Las políticas culturales territoriales: instancias claves para la transformación social

Resulta urgente pensar en el fortalecimiento de políticas culturales territoriales de localidades en donde, históricamente, han primado el clientelismo y la espectacularización del arte y la cultura. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen las competencias necesarias para incidir en las condiciones de los trabajadores de la cultura.

  Por Aarón Fuentes

 Hablar de políticas culturales territoriales resulta urgente en un momento de recuperación económica pospandémica. Desde muchos espacios se ha discutido que el sector de las artes y la cultura ha sido uno de los más afectados debido a la prohibición de eventos con público y la falta de medidas tomadas por parte de entidades oficiales.

La 2da Encuesta de Condiciones Laborales en Trabajadores de las Artes y la Cultura demostró que el 38,6 % tuvo un trabajo inestable durante el 2021. Ante estas cifras es imprescindible pensar en cuál debe ser el rol de los gobiernos autónomos descentralizados (prefecturas, municipios, juntas parroquiales) en la recuperación de la situación económica y laboral del sector. Al respecto, el 89,37 % de los encuestados también declaró no haber recibido ningún tipo de ayuda de los municipios.

Las instituciones detrás de las políticas públicas

El 5 de marzo de 2007, mediante decreto ejecutivo, se creó el Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural , entidad coordinadora de la política pública que tenía bajo su coordinación a 12 instituciones entre ellas el Ministerio de Cultura y el Instituto de Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). El rol del Ministerio Coordinador de Patrimonio (2007-2013) fue el de proponer, coordinar, concertar y monitorear las políticas públicas y acciones sectoriales e intersectoriales relacionadas con el patrimonio natural y cultural de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. El INPC según su página web, promueve, difunde y gestiona el patrimonio material e inmaterial acorde a las políticas públicas emitidas por el Ministerio de Cultura.

Para el 2008, los alcaldes de las ciudades que contaban con centros históricos declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, formaron la Red de Ciudades Patrimoniales y mantuvieron una agenda activa durante varios años. La conformación de esta Red fue impulsada y apoyada por el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El Ministerio Coordinador de Patrimonio tuvo un rol fundamental en el funcionamiento de la Red puesto que creó un proyecto de prioridad nacional, llamado Ciudades Patrimoniales del Ecuador, para potenciar el patrimonio cultural en las ciudades (zonas rurales y urbanas) integradas a la Red mediante el fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica, gestión de recursos para la dinamización económica de las ciudades, la puesta en valor de estos sitios, precautelando los valores patrimoniales y socioambientales de las poblaciones y la ampliación de declaratorias para la integración de nuevas ciudades y territorios.

María José Icaza, directora de Vinculación con la Comunidad de la Universidad de las Artes, menciona que la Red de Ciudades Patrimoniales tuvo como objetivos la coordinación de acciones conjuntas para la protección gestión de ciudades y áreas patrimoniales. Durante 2009 y 2013, el Proyecto Ciudades Patrimoniales del Ecuador (del Ministerio Coordinador de Patrimonio) conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural apoyó el fortalecimiento de esta Red mediante de la realización de encuentros para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades, el diagnóstico de las capacidades técnicas y operativas de los municipios parte de la Red, acciones demostrativas en algunas ciudades y el acompañamiento para la creación de un plan estratégico que buscaba la construcción de agendas conjuntas de trabajo que permitan una gestión territorial integral. Igualmente, se crearon proyectos que incentivaron la intervención de bienes patrimoniales desde intervenciones demostrativas y creación de programas de financiamiento.

El 8 de mayo de 2013, el Ministerio de Coordinación de Patrimonio fue suprimido y sus competencias y atribuciones en los ámbitos de rectoría y gestión del patrimonio fueron trasladadas a otros ministerios coordinadores y a las instituciones operativas como el Ministerio de Cultura y el mismo se transformó en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El INPC pasó a estar adscrito, por Decreto, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, con lo cual, algunos de los proyectos emblemáticos como el proyecto Ciudades Patrimoniales del Ecuador se transfirieron al Ministerio de Cultura. Este ajuste institucional afectó la estabilidad de la Red (si bien se organizaron encuentros y acciones posteriores, la actividad de la Red aparentemente se fue limitando).

