En el transcurso de esta semana se discutirá en el pleno de la Asamblea Nacional el segundo debate que definirá la aprobación de la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual. Este proyecto de ley, remitido por el Ejecutivo, con calificación de carácter económico urgente, tiene como objetivo establecer un marco normativo para fomentar la atracción de inversiones a través del desarrollo de la infraestructura digital de las instituciones públicas, del sector privado y de la sociedad en general
Por Cristian Alvarado*
Junto a la propuesta de modernización digital del sistema público y privado, se propone determinar las actividades del sector audiovisual como “sector de interés nacional”. La dirección de este nuevo cuerpo legal trata de atraer inversiones y dinamizar la economía por medio del estímulo de la participación de la producción audiovisual nacional en “el mercado internacional de la producción audiovisual”, afirma el documento.
Con tal propósito, la propuesta de ley plantea seis artículos específicos que buscan incentivar y regular la producción audiovisual en el país: El Régimen especial de exoneración para la importación de bienes de capitales destinados a la producción audiovisual; Exoneraciones al Impuesto a la Salida de Divisas, al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto a la Renta en pagos al exterior; y la creación del Certificado de Producción Audiovisual.
Observaciones al Proyecto de Ley
El 10 de diciembre se realizó el primer debate del proyecto de Ley en la Asamblea Nacional, en el que se pudieron escuchar diferentes observaciones desde actores culturales del gremio de productores audiovisuales, asambleístas, ministros, entre otras voces especializadas. En lo que respecta a los incentivos al sector audiovisual, sumado a las exoneraciones tributarias mencionadas, se solicitó por parte de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (COPAE), la adición del artículo 12, referido al Certificado de Producción Audiovisual, el mismo que otorgará, a manera de crédito tributario, “una contraprestación equivalente al cuarenta (40%) del valor de inversión y gastos efectivamente realizados por concepto de servicios cinematográficos contratados con sociedades ecuatorianas de servicios cinematográficos y al veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en hotelería, alimentación y transporte”, reza el artículo.
La ley en cuestión convoca nuevamente a la reflexión sobre el rol estratégico y fundamental que podría desarrollar el sector audiovisual, no solo en su dimensión cultural o estética, sino también en sus aportes concretos a la dinámica de la económica. De esa manera, la cineasta y productora Mariana Andrade, como representante de la COPAE, en el programa de debate “Políticamente Correcto”, manifestó su posición a favor de los estímulos tributarios y del Certificado de Producción Audiovisual, cuyo modelo de referencia mantiene relación con el certificado de inversión audiovisual de Colombia. En su discurso resalta la pertinencia de la Ley para mejorar la competitividad en relación con otros países de la región, atraer inversiones al campo audiovisual y generar nuevas oportunidades laborales que dinamicen la economía local.
Sin embargo, estos alivios tributarios al sector audiovisual se encuentran en un articulado jurídico que atraviesa temas y áreas sociales sensibles de un debate público más amplio y pendiente de realizar, al proponer la modificación de 7 cuerpos legales, entre los que constan, reformas para La Ley de Telecomunicaciones; La Ley de Régimen Tributario Interno; El Código de Comercio; La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; La Ley Notarial; El Código Orgánico General de Proceso; y La Ley de Registros.
Llama la atención en particular, el artículo 17, referido a la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, que plantea la exoneración por 10 años del Impuesto a la Renta para nuevas inversiones productivas en materia de energía renovable no convencional e industrialización del gas natural. Este punto podría jugar en contra de los intereses del propio sector audiovisual que viene disputando con el ejecutivo y el legislativo, como ya se pudo analizar en un artículo anterior de Cultura en Renglones, estas exoneraciones tributarias y la creación del Certificado de Producción Audiovisual, desde el antecedente inmediato de la fallida Ley Orgánica de Atracción de Inversiones.
En las jornadas de comparecencia y discusión realizadas entre el 10 y 12 de diciembre, recogidas en el informe del primer debate de la Asamblea Nacional, varios asambleístas presentaron sus observaciones al respecto. Por un lado, la asambleísta Daysi Yuquilema (Independiente) y el asambleísta Mario Ruiz Jácome (Pachakutik) plantearon la eliminación del artículo 17 sobre los incentivos de generación de energía renovable e industrialización del gas natural, debido a que el mismo incumple con el principio de unidad de materia, esto es, la conexión temática y sistemática que un proyecto de ley debe cumplir para adquirir legitimidad constitucional.
El asambleísta Mario Ruiz señaló la importancia de la propuesta de ley, destacando el impulso social que proyecta la transformación digital y los incentivos necesarios para el crecimiento del sector audiovisual. No obstante, así mismo advirtió sobre el peligro que corre el proyecto de ley, ya que la misma podría no ser aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional, a razón justamente de un artículo que, para criterio del asambleísta, “no tiene nada que ver con tecnología digital y audiovisual”.
