Por Santiago Estrella Silva
En la primera semana de octubre se tramitó, en la Asamblea Nacional, el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Industria Audiovisual. El trabajo previo se lo procesó en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Valentina Centeno Arteaga. El proyecto contiene 33 artículos, dos disposiciones generales, siete reformatorias y dos transitorias. Se fundamenta en la intención de promocionar el cine y el audiovisual impulsando la visión industrial, sin dejar de lado su visión artística.
En el proceso previo, la Comisión determinó unificar dos proyectos que se habían presentado: el proyecto de Ley para el fortalecimiento y desarrollo de las industrias culturales y creativas, y el proyecto de Ley de economía naranja. El primer informe presentado al pleno de la Asamblea fue aprobado con 7 votos a favor, dos en contra y un asambleísta ausente. Y se menciona, que en las sesiones de trabajo se receptaron los aportes de la entonces ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz; el director (e) del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICCA, Rafael Barriga; el gerente de Urbano Films, productor particular, Roberto Aguirre, la Ceo de EcuaStudios, Ana Cecilia Alvarado, y la representación del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
Ejes primordiales de la propuesta de ley
El nuevo cuerpo legal propone tres ejes fundamentales: primero, el fomento de la producción audiovisual desde la dimensión industrial, donde se plantean instrumentos de fomento, simplificación de trámites y atracción de inversiones. Se establece que PROECUADOR asuma el rol de promotor internacional para el sector, en coordinación con el ICCA. Para ello, se disponen varios artículos para que los permisos que deben emitir los GAD Municipales y la autoridad ambiental sean más sencillos de gestionar para la grabación en espacios públicos y naturales, respectivamente. La intención fundamental es que el país sea atractivo para que producciones extranjeras vengan a filmar en el país. Este eje contiene el espíritu fundamental del proyecto.
El segundo eje es el del fomento de la producción audiovisual desde la dimensión artística. Hay varios puntos relevantes que se discuten, desde las definiciones el campo audiovisual, especificando lo que es una obra audiovisual, película cinematográfica e incluso la obra cinematográfica ecuatoriana, donde uno de los requisitos que debe cumplir es que el idioma hablado sea el español, ¿qué pasaría con las películas que sean producidas en otros idiomas de los pueblos y nacionalidades? En el artículo 6, sobre las definiciones, se alude en el inciso i a la Cinemateca Nacional donde se la describe como “Sala de exhibición para desarrollar actividades cinematográficas, que además tiene espacios de depósito donde conserva material fílmico de importancia nacional y extranjera”.
Además, se establece que la protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual le corresponde al ICCA, institución que velará por la salvaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual ecuatoriano mediante la conservación y restauración de soportes originales, así como de copias. Un aspecto que genera comentarios de varios de los actores consultados en esta nota es lo referente a las cuotas de pantalla, tanto en salas de cine, como en canales de televisión, donde en este último se propone que para los medios nacionales al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo público se destine a la producción nacional, con al menos un 10% de producción nacional independiente. Finalmente, en este eje se retoma algo que ya se estableció en la extinta Ley Orgánica de Comunicación, sobre la producción de contenido publicitario que se difunda en territorio ecuatoriano, la cual debe ser producida en el país, lo cual es un requerimiento permanente de las productoras publicitarias, entendiendo que este es el campo económico y laboral más activo para el sector, por lo que lograr que las producciones publicitarias sean producidas en el territorio implica un avance oportuno de este sector.
En esa línea se establece una tasa por certificación de operación de publicidad importada. Esto implica que las producciones publicitarias extranjeras podrían circular en el territorio ecuatoriano, siempre y cuando tramiten y paguen esta tasa, que será regulada, tarifada y administrada por el ICCA. En esa medida es oportuno tomar en cuenta la campaña que APAE, la Asociación de Productoras Publicitarias, tiene en sus redes y espacios, donde menciona que cada spot que no se filma en Ecuador, es una oportunidad perdida y establecen que entre el 40% y el 60% de la producción publicitaria local ha sido desplazada por comerciales extranjeros, con lo cual se pierden fuentes de empleo directo e indirecto. En esa medida, habría que ver en la práctica si esta tasa de certificado podría efectivamente desincentivar la importación publicitaria y que se aplique el articulado de producir publicitariamente en territorio ecuatoriano.
