Por Eduardo Varas C
Considerado en su momento un proyecto emblemático para el sector cultural, Teatro del barrio ha cruzado dos gobiernos, problemas internos, reclamos en redes sociales por pagos no realizados y un aura de secretismo que impide entender qué pasa con este proyecto.
En agosto de 2025, Teatro del barrio cumplirá cuatro años de existencia y, en teoría, debería dejar de existir. En este tiempo ha sobrevivido, por ejemplo, a cambios de modelo de gestión; es decir, pasó de ser una línea de fomento del Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación (IFCI) a un proyecto de inversión con una gerencia adscrita a la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. También ha cambiado de nombre —hoy se lo conoce como Cultura sostenible—; ha sufrido una alta rotación de personal y reclamos públicos en redes sociales de gente que dice que no se le ha pagado por el trabajo realizado como parte del proyecto.
Han sido cuatro años en los que resistió un gobierno que no completó su tiempo, una muerte cruzada y la llegada de otro gobierno que lo ha mantenido.
Cuatro años en los que, ya como instancia de la Subsecretaría de Emprendimientos desde 2023, ha tenido, por lo bajo, una docena de gerentes —uno de ellos duró prácticamente un día—, una constante reducción de presupuesto y una cifra de proyectos beneficiados que todavía no se ha transparentado.
Se sabe muy poco de Teatro del barrio / Cultura sostenible y mientras varias personas tienen mucho que decir, es complicado conseguir una versión oficial y actual del estado del proyecto. En un primer momento, Gabriel Roldós, actual gerente de Cultura sostenible, accedió a una entrevista, pero un día antes del encuentro, desde el Ministerio se informó que se postergaba la entrevista por un “tema institucional” y que se debían mover asuntos de agenda para encontrar el espacio. Hasta el momento de la publicación de este reportaje, esa entrevista nunca se concretó.
El deseo de un presidente y un fondo del IFCI
El inicio fue un 26 de abril de 2021. Para ese momento, Guillermo Lasso ya era presidente electo, luego de ganarle la segunda vuelta electoral a Andrés Arauz, el 11 de abril de ese año. En un acto público en Quito, Lasso presentó a parte de su gabinete, en especial a quien fuera su ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca. Y cuando dijo el nombre de ella, Lasso no perdió tiempo en exponer el que, se suponía, sería su proyecto emblemático en lo cultural:
“Pero María Elena, hay un proyecto que quiero encargarte y debemos comenzar. Debemos comenzar con uno y luego, con el apoyo de la empresa privada, continuar con el Teatro del barrio, María Elena. Instalar un Teatro de barrio en cada barrio del Ecuador sería un gran sueño para los próximos 20, 25 años, pero a nosotros nos toca la tarea de los primeros cuatro años. Hagámolos (sic) con profundo compromiso, convencimiento, de que es la manera de difundir el arte y la cultura y de convocar a nuestros jóvenes a una nueva actividad, que sea la cultura, el arte, el canto, el baile, para que encuentren un camino de esperanza en sus vidas, María Elena”.
En esa intervención, la idea de Lasso se enfocaba en la construcción de un espacio físico, un teatro, en distintos barrios del país, para que jóvenes y niños puedan acceder a actividades artísticas. Y para nombrarlo recurrió al branding que había usado el Banco Guayaquil —del que fuera presidente desde 1994 hasta 2012— para su proyecto de llevar servicios bancarios a sectores populares a través de tiendas de barrio, lo que se llamó Banco del barrio.
Este punto de arranque incluyó un primer inconveniente, sobre todo porque supuso una decisión vertical desde Presidencia, lo que trajo inconvenientes, tal como lo explica Katterine Enríquez, que analizó este momento del Teatro del barrio para su trabajo de titulación para la especialización de diseño de políticas públicas, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.
Dice Enríquez: “A partir de allí es cuando se empieza a trabajar en el Ministerio de Cultura sin hacer una consulta previa, sin tener ningún tipo de análisis, digamos, sobre en el sector, un análisis técnico que le permitiera a él (Lasso) decir que era necesario implementar Teatro del barrio como él lo tenía enfocado: una infraestructura a nivel nacional en los barrios, para activar a nivel productivo a los artistas y a los gestores culturales especialmente en un momento postpandemia”.
El 12 de agosto de 2021, en el palacio de Carondelet, en un acto oficial, el presidente Guillermo Lasso y la ministra María Elena Machuca presentaron Teatro del barrio, como una línea de fomento del IFCI con un fondo de 1’274.844 dólares, anunciando que cada beneficiario recibiría al menos 5000 dólares no reembolsables por proyecto seleccionado. Entonces llegaron las convocatorias.
Las primeras se realizaron en 2021; de acuerdo al informe de rendición de cuentas del IFCI de 2021, hubo 408 postulaciones a la línea transversal de fomento del Teatro del Barrio. Para octubre de 2021 ya se habían realizado cuatro hitos de evaluación —convocatorias— que habían beneficiado a 27 proyectos, lo que significó un desembolso de casi la mitad del fondo inicial contemplado: se habían entregado 608.249,26 dólares.
Jorge Carrillo estuvo a la cabeza del IFCI desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2025. Fue en 2022 que se dio un cambio en las bases técnicas, el que fundamentalmente se enfocó en poner un techo en el monto que se podía pedir. Si antes el mínimo era de 5000 dólares, ahora había un máximo: 25 mil dólares. Hasta hoy, ese tope se mantiene en el proyecto.
Fue Teatro del barrio uno de los proyectos que, desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio, le pidieron que revisara: “Hubo una bajada de línea desde el Ministerio hasta el Instituto que permitió que se elaborara el proyecto para el fortalecimiento de la red de gestión cultural comunitaria. Esa bajada de línea me pareció súper interesante”, dice Carrillo. Sin embargo, esa revisión le permitió darse cuenta de varias cosas, como el hecho de que las primeras convocatorias salieron en onda “pida y se os dará, casi”.
“Esto implicó que hubiera proyectos con 80 mil dólares fondeados”, cuenta Carrillo.
Por eso, la revisión también significó incluir requisitos ligados al uso responsable del fondo, como garantías. “En estos proyectos, no solo en Teatro del barrio, siempre se tiene una especie de cartera incobrable. Es el riesgo de esto; además hubo un caso súper puntual en el que tomaron la plata y desaparecieron”, dice Carrillo. Eso obligó a tomar más recaudos dentro de las mismas bases para que casos así no se repitieran.
De acuerdo al informe de rendición de cuentas del Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación (IFCI) de 2022, ese año hubo 14 proyectos seleccionados en Teatro del Barrio que recibieron un financiamiento de 312.753,65 dólares.
Sin embargo, los tiempos y las necesidades políticas del gobierno de Guillermo Lasso no pudieron esperar. Se debía mostrar que se hacían cosas en cultura, ya que había un desgaste gubernamental importante y el paro de junio de 2022 ya había sucedido. “Creo que hubo un error de concepción al ponerlo en un instituto como el IFCI, pero también se entiende por qué lo hicieron y es que, ante la falta de recursos, se podía echar manos del fondo de fomento”, dice Carrillo. Para él hay algo fundamental que no se entendió al hacer esto: la política del fomento se mueve con mucha lentitud.
“Digamos, se declaran ganadores en diciembre y de ahí viene el ingreso de documentación que puede tomar enero y un poco de febrero. Entonces se inicia el trámite con el Banco de Desarrollo de Ecuador para que haga el desembolso y recién en marzo llega la plata del primer desembolso. No es inmediato. Estamos hablando que son actividades culturales, artísticas, en diferentes territorios donde se viven asimetrías de toda índole y se necesita ese dinero para iniciar el proyecto”, dice Carrillo. Eso significa que para visibilizar las primeras actividades de un proyecto había que esperar al menos seis meses.
Carrillo recuerda que iniciado el 2023, las conversaciones con representantes del Ministerio estaban orientadas a visibilizar los resultados de Teatro del barrio con mayor rapidez. “Es por la tensión que hay entre lo técnico y lo político que se empezaron a darse estas discusiones sobre que no había los resultados esperados”, cuenta el exdirector del IFCI. Y en esas reuniones con autoridades se solía poner como ejemplo Hincha de mi barrio —un proyecto gubernamental ligado al Ministerio del Deporte, orientado a promover la salud mental y física como forma de combatir violencia y consumo de drogas—, el que tenía actividades cada semana. “La evaluación era cómo lograr hacer eso”, recuerda Carrillo de esas reuniones en las que había gente que seguía sin entender las dinámicas públicas y del sector cultural. Fue en esas conversaciones que se planteó la posibilidad de que sea proyecto de inversión lo que estuviera detrás de Teatro del barrio y que ya no fuera responsabilidad del IFCI.
Eso fue lo que sucedió. Los proyectos que fueron aprobados por el IFCI hasta inicios de 2023 continúan en el instituto y, de acuerdo a Carrillo, hay algunos que deberán cerrarse en 2025. Según la documentación que sirvió de base para estructurar el proyecto de inversión, entre 2021 y 2022, el IFCI benefició a 62 proyectos en su totalidad como parte de Teatro del barrio.