Icaza estima que entre las razones que se sumaron al debilitamiento de la Red podrían estar: el relevo de los técnicos y representantes de cultura y patrimonio de los GAD (las capacidades técnicas y operativas: algunos de ellos aún no disponían de área de patrimonio cultural y los técnicos provenían de distintas disciplinas, la falta de interés y conocimiento de algunas autoridades locales respecto la gestión del patrimonio), la falta de beneficios tangibles para los participantes de la red, así como el debilitamiento del liderazgo en las convocatorias.

La implementación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COTAD)

Programas y proyectos de vinculación con la comunidad. Fuente: Vinculación con la comunidad UArtes.

En octubre del 2010 se expidió el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). El gobierno de aquella época veló por dotar de competencias y facultades jurídicas, organizativas, administrativas y de institucionalidad a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales y cantonales. El COOTAD, en sus 598 artículos, legisla todos los aspectos que determinan las competencias de los GAD y por supuesto, el sector cultural no se queda atrás.

Desde su inicio, el código menciona la relevancia del sector cultural y patrimonial y establece la autonomía que tienen los GAD para impulsar procesos acordes a las formas de cultura del territorio. Sin embargo, históricamente las prefecturas, municipios y juntas parroquiales y cantonales han hecho de las manifestaciones artísticas y culturares un espacio clientelar. En ese sentido han sido recurrentes los famosos “tarimazos”, protagonizados por grupos de artistas que nada o poco tienen que ver con las verdaderas representaciones estéticas del territorio. La espectacularización del arte y la cultura es un fenómeno que se ha prolongado en las realidades de ciudades de todos los tamaños. Esto ha puesto en jaque a los trabajadores de la cultura disminuyendo sus posibilidades de formar parte de procesos de largo aliento, que signifiquen oportunidades laborales y un cambio social en su comunidad.

Históricamente, prefecturas, municipios y juntas cantonales han impulsado la contratación de artistas basándose en su popularidad. Con este criterio no se fomenta la diversidad cultural. En este sentido, ¿por qué un municipio solo contraría a famosos músicos como J Balvin, Juanes o Máximo Escaleras en el contexto de un “festival de la música”? ¿Cuáles son las razones para no tomar en cuenta las propuestas en torno a músicas de bandas locales?

Este tema lo comenta María José Icaza y menciona que, en algunos casos, las capacidades técnicas y operativas de los equipos de los departamentos de cultura de los GAD son limitadas y restringidas. Entonces, ¿cómo podría pensarse en políticas culturales locales contextualizadas para la planificación y el ordenamiento territorial, si se parte de la ausencia de experticia del sector? Además, considerando que el COOTAD, la Constitución y la Ley de Cultura extiende las competencias en este ámbito a los GAD, es responsabilidad de ellos priorizar las necesidades de los trabajadores de la cultura. Icaza recuerda una de las herramientas claves para intervenir este problema: los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). A través de este plan, se plantean las necesidades e intereses de las localidades y es importante pensar en: el fortalecimiento, precisamente, de las capacidades técnicas y operativas de los técnicos en cultura antes mencionadas, una evaluación de políticas culturales ya dispuestas y la activación de la participación social y ciudadana. Por este motivo, Icaza habla sobre la metodología de la formación técnica y dice que es importante que se plantee como un proceso horizontal, dialógico, crítico y reflexivo, ya que, de otra forma se reducirá a un trasvase de conceptos que no ayudarán a entender la realidad cultural de las localidades. Por lo demás, lo ideal es que estos procesos no se ejecuten de forma sucesiva, sino que se vean, más bien, como acciones mancomunadas que se realizan simultáneamente y de manera permanente.

La Agenda 21 de la Cultura

Por otro lado, muchas de las metas planteadas por la Agenda 21 de la Cultura, realizada por la Comisión de cultura de la asociación mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), contemplan compromisos específicos para los gobiernos locales. Entre ellos se encuentra el facilitar el ejercicio de democracia cultural, la equidad territorial, promover los saberes de los pueblos originarios y garantizar espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre los diferentes actores de la comunidad.