Adicionalmente, en las disposiciones reformatorias se propone agregar al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos el reconocimiento a la voz como atributo personal y de propiedad intelectual, con lo cual no se podría usar, ni con instrumentos digitales, la reproducción de la voz de un artista. Esto implicaría que se impide a las productoras apropiarse de la voz de los artistas y locutores, incluso si estas se reproducen con mecanismos como aplicaciones de inteligencia artificial, lo cual debe ser autorizado por el artista y reconocido. Una salvaguarda para los artistas de cara a las transformaciones que se pueden lograr con tecnologías.
El tercer eje se enfoca en el impulso a la formación y crecimiento de los profesionales del audiovisual, generando una obligación de contratar al menos a dos pasantes en los proyectos audiovisuales, como mecanismos de inserción laboral para los estudiantes, además de procurar mecanismos de movilidad internacional, para que productores y artistas del audiovisual pueden capacitarse y tener experiencias en el mundo.
Un ámbito adicional que también es importante destacar en esta propuesta de Ley es el referente a los mecanismos sancionatorios específicos que se proponen, donde fundamentalmente el ICCA debe emitir el reglamento respectivo para monitorear y sancionar proporcionalmente, de acuerdo con los casos que se establezcan. ¿Tendrá la capacidad logística el ICCA para el control y aplicación de sanciones? Actualmente, el esfuerzo principal, no el único, del ICCA se encamina hacia la gestión de los fondos concursables, por lo que incrementar todo un régimen sancionatorio donde el ICCA debe imponer sanciones como amonestaciones escritas, suspensiones de rodajes, multas pecuniarias, inhabilitaciones, e incluso la recaudación de esas multas, implica una gestión administrativa y un esfuerzo que se abona a la institucionalidad del cine y el audiovisual, sin una clara determinación de cómo lograrlo.
Desde esas líneas, el nuevo cuerpo legal se sumaría a otras legislaciones vigentes que también abordan el campo audiovisual, fundamentalmente a la Ley Orgánica de Cultura, vigente desde diciembre de 2016, donde se estipula todo el Sistema Nacional de Cultural, donde el audiovisual tiene su presencia, incluido el apartado específico que tiene esa Ley sobre el ICCA. Tanto en la Ley de Cultura como en el Reglamento se establecen sus atribuciones y responsabilidades, las cuales se amplían con el régimen sancionatorio referido. También están la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, publicada en febrero de 2023 que fundamentalmente busca la atracción de inversiones de la economía digital global.
Con este contexto y con el Proyecto de Ley en plena construcción, todavía sin una fecha definida para el segundo debate en la Asamblea, abordamos a voces y miradas diversas que brindan perspectivas de oportunidades y posibles problemáticas en el planteamiento del proyecto.
El proyecto como construcción colectiva.
La propuesta se viene cocinando en la Asamblea desde febrero de este año y, como se mencionó previamente, la asambleísta oficialista Valentina Centeno es quien impulsa el proceso, para lo cual ha tendido puentes con varios sectores, fundamentalmente con la Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador (COPAE) y con la Academia de Cine y Audiovisual del Ecuador (ACAE). Conversamos con Jimena Villarroel, actual presidente de la Academia, quien considera que hay múltiples oportunidades que se abren con esta Ley, considerando que es un cuerpo legal en construcción colectiva, con los intereses compartidos por parte de los asambleístas, el gobierno central y el sector audiovisual.
Villarroel confirma que el interés de la Ley es la industrialización del sector, tomando en cuenta los referentes cercanos, sobre todo del caso colombiano, donde el impulso del sector cultural y específicamente del cine y el audiovisual es importante para la economía y para la generación de empleos. La presidenta de la Academia confirma que el acercamiento desde la Asamblea ha sido importante donde incluso, en el mes de agosto se generó una mesa de trabajo para profundizar en los temas, yendo más allá de la industrialización y la idea de que el país sea atractivo para producciones extranjeras. A través de la Academia se vinculan varios colectivos y gremios del audiovisual en el proceso de diálogo y trabajo para generar los insumos que se debaten en la Comisión de la Asamblea. Entre los grupos involucrados y que presentaron interés activo están la Asociación de Locutores del Ecuador (ALCEC) Uniarte, ICCA, Asociación de Directores y Guionistas del Ecuador (ADG), Comisión Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (COSICA), COPAE, Asociación de Productoras Audiovisuales del Ecuador (APAE) y varios miembros de la Academia.