Una gerencia para el Teatro del barrio y el drama burocrático
En agosto de 2023 se hizo público el nuevo esquema de Teatro del Barrio. Un proceso que venía trabajándose meses atrás y que para ese momento ya tenía especialistas, promotores y coordinadores trabajando para mapear y encontrar proyectos para ser beneficiados en todo el país.
Ese se podría considerar el principal cambio: ya no se trataba de recibir propuestas sino de encontrar proyectos culturales que ya venían funcionando y tenían dificultades que ese fondo reembolsable les ayudaría a resolver. Por eso, se contrató entre 60 a 70 personas para estar en territorio y eso significó un aumento en el monto total para realizar este trabajo.
De acuerdo al proyecto de inversión: Fortalecimiento de capacidades de procesos artísticos y culturales sostenibles en territorio – Teatro del Barrio, de marzo de 2023, el dinero destinado para este proyecto —que ya no venía del fondo de cultura que maneja el IFCI— sería de un total de 13’076.086,03 dólares, divididos en 2023, 2024 y 2025. Para su primer año se había presupuestado 3’849.427,78 dólares; para el segundo, 5’981.611,67 dólares y para el último año —hasta agosto de 2025, cuando Teatro del barrio debería terminar de acuerdo a los tiempos proyectados— 3’245.046,58 dólares.
En el mismo documento se afirma que la finalidad de este proyecto de inversión es la de “fortalecer las capacidades de los integrantes de procesos artísticos y culturales en el territorio ecuatoriano, a través de financiamiento y acompañamiento técnico, impulsando su sostenibilidad”, según la documentación oficial del Ministerio de Cultura. Por lo que para 2025 buscaba tener 300 procesos artísticos beneficiados, que pudieran empezar un proceso de sostenibilidad por su cuenta. Esa cifra está todavía por confirmarse.
Así, Teatro del Barrio pasó a ser parte de una de las direcciones de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Joaquín Carrasco, quien fuera casi todo el 2023 subsecretario de Emprendimiento, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura, cuenta que esta implementación significó desarrollar una presencia en territorio que ni el IFCI ni el Ministerio tenían en ese momento: “Yo lo hubiera hecho con la Casa de la Cultura que tiene institucionalidad territorial, que tiene más presencia”, dice Carrasco.
Si el objetivo era fortalecer en territorio y generar modelos de sostenibilidad, eso involucraba la existencia de un acompañamiento técnico a los gestores y artistas en el sitio, en el territorio, que ayudara a que esto sucediera. Carrasco dice que su principal preocupación en ese campo fue la de estructurar el andamiaje conceptual y técnico ya que “la propuesta se había trabajado no desde la parte técnica, sino desde el tema burocrático, donde había una masa burocrática bastante grande para gestionar el proyecto, porque como iba a ser un proyecto de inversión, entonces íbamos a contratar todo un equipo que implicaba toda una masa burocrática enorme con abogados, con temas financieros, un montón de gente. Pero claro, luego en la parte técnica era que había que contratar un coordinador o coordinadora y yo les dije que necesitaba cuatro coordinadores que estén repartidos por el territorio, no solo una persona en Quito”.
Así, con la necesidad de tener gente en territorio, con cuatro coordinadores zonales que respondan directamente a la gerencia del proyecto, se gestionó la ampliación de presupuesto para contratar a las personas: “Había voluntad política, entonces podíamos apostar en serio”, dice Carrasco.
Una vez que la propuesta fue aprobada tanto por la ministra de Cultura, por la Secretaría Nacional de Planificación y hubo el financiamiento por parte del Ministerio de Finanzas —ya que existía el deseo por parte del Ejecutivo de que esto funcione— entre mayo y junio de 2023 se empezó a contratar el personal y a contar con un presupuesto importante.
Una vez que empezó el proceso de selección de promotores, gestores y especialistas en territorio, “iniciaron los problemas de la parte burocrática del Ministerio, que es el gran problema dentro de las instituciones públicas en general”, recuerda Carrasco. Estas dificultades tenían que ver con requisitos de contratación que no tomaban en cuenta las particularidades del sector cultural, sobre todo porque se buscaba a personas con títulos universitarios de tercer nivel, y no se tomaba en cuenta la experiencia de gestores culturales o artistas en territorio. Eso significó que muchos perfiles simplemente no pasaran esos filtros.
Los choques entre la parte técnica del proyecto y la parte burocrática del Ministerio eran constantes. “Era impresionante. Un proyecto que buscaba subsanar las brechas existentes y terminaba por afianzarlas aún más”, dice Carrasco.
Ya cuando el equipo estaba funcionando en las distintas provincias —se había proyectado priorizar 169 cantones a nivel nacional, es decir el 76% del territorio ecuatoriano— llegó la segunda complicación, una que sigue generando estragos casi un año y medio después del final del contrato de este grupo de promotores: la falta de pago por el trabajo realizado.
Cuando habla de esto, Joaquín Carrasco pone en evidencia su frustración: “Esto fue el purgatorio, el infierno. Pagarles a los promotores fue algo terrible, lo más duro, lo peor que yo he pasado en mi vida. Tener a gente que estaba haciendo su trabajo, que se dejó la piel y que me rechacen los informes a cada rato porque les faltaba esto y lo otro y tener que explicarles que ellos ya habían hecho lo que se necesitaba de ellos y que aún no les pagaran… era terrible”.
Esta parte siempre fue complicada y cuenta Carrasco que, desde lo financiero, la responsabilidad siempre terminaba siendo de los técnicos, bajo el argumento de que algo faltaba en un informe. Y si esto siempre fue complicado, después de la muerte cruzada —cuando el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones anticipadas, el 17 de mayo de 2023— se hizo imposible: los pagos simplemente no salían.
La gente ya estaba trabajando, seguía trabajando y no recibían el pago por su labor. “Mandábamos comunicados a la parte interna diciéndoles que estábamos vulnerando el derecho al trabajo, pero nada. Y así eran un millón de casos a cada rato. Era Kafka, un tema kafkiano”, recuerda Carrasco. La gente que estaba en territorio en esos momentos, hablando con gestores culturales, explicándoles el proyecto y ayudándoles a llenar toda la documentación para que pudieran ser alguno de los ganadores, siguió haciendo su trabajo sin recibir su sueldo por casi seis meses de labores. Habían firmado un contrato y lo estaban cumpliendo.
Eso significó que gente saliera del proyecto, incluyendo uno de los cuatro coordinadores zonales. Esta es una de las particularidades de Teatro del barrio: la alta rotación de personal, incluyendo gerentes.
En un memorando del 24 de noviembre de 2023, que envió Joaquín Carrasco a Fabricio Castillo García, director subrogante de gestión financiera, deja en claro que personal contratado desde el 7 de julio había recibido solo un primer pago; es decir, desde agosto a noviembre de 2023 no se les había pagado el segundo mes de trabajo que ya habían realizado.
Lo que siempre resuena alrededor de estos hechos es la figura de la Contraloría como ente de control, que obliga al personal financiero a tomar, tal vez, demasiados recaudos para hacer pagos. “El gran problema de la parte burocrática es el de la epistemología del control que emana de la función de control administrativo de la Contraloría. Es decir, eso genera que la burocracia y la parte técnica tenga miedo. O sea, la vocación de servicio público está supeditada a la epistemología de control”, sentencia Carrasco.
Algo de esto conoce Antonella Zamora, quien desde julio hasta noviembre de 2023 fue una de las dos promotoras culturales de Teatro del Barrio para la provincia de El Oro. Cuenta que trabajó de manera ininterrumpida por casi 6 meses, “pero de alguna manera sigo todavía trabajando en esto”. ¿Por qué lo dice así? Porque todavía le deben el pago de los dos últimos meses y para conseguir que le pagaran los anteriores, ha debido hacer “subsanaciones” —el término que se usa para hacer arreglos a la documentación—, algunas con mucho sentido y lógica, bajo pedido de personal del Ministerio encargado de su caso que le han ayudado; pero otras, según su versión, rozarían lo ilegal.
“Me pidieron que cambie las fechas de las reuniones con gestores para que me paguen. Yo me negué a hacer ese cambio ilegal de fechas”, dice Antonella. Ella explica que el pedido se basaría en que otra persona dentro del mismo proceso volvió a hacer el documento de reuniones, pero puso otras fechas que no coincidían con las que ya había enviado y subido al drive al que tenían acceso todos los promotores, especialista y responsables de Teatro del barrio. “No tienen la más mínima idea de lo que tienen. Ni siquiera se han tomado la molestia de revisar el drive”, dice Zamora. Además, cuenta que una vez se perdieron documentos en físico que enviaron desde El Oro y no tuvo más remedio que volverlos a hacer con la especialista: “Nadie supo decirnos quién los había recibido, entonces tuvimos que armarlos y enviarlos de nuevo”.
Al segundo email que recibió como advertencia de que al no cumplir con la subsanación pedida no se le pagaría, ella hizo público su reclamo a través de Facebook.
Ella no sería la única. Dice que al menos una treintena de extrabajadores de Teatro del barrio siguen sin recibir el pago completo y esto, en la actualidad, es un reflejo de lo que aparentemente sigue sucediendo.
Pese a esto, en julio de 2024, un comunicado del Ministerio de Cultura y Patrimonio mostró parte del resultado del trabajo que previamente se venía realizando: de 277 procesos levantados en territorio, 33 fueron seleccionados para recibir un monto máximo de 25 mil dólares, lo que significó una inversión de 750 mil dólares, que supone un poco menos del 20% de los casi 4 millones de dólares que se presupuestaron para los fondos el 2023.
La crisis que no acaba
Esta parte de la historia tiene protagonistas sin nombres. Las personas que hablaron sobre la situación actual del proyecto de inversión Fortalecimiento de Capacidades de Procesos Artísticos y Culturales Sostenibles en Territorio, ahora conocido como Cultura sostenible —el cambio de nombre hacia el exterior se dio durante el gobierno de Daniel Noboa, para distanciarse de lo propuesto por Lasso—, prefieren no ser identificadas. La razón central de esto es que algunas llevan meses fuera del Ministerio de Cultura y todavía no reciben sus liquidaciones y no quisieran que la exposición complique el pago.
Por otro lado, la entrevista con el actual gerente del proyecto, Gabriel Roldós, fue suspendida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio 24 horas antes de que sucediera, por lo que no ha sido posible tener la versión desde el interior de Cultura sostenible. Sin embargo, las personas consultadas dieron detalles de lo que les ha tocado experimentar. Desde presiones para apresurar cierres sin cumplir normativas y hasta de cierto nivel de maltrato por parte de superiores para conseguirlo. Estas mismas presiones se han trasladado a beneficiados y a gente que ha participado en los procesos de selección, quienes se han sentido burladas y hasta maltratadas.
A esto se le suma lo que uno de los entrevistados, quien fuera parte del proyecto, definiera como “la falta de un manual de ejecución de proyecto aprobado”. En otras palabras: los lineamientos base para ejecutar el proyecto existían, pero no tenían firma de responsabilidad de gerente alguno. Esto significó que, ante la insistencia por este documento para saber cómo operar y por su experiencia en la construcción de estos instrumentos, se decidió su actualización en abril de 2024.
“No había forma de tener instrumentos para operativizar el proyecto y, peor aún, medir cosas porque no había forma de establecer eso. A veces se piensa que este proyecto es solo de entregar recursos, pero tiene más componentes, como el seguimiento”, dice otra persona entrevistada.
Quien lideró esta actualización cuenta que trató de encontrar el equilibrio entre la parte técnica, la jurídica y la financiera, para que en el futuro no hubiera problemas con los beneficiados y el área financiera. “Por ejemplo, si la coordinación financiera te dice: ‘Aquí el acuerdo me dice que debe tener este instrumento y el manual también me dice que sí debe existir este documento y ustedes cuando me pasan el primer informe no está el documento, pues no pago’. Y es lógico eso. Entonces tuve que hacer el trabajo con las tres áreas, lo que no era mi competencia”, cuenta. Algunos consultados aseguraron que el manual actualizado es el que se sigue usando.
Pero no fue solo un tema de actualización del manual. En 2024 se volvieron a revisar la treintena de proyectos en proceso y se decidieron hacer ajustes —que significaron reformar y volver a firmar convenios— para que cada proyecto se empatara con la idea general de Cultura Sostenible: que cada una de las propuestas ganadoras tuviera un enfoque en su sostenibilidad posterior—. Por eso se eliminaron actividades en algunos componentes y fueron reemplazadas por algo que aporte a la gestión del proyecto, porque se estaba usando dinero en cosas que no correspondían a lo presentado: “Por ejemplo, un proyecto de danza pedía dinero para mejorar sus atuendos o conseguir talleres o equipos de audio, pero también pedía para la gasolina para el carro que transportaba para los eventos y eso no podía ser parte del proyecto”, cuenta uno de los administradores entrevistados.
Además, durante una semana se realizaron capacitaciones con los especialistas, para que ellos ajustaran los problemas con los convenios desde territorio.
Esto quiere decir que, aproximadamente en su tercer año de existencia, se corrigieron problemas generales en los procesos, así como cosas puntuales en los proyectos beneficiados. “Me dije: Bueno, vamos a hacerlo porque ya hay que hacerlo, primero por el bienestar de mis mismos compañeros y de los gestores; segundo por la institución y tercero por la institución”, cuenta una de las personas que trabajó en