Por Pablo Cardoso
Director del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes
Tras dos años de lucha colectiva y articulada por parte de varios gremios del audiovisual ecuatoriano, planteada a través de una demanda de anticonstitucionalidad al decreto ejecutivo 1039 del 20 de mayo de 2020 expedido en el gobierno del entonces primer mandatario Lenin Moreno, sería finalmente una fuerte arremetida de cabildeo desde la COPAE, Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, y de sectores afines a medios de comunicación privados, la que llevaría al escritorio del presidente Guillermo Lasso un decreto que anuló la fusión del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) con el Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC) y creó el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI) como único instituto de fomento a las artes y a la creatividad. Esta acción gubernamental, instaurada a menos de 6 meses del fin del gobierno y que fuera sellada hace unos meses en una visita de Lasso al emblemático cine quiteño Ocho y medio el día siguiente de su derrota electoral en la consulta popular de febrero 2023 – lugar al que volvió en efecto para firmar este decreto – establece la restitución de sendos institutos, generando un nuevo vaivén institucional en la corta -pero atolondrada- vida del Sistema Nacional de Cultura ecuatoriano.
En primera instancia, la restitución del ICCA debería ser una buena noticia para el sector audiovisual, y en general para el sector de la cultura, ya que da marcha atrás a la vulneración de los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Cultura de 2016, a cuyo ordenamiento se vuelve tras dos años perdidos para la construcción su institucionalidad. Sin embargo, es necesario establecer un análisis complejo respecto de las condiciones que sustentan esta restitución y sobre las perspectivas que se configuran para el sector audiovisual como signo y herencia política del gobierno de Lasso.
¿El costo presupuestario de la restitución? Ninguno aparentemente: el decreto ubica como al árbitro supremo del proceso al Ministerio de Economía y Finanzas. Las disposiciones generales del decreto -en una tonalidad equivalente a la de la de división de patrimonios, activos y pasivos de un divorcio- reparte de manera muy general las competencias y las responsabilidades de cada uno de los institutos, pero también divide recursos y personal y en ninguna sección menciona la asignación de recursos adicionales para la adecuada reorganización/potenciación de ambas instituciones. Una suerte de creación institucional a la dos por uno, al más fiel estilo del ajuste presupuestario de los gobiernos neoliberales comprometidos con toda política que signifique reducción del tamaño y de las capacidades del Estado.
Una accidentada institucionalidad
Quienes conocen las entrañas de la institucionalidad pública de la cultura del Ecuador saben que el segundo instituto de fomento – el mismo que ahora se ahora restituye-, el IFAIC, no tuvo una adecuada génesis: heredó pasivos institucionales del viejo Consejo Nacional de Cultura y nunca despuntó como una institución eficiente y depositaria de confianza de sus mandantes.
Por el contrario, el caso del cine parece bastante diferente, a pesar de que nunca estuvieron exentos de críticas, especialmente en lo relacionado al destino y concentración geográfica de los beneficiarios de fondos de fomento. El Consejo Nacional del Cine (CNCine) (2006-2016) y luego el ICCA (2016-2020) de alguna manera pudieron capitalizar los ingentes dineros invertidos por el Estado ecuatoriano en pleno periodo de boom petrolero. La institucionalidad del cine y el audiovisual ecuatoriano acompañó el florecimiento de una destacada etapa del cine nacional y el establecimiento de canales de diálogo con el que es el sector cultural más organizado del país, llevando también a cabo una genuina reflexión y un aprendizaje acumulado sobre cuáles eran las etapas y vías para el desarrollo del audiovisual nacional. Las líneas de fomento tuvieron una lógica y transitaron hacia un acompañamiento progresivo de las etapas de producción, exhibición y distribución del cine nacional, y de alguna manera también se dio cabida a pensar y sostener en la diversidad del audiovisual local.
Precisamente por ello, la desaparición del ICCA significó un doloroso sablazo para el sector audiovisual en pleno periodo de crisis pandémica. En un reciente taller organizado por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes, se manifestó que 48 obras de producción cinematográficas nacionales se encuentran actualmente detenidas a causa de la irregularidad y el retraso de más de un año en la apertura de fondos concursables para el fomento a la producción audiovisual. Y ni hablar de los bajos números de asistencia del público a los estrenos nacionales, en palabras de algunxs directores “el box office de cines nacionales ya ni preocupa, sólo se da por hecho que el público no vendrá”.
Justamente, este taller sirvió para propiciar un encuentro entre diversos actores involucrados en el desarrollo del audiovisual -cineastas guionistas y productores, exautoridades y representantes gremiales del sector, docentes-artistas investigadores- en lo que resultó una especie de válvula de escape de un malestar generalizado. Los últimos años sin duda no han sido buenos: la creación-producción no tienen condiciones para realizarse; los públicos responden menos que nunca al encuentro con las propuestas locales; la digitalización sigue siento un terreno aún desconocido que, si bien ha ampliado las posibilidades de producir y exhibir, de ninguna manera se presenta como una opción remunerativa viable para la mayoría.
Un nuevo escenario para el audiovisual ecuatoriano
En nuestra lectura, el sector audiovisual se enfrenta actualmente a una transición de un modelo de producción que en su momento estuvo, sin duda, bastante determinado por las posibilidades de fomento desde el Estado en tiempos de Boom petrolero hacia un nuevo modelo liberal-empresarial -inspirado en la ola de políticas naranja latinoamericana- que corresponde a la identidad ideológica del gobierno que fenecerá en algunos meses. Como herramienta de este modelo está la búsqueda de mecenazgos corporativos a partir de la promesa de exoneración tributaria: El 150% de reducción de impuesto a la renta por patrocinio a eventos culturales, la medida está vigente desde noviembre de 2021 y según los funcionarios a cargo en el Ministerio de Cultura se van concretando los primeros resultados.
En la misma línea, durante el mismo evento del 5 de julio en el Ocho y medio, el Presidente expidió el Reglamento a la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, a partir del cual se determina el funcionamiento de los ya famosos “Certificados de Inversión Audiovisual”, instrumento que en meses pasados provocó una oda a la inversión extranjera directa por la posible llegada de la gran producción internacional y, que también abrirá la puerta a beneficios tributarios para la producción audiovisual de grandes cadenas televisoras nacionales. Estos serían, en efecto, los verdaderos vectores de futuro para el desarrollo del sector audiovisual según los promotores de la iniciativa.
Por otro lado, el reglamento establece un nuevo espacio de coordinación gubernamental – ¿por fuera del Sistema Nacional de Cultura?-, el Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica (COSICA), cuya misión principal es administrar los Certificados de Inversión Audiovisual (CIA) que aparecen como la panacea para el audiovisual en este nuevo periodo, y que no son otra cosa que títulos de valor del Servicio de Rentas Internas (SRI) que reducen en 37% de los costos que se incurran en la producción audiovisual y que sean financiados por Inversión Extranjera Directa (IED). También, el reglamento mantiene abierta la puerta a las exoneraciones de aranceles para importación de equipo tecnológico y parece tratar de establecer puentes desde el audiovisual con otros sectores productivos, en un enfoque propio de las economías creativas.
Como no podía ser de otra manera, el reglamento también propicia la inversión para productoras extranjeras en todos los ámbitos, explicitándose el de la publicidad. Y también se enfoca en permitir que cierta producción audiovisual de las televisoras privadas nacionales sea beneficiada, con un texto muy preciso y detallado sobre las posibilidades para beneficiarse del Certificado en caso de coproducciones con el extranjero. La vigencia del reglamento es inmediata, y su efectivización dependerá de la rapidez con la que se implemente lo establecido y se elabore la normativa secundaria correspondiente.
El rompecabezas de la reinstitucionalización
En otro andarivel estaría en cambio la reinstitucionalización del ICCA, en un horizonte no menor a 6 meses. Todo estaría por jugarse entonces en el siguiente periodo gubernamental, lo cual implica que el vaivén institucional de la cultura podría estar lejos de terminar. Algunos aspectos, que derivan de una lectura atenta del decreto emitido por Lasso, nos generan curiosidad: ¿Qué resolverá el Ministerio de Economía con relación a una referida “racionalización” de los trabajadores de las instituciones fomento? ¿Se instalará en IFAIC en Guayaquil tal como lo mandata el Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura y lo refiere también el decreto? ¿Cuándo se llamarán a los concursos para designación de los directores ejecutivos de sendos institutos?
Mientras estas preguntas quedan suspendidas en el aire, existe preocupación en algunos sectores de campo audiovisual respecto del enfoque y la correspondencia de este proceso con las diversas necesidades del área. Tania Hermida, cineasta cuencana, en declaraciones para diario El Universo, manifestó su inquietud por las palabras del presidente Lasso que calificaban al ICCA como un instituto de formación académica y no como uno de fomento, evidenciando con ello importantes deficiencias en la percepción y entendimiento de las autoridades respecto de las instituciones culturales. Naturalmente, estas disonancias tienen repercusiones negativas para la planificación y consolidación del Sistema Nacional de Cultura. Hermida también hizo hincapié en que esta reinstitucionalización debe estar acompañada de la correspondiente voluntad política que garantice los recursos financieros y humanos para el óptimo funcionamiento del ICCA. Algo que la cineasta considera que no está ocurriendo.
Los meses venideros, y, sobre todo, el gobierno entrante en diciembre de 2023, revelarán los resquicios de una restitución que parece haberse llevado al cabo entre las prisas de fin de periodo y muchas incertidumbres sobre su posterior operatividad y funcionalidad. De igual manera, sucederá con los Fondos de Fomento lanzados tardíamente por el IFCI, curiosamente días después de que se condenará su desintegración.
El Observatorio de Política y Economía de la Cultura pondrá una vez más el ojo a la cultura en esta segunda vida del Instituto de Cine y Creación Audiovisual.