Importancia y advertencias de la propuesta de ley. Fuente: Twitter del asambleísta Mario Ruiz
Por otro lado, la vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, la asambleísta Vilma Andrade (Izquierda Democrática) expuso su argumentación sobre la objeción presentada por el asambleísta Ruiz, defendiendo el cumplimiento de conexidad temática y unidad de materia del proyecto de ley. Desde su perspectiva, la propuesta reformatoria tiene relación con el objetivo de desarrollar una infraestructura energética necesaria como condición previa para hacer posible la transformación digital. Además, la asambleísta señaló su pertinencia en la medida en que estos incentivos para generación de energía renovable también derivan de la propuesta de grupos ambientalistas que proyectan allí una ruta alternativa para paulatinamente sustituir los combustibles fósiles.
En vista de esta diferencia de criterios, se trataría de encontrar un punto de equilibrio o un posible consenso en el legislativo. Por ahora la Comisión de Desarrollo Económico tiene a su cargo procesar esas observaciones e incluirlas en el informe para el segundo debate en la Asamblea Nacional, que se espera suceda hasta el 18 de diciembre.
¿Un caballo de Troya?
No deja de ser válido cuestionarse por qué una ley de incentivos tributarios, necesaria para incentivar el desarrollo audiovisual nacional y optimizar la competitividad a nivel del mercado digital global, en razón de su urgencia manifestada por parte de los gremios del sector audiovisual, se encuentra encadenada con otras disposiciones legales que ponen en riesgo su propia aprobación.
¿A razón de qué podemos relacionar incentivos para la producción audiovisual con exoneraciones tributarias para la industrialización del gas natural y la posible concesión de nuevos territorios al neo-extractivismo energético? ¿Por qué no señalar la poca claridad y justificación que transmite ese artículo en el corpus global de la ley? ¿No fue acaso el mismo argumento de incumplimiento de principio de unicidad de materia que utilizó el gobierno en contra de la Ley Orgánica de Educación Superior, en lo que concierne a las reformas educativas y mejoras salariales para el magisterio y la reforma en la seguridad social sobre el tema de la jubilación especial? ¿No sería más pertinente que la misma ley de incentivos tributarios para energías renovables y gas natural estuviese en un contexto legal más adecuado? ¿Se quiere meter algo bajo la mesa? ¿Un caballo de Troya? El antecedente de la Ley Orgánica de Atracción de Inversiones pone en cuestión justamente lo perjudicial que puede resultar para los intereses del sector cultural la instrumentalización política de los temas culturales.
Con la Ley Orgánica de Transformación digital y audiovisual puede abrirse un importante precedente en el fomento de la producción audiovisual en todos sus aspectos y ramas afines. Sería una verdadera pérdida para el sector que la ley busque ser instrumentalizada con fines políticos por el Ejecutivo, para hacer pasar nuevamente un paquete reformatorio legal, con la misma lógica de las reformas previamente rechazadas en la anterior Ley de Inversiones, como el viejo truco del Caballo de Troya. Por lo pronto, no hay muchas señales que permitan percibir lo contrario. Todo peor, cuando un artículo clave, como el referido a la creación del Certificado de Producción Audiovisual, no fue incluido desde la base de la misma ley, y por ahora, espera ser adicionado en el próximo debate gracias a la insistencia y participación activa del sector audiovisual.
Se espera que el informe para el segundo debate esté listo el miércoles 14 de diciembre, lo que dejaría todo preparado para el tratamiento de esta ley de carácter económico urgente en el pleno de la Asamblea Nacional. Estaremos atentos a la resolución legislativa, con el objetivo de ampliar la investigación sobre las necesidades del sector audiovisual y la promoción del presente marco reformatorio.
P.D. Al tiempo de publicación del artículo, se conoció la resolución actual del informe para el segundo debate sobre la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, en el que se incluyen las observaciones planteadas en las mesas de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico. Así se da tratamiento a la solicitud de eliminar el artículo 17, referido a las reformas del Régimen Tributario Interno, que planteaban una exoneración tributaria de 10 años a inversiones en el campo de las energías renovables no convencionales e industrialización del gas natural. De esa manera, se sostiene un cuerpo legal para garantizar mecanismos que impulsen las actividades productivas del sector audiovisual. Se espera que en el transcurso de esta semana se proceda con la votación en el pleno de la Asamblea Nacional.
*Cristian Alvarado (1995). Lcdo. en literatura de las Universidad de las Artes. Ha publicado artículos y relatos de ficción en revistas literarias y académicas como La Deleuziana, Pixeletras y Pie de página. En la actualidad, se encuentra realizando una maestría en Literatura en la Universidad Andina Simón Bolívar. Colaborador del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura.
*Las opiniones expresadas en este texto son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan la posición del Observatorio.
