 75 % de los municipios encuestados manifestó no haber recibido lineamientos por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, mientras que en 2024 la totalidad de las prefecturas consultadas reportó la misma ausencia de directrices, profundizando así las asimetrías en la implementación de la política cultural a nivel nacional. Esto evidencia que la existencia desde 2023 de una Política Pública de Cultura y Patrimonio para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no garantiza la efectiva coordinación y acción concertada entre entidades gubernamentales.
El cierre de 2025 presenta entonces un balance político-institucional negativo sobre la cultura en Ecuador. La desaparición del Ministerio de Cultura y Patrimonio y el archivo de la reforma a la Ley Orgánica de Cultura han sido golpes fuertes para el sector. Las pugnas, y por consecuente la desarticulación del Sistema Nacional de Cultura, ahondan la debilidad institucional y limitan la capacidad de acción colectiva sobre la cultura, sobre la cual incluso los gobiernos locales sortean con dificultad las posibilidades de mantener sus agendas tradicionales.
Finalmente, este aspecto es fundamental a la hora de analizar la que se ha convertido en prioridad número uno en materia de política cultural del gobierno: la construcción de una nueva sede del Museo Nacional (MUNA). Sobre esto, hay que ser claros, y en primer lugar mencionar que nadie podría oponerse a la concreción de esta inversión en infraestructura cultural en el país y que se convertirá sin duda en un hito en la historia del país. Sin embargo, será importante seguir con lupa su realización en el marco de un gobierno que ha sido cuestionado por no distinguir la agenda pública de la de sus intereses privados, que ha atentado a la institucionalidad de la cultura, y que inauguró un impresentable museo de la memoria en el subsuelo del exministerio. Tras la desaparición de dicha cartera de Estado, la construcción del MUNA se ha convertido en el principal leivmotif discursivo por parte de las autoridades de gobierno, relegando otras acciones que se perfilaban fundamentales, como la concreción de las políticas públicas o un nuevo intento para reformar la Ley de Cultura.
Perspectivas y pendientes para 2026
En el horizonte del año venidero está el proyecto de Ley de Cine y Audiovisual, que cuenta con la aprobación de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa para el primer debate en la Asamblea. Vale mencionar que la comisión decidió consolidar en esta iniciativa legislativa el proyecto de Ley de Economía Naranja y el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas, presentados previamente por otros asambleístas. Uno de los principales impulsores de este nuevo proyecto es Rafael Barriga, actual director encargado del ICCA.
Por otro lado, durante la sesión de la Asamblea Nacional en la que se archivó el proyecto reformatorio a la LOC, la asambleísta Elizabeth Orellana de la Revolución Ciudadana propuso que se generara un nuevo proceso para proponer cambios a dicha ley. ¿Participarían artistas y gestores de ese esfuerzo después de dos intentos fallidos en 3 años y en el marco de un gobierno que ha dinamitado la institucionalidad cultural? ¿Existirá siquiera la apertura para esa participación considerando los reclamos de escaso involucramiento social en las propuestas de reformas de octubre de 2024?
Con estas incógnitas legislativas se cierra un año 2025 marcado por la politización y la judicialización de la administración pública de la cultura, y por las pugnas que ello conlleva. La desarticulación y la mutilación de las instituciones culturales continúan afectando a miles de artistas y gestores, quienes además desarrollan sus oficios en medio de la peor crisis de inseguridad de la historia. Este 2025 también ha sido un año doloroso, en el que varios referentes artísticos —como el maestro de la danza Klever Viera, el escritor Edgar Allan García o el cineasta Pepe Yépez— murieron en total indefensión.
Finalmente, este Observatorio se mantiene expectante a otro giro institucional ante el cambio de autoridades en la Universidad de las Artes (UA), que se producirá este 1 de enero, y que significará la apertura de una nueva etapa para la institución. Tras cinco años de apoyo incondicional por parte del rector saliente el Dr. William Herrera -a quién aprovechamos para expresarle nuestro agradecimiento y dar la bienvenida al Dr. Saidel Brito, rector entrante de la UA- confiamos que este proyecto, que ha adquirido relevancia nacional e internacional —al coordinar la Red Internacional de Observatorios e Investigadores de Políticas y Economía de la Cultura—, continúe fortaleciéndose como un espacio crítico, participativo y constructivo, ampliando sus capacidades y consolidando su lugar y aporte para la universidad, el sector artístico y cultural y la comunidad en general.