El rol de la academia es fundamental cuando hablamos de procesos que apuntan al cambio cultural en una localidad en particular. María José Icaza se traslada al terreno de lo legal y recuerda que la Ley Orgánica de Educación Superior contempla que las instituciones universitarias deben tener una incidencia en los planes de desarrollo tanto regionales como locales y procesos de transformación social. En este caso, uno de los objetivos de la Universidad de las Artes es el levantamiento de información respecto a la aplicación de políticas culturales ya legisladas y la situación actual de los trabajadores de la cultura, como lo hacen permanentemente algunos de sus espacios: el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura y la Dirección de Vínculo con la Sociedad. Por lo cual es pertinente que los GAD tengan presente que los resultados de las investigaciones gestadas desde la universidad son insumos que pueden contribuir a la construcción de los PDOT y al fortalecimiento de las políticas culturales.

Siendo así, es esencial que los GAD tracen planes para cambiar estructuralmente la situación de los trabajadores de la cultura de todo el país, a través de mesas de trabajo que contemple el levantamiento de información y la elaboración de diagnósticos territoriales con miras a fortalecer las políticas culturales.

Buenas prácticas de políticas culturales en territorios

Taller desarrollado e la comuna Loma Alta. Fuente: Vínculo con la comunidad UArtes

En la ciudad de Portoviejo se ha impulsado la construcción de una Ordenanza de Cultura y Patrimonio. Esta propuesta se encarga de fortalecer el desarrollo de la cultura a través un diagnóstico permanente, el diálogo entre distintos actores sociales, en el marco de una Mesa Técnica conformada por: el GAD Municipal, CCE-Manabí, la Prefectura, la Universidad Técnica de Manabí, la Fundación Cultural Clave, la Asociación de Artistas de Manabí, entre otras.

Esta Mesa también proyecta la creación de otra edición del libro “Trabajadores de la Cultura: condiciones y perspectivas” focalizado en la provincia de Manabí. Esta iniciativa apuesta por el fortalecimiento de políticas culturales que apunten al mejoramiento de infraestructuras disponibles al servicio de las artes y la cultura. En este sentido, desde las ciudades Manta y Portoviejo se contempla la necesidad de una plan de inversión en el sector que se pueda replicar en otros territorios. En vista de que esta es una primera experiencia no vista en otra localidad, es necesario establecer una metodología cartográfica que tenga en cuenta la diversidad cultural y las necesidades de los trabajadores de la cultura.

Los GAD y su rol en el Sistema Nacional de Cultura (SNC)

En el marco del 1er Encuentro de Políticas Economías de la Cultura, Luis Mario Barzallo, ex presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, brindó datos específicos sobre la relación entre los gobiernos autónomos descentralizados y su repercusión en el sector cultural en los territorios. Aspectos como la preservación, mantenimiento y la difusión del patrimonio no han sido tomados en cuenta en los presupuestos del 57,63 % de los municipios. Así mismo, Barzallo recomienda pensar en un mayor involucramiento de los GAD en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) y en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a través del fortalecimiento de capacidades de los técnicos de cultura.

A pesar de esto, Barzallo menciona que el 69,35 % de los GAD municipales incluyen necesidades de la gestión patrimonial en sus PDOT. Por otro lado, compara también los rangos de capacidad operativa del 2018 al 2020 y establece que existe una mejora de 6,2 puntos. Por lo demás, entre las acciones de la agenda de la AME están los siguientes objetivos: trabajar en coordinación con las entidades del SNC, crear espacios de encuentro para actividades que promuevan la diversidad cultural, generar alianzas público-privadas en pro del fortalecimiento de competencias y la articulación de la comunidad local, usuarios finales e instituciones educativas.

El Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura extiende la invitación a los distintos actores del sector para participar del 2do Encuentro de Políticas y Economía de la Cultura. En esta cita, ciudad y políticas públicas será uno de los ejes de trabajo. Este Encuentro se realizará en Quito del 21 al 24 de junio del presente año, en el Centro Cultural Metropolitano.

Las inscripciones están abiertas: http://observatorio.uartes.edu.ec/encuentro-observatorio/inscripciones/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.