Desde una mirada general, para Villarroel el proyecto de Ley está en construcción, varios temas se pueden debatir e incluir para mejorar el cuerpo legal. Hay temáticas como la cuota de pantalla que seguramente se deben afinar y perfilar de aquí para futuro, porque el campo audiovisual está cambiando constantemente y por ello se debería proyectar un recurso legal amplio. Así mismo, se puede profundizar en la generación de públicos y pensar en articulaciones con el sistema educativo nacional de tal manera que los estudiantes puedan conocer y disfrutar de sus cineastas. Por ello, para Villarroel la intención es seguir sumando voces, intereses e insumos que fortalezcan este proceso. En ese sentido, asegura que el camino está abierto para todos los involucrados en el cine y el audiovisual para que participen activamente. Valora la apertura de los asambleístas de las diversas corrientes para recibir y tomar en cuenta los insumos y aportes que se presentan. Mucho más si para Villarroel el caso ecuatoriano es de una industria pequeña que requiere justamente el impulso para crecer y abrirse a las posibilidades de inversión. “Creo que esta Ley tiene como uno de sus objetivos fundamentales la generación de trabajo, por el interés generalizado desde la Asamblea y la visión de industria que se tiene”.
¿Es el momento adecuado para una nueva ley?
La idea de una Ley de cine en el Ecuador tiene antecedentes que vienen desde los años 70, sobre todo a finales de esa década cuando se conforma la Asociación de Cineastas del Ecuador (ASOCINE), donde una de sus misiones fundamentales era gestionar la ley para el sector. Varios intentos estuvieron cerca de concretar el sueño, pero fue hasta el 2006 que se cristalizó la Ley de Fomento del Cine, que creó el Consejo Nacional de Cine (CNCine) y la línea de fomento que permitió que, en los siguientes años, las producciones y estrenos nacionales crezcan significativamente. A ese contexto hace referencia Juan Martín Cueva, documentalista y flamante director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. En un criterio amplio sobre la propuesta que se gestiona en la Asamblea Nacional menciona: “tengo una sensación agridulce, por un lado, me parece interesante que se desarrollen otros cuerpos normativos que abarquen otras formas de desarrollo del audiovisual. No creo que el cine es solo un asunto cultural, también puede verse como un asunto industrial, de producción. Pero, ahí prendo las alertas, porque una ley debe ser consecuencia de un avance o de unas condiciones cambiantes en la realidad. Si pensamos que las leyes son las que van a cambiar la realidad, lo estamos planteando al revés”.
Por ello Cueva pone el contexto de la Ley de Cine del 2006, que fue fruto de un camino largo de los cineastas que venían construyendo a pulso sus producciones, para lo cual era necesario regular una política pública de fomento para que el audiovisual despegue, tal como sucedió. La reflexión amplia, participativa es fundamental en estos procesos, según Cueva, y por ello lanza la pregunta: ¿existe una industria audiovisual en el país?, es posible legislar ese ámbito de la vida, cuando actualmente pone en duda de que realmente tengamos algo parecido, sin desconocer los avances y la profesionalización del sector, pero que estaría lejos de poder considerarse una industria.
