Por Estefania Buitrón
En el marco del proceso de reestructuración institucional que lleva adelante el Gobierno del Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha sido oficialmente fusionado con el Ministerio de Educación. Esta medida forma parte de una política más amplia de consolidación de ministerios y secretarías, con el argumento de optimizar el aparato estatal.
Esta medida, lejos de constituir únicamente una reconfiguración administrativa, representa un retroceso significativo en la construcción y sostenibilidad de la política pública cultural del país. La cultura, entendida como un eje transversal del desarrollo humano, social y económico, no puede ser concebida como un área prescindible ni subordinada a otras agendas gubernamentales.
Frente a esta decisión surgen interrogantes fundamentales:
¿Qué entidad asumirá la rectoría y planificación de las políticas culturales a largo plazo?
¿Cuáles serán las consecuencias reales de esta fusión para el ecosistema cultural nacional?
¿Cómo se garantizarán los derechos de los artistas, creadores, gestores y trabajadores culturales?
La cultura no es un lujo ni un gasto superfluo. Es identidad, cohesión social, memoria colectiva y proyección de futuro. El debilitamiento institucional del sector cultural no solo limita su desarrollo, sino que afecta directamente al tejido social del país.
El sector cultural demanda transparencia, participación y respuestas claras.