Foto: Primicias
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La noche del lunes 13 de octubre de 2025, la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) informó mediante sus redes sociales sobre la convocatoria a una audiencia judicial derivada de una Acción de Protección presentada por Juan Merino, ex candidato a la presidencia de dicha institución, y cuyo objetivo es la invalidación del proceso electoral mediante el cual Fernando Cerón fue reelegido por cuatro años más.

Esta es la segunda acción de protección relacionada a las elecciones de la CCE. La primera fue impuesta por Patricio Morales y ocasionó la suspensión temporal del proceso durante 1 semana para los núcleos provinciales y 21 días para la Sede Nacional. Desde este Observatorio habíamos advertido en meses previos sobre la posible judicialización de estas votaciones y sobre la variedad de recursos legales que se iban a poner en acción para obstaculizar el proceso electoral.
El argumento central de Merino cuestiona la validez del voto de la representante de Galápagos (quien se encontraba subrogando a la directora electa), lo cual fue debatido también por la viceministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, durante la Junta Plenaria del 3 de septiembre para la elección del nuevo presidente de la CCE. Sin embargo, durante esa misma sesión se expuso que en el artículo 270 del Reglamento a la LOSEP y el artículo 3 de la Reforma del Reglamento de la Junta Plenaria se estipula que la subrogación sí facultaba a la representante provincial a ejercer el voto.
Durante esa jornada, Muñoz buscó impedir el desarrollo de la sesión retirándose de la sala acompañada de otros directores para evitar el cumplimiento del quórum, maniobra que no tuvo suceso tras la cual la viceministra y los directores de núcleo volvieron a la Junta plenaria para ejercer su voto. La votación finalizó con 15 votos para Fernando Cerón (Casa Común) y 11 para Juan Merino (Renacer Cultural). Los votos para Merino vinieron del viceministerio y de los 10 otros directores que intentaron dejar sin quórum a la sesión. Es necesario mencionar que Merino fue el único candidato a la presidencia de la CCE que no participó de las entrevistas para conocer las propuestas de campaña ni del debate electoral organizados por este Observatorio, a pesar de las reiteradas invitaciones.
La participación del Viceministerio en la jornada electoral dejó entrever su involucramiento en un proceso que, por principio, debería sostenerse en la autonomía de la institución. El alineamiento de sus votos con un bloque específico de directores no se enmarca en el respeto a la independencia que la ley otorga a la institución. Este tipo de intervenciones, más allá de su legalidad formal, ponen en riesgo el principio de autogobierno que históricamente ha sido una de las bases de la CCE.
La audiencia no se llevó a cabo el martes 14 de octubre, como estaba previsto inicialmente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana informó a través de sus redes sociales que la cita fue aplazada y que aún no se ha notificado una nueva fecha para su realización.

La convergencia de actores contra la institucionalidad cultural del Ecuador
En días recientes, y en el marco de las movilizaciones ciudadanas convocadas por el Paro Nacional, Muñoz cuestionó la decisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de brindar refugio a los manifestantes ante las arremetidas policiales y militares, alegando que aquello significaba abrir las puertas al “caos” y utilizar el espacio para “desestabilizar”. Un discurso similar maneja John Reimberg, ministro del Interior, al afirmar que las protestas buscan sembrar el “caos” y que la CCE “siempre abre las puertas (…) para que los violentos puedan ingresar”. Estos comentarios se extendieron también a la Universidad Central de Ecuador (UCE).
El portal Ecuador Chequea. Periodismo con Rigor realizó una revisión de las principales afirmaciones del ministro para realizar un contraste de esa información con fuentes oficiales, comunicados institucionales, registros audiovisuales y testimonios verificados. El resultado de este análisis muestra que las declaraciones de Reimberg “omite que ambas instituciones tienen una trayectoria como espacios de refugio civil y cultural en contextos de protesta, y no existen registros verificados que demuestren el uso de sus instalaciones para ocultar agresores o violentos”.
Por otro lado, Reimberg desconoce los comunicados públicos de ambas instituciones (CCE y UCentral) y las declaraciones de representantes estudiantiles para que las instalaciones sean usadas “como espacios de resguardo civil frente a operativos policiales.” Así también, el portal indica que no se recibió respuesta por parte del Ministerio de Interior tras un pedido para presentar evidencias de dicha violencia.
A las amenazas oficialistas a la autonomía de la CCE, hay que sumar las recientes declaraciones de otros operadores políticos como el ex asambleísta Galo Lara, quien en gira de medios hace una semana ya establecía un guión para desprestigiar a la institución. Lara acusa a la CCE de dirigir las protestas desde la Sede Nacional en Quito y afirma que la Revolución Ciudadana financia las movilizaciones, para las cuales usó la palabra “terrorismo”.
De esta manera, se evidencia un ataque concertado contra la CCE, cuya Sede Nacional está ubicada en un sector estratégico de Quito ¿Está empeñado el Gobierno Nacional en cooptar la CCE para eliminar todas las posibilidades de organización y resistencia social? ¿Se trata de un afán de recuperar una institución autónoma para la implementación de una política de gobierno gravemente afectada por la desaparición del Ministerio de Cultura y Patrimonio?
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