Cueva pone en cuestión la necesidad y coherencia al crear una nueva Ley, cuando podría generarse una discusión más amplia para debatir si se requiere una reforma a otros cuerpos legales, como la Ley de Cultura que, en diez años de vigencia, no ha llegado a aplicarse plenamente. “Me parece extraño que ahora se pongan esfuerzos y reflexiones en una ley que no estoy seguro de que en este momento sea necesaria. Incluso, pongo en duda de que cuando se habla mucho de la inversión privada al cine, podría plantearse la reducción de la responsabilidad del Estado para el financiamiento del cine”
Una mirada más allá, o más acá, de la industria
Desde el título, el proyecto de Ley apunta claramente a una idea industrial que tiene una perspectiva mercantil, de negocio y de inversión, sobre todo extranjera. La directriz productiva que sostiene la propuesta tiene sentido en una sociedad que pone en valor la propiedad privada, el crecimiento y sostenibilidad económica, el emprendimiento individual como mecanismo central del desarrollo, pero no toma en cuenta que la sociedad también tiene otros matices y que el sector audiovisual no es homogéneo. A ello hace referencia Patricia Yallico, representante de ACAPANA, la Asociación de Creadores del Cine y Audiovisual de Pueblos y Nacionalidades. Menciona que la Ley está planteada desde una mirada del mundo blanco, eurocéntrico, colonial y patriarcal, y sin desconocer que ello existe en la sociedad y que estaría bien que se plantee esa mirada, pero se dejan por fuera otras visiones: “lo que planteamos no es que está mal que exista ese mundo, pero también estamos otros mundos, otras miradas, otras propuestas de cine, música, danza, etc., que no está siendo visibilizada en esta Ley”.
Yallico cuestiona el discurso de la industria como idea homogenizadora que desconoce la diversidad, ya que incluso, si se asumiese que existe una industria en el Ecuador, donde todos los participantes de ese engranaje, se articulan sistemática y armónicamente, en realidad estamos muy lejos de aquello. Como evidencia, menciona como todos los años deben esperar las convocatorias de fondos públicos para aspirar a tener un incentivo, pero casi nunca llega para su sector. Sin ese recurso deben acudir a cualquier práctica que les permita algún tipo de sustento para llevar adelante los proyectos audiovisuales. Esa desigualdad debe ser resuelta antes de hablar de una industria, asevera Yallico.
Otro concepto donde también pone reparos es al de ecosistema audiovisual, que se menciona en el articulado del proyecto, pero que no estaría tomando en cuenta toda la complejidad del sector: “estos conceptos están planteados desde nosotros desde hace muchos años, lo del ecosistema es algo que hemos hablado desde siempre, pero ahora lo traen para maquillar la idea y dicen que vamos a traer dineros, inversiones, pero ¿quiénes van a acceder a esos recursos? ¿nosotros?, ni de lejos, los pueblos indígenas no estamos ni siquiera representados en los consejos y espacios del cine”, manifiesta Yallico, quien amplía, “en el ecosistema no me van a llamar a mí, van a estar los mismos de siempre. ¿Cómo hacemos que el dinero llegue para todos? Como el río en el ecosistema natural, debe llegar a todos, y no quedarse solo para unos pocos”.
Las desigualdades regularmente no se reconocen, algo que Patricia Yallico destaca ya que el acceso a contactos, a fondos, a mercados se torna más difícil para los productores indígenas: “no tenemos las mismas condiciones económicas, políticas y sociales, es por eso por lo que no podemos acceder y mientras ello siga sucediendo, vamos a estar en desventaja, pero de largo”.
Finalmente, comenta que están gestionando llegar a la Comisión para presentar sus aportes, pero reitera en la necesidad de que otras miradas del cine se tomen en cuenta, además de la industrial. Por ello es necesario que la representación sea más amplia y diversa, para hablar más profundo, “para cuestionarnos qué mundo estamos planteando, para discutir la estructura del país, porque si estamos empobrecidos los artistas, los artesanos, los estudiantes, si esto pasa todo el tiempo, es porque la estructura y el capitalismo que nos plantean no funciona. No hablemos del parchecito, de una ley para una parte, nos engañamos en eso sin hablar de la estructura”, sentencia Yallico.
Cierre
Por ahora no hay una fecha definida para llegar al segundo debate, y las distintas miradas dejan ver que el proyecto puede dar múltiples giros, sin embargo, de momento está encaminado desde la mirada preferentemente industrial, sin reparar demasiados en los cuestionamientos que desde el mismo sector se pueden legítimamente establecer. Hay que seguir la pista.
El Observatorio de Políticas y economía de la Cultura invita a nutrir el debate sobre este proyecto de ley. Quienes estén interesados en aportar opiniones o investigaciones relacionadas a este tema, pueden enviar sus propuestas a observatorio@uartes.edu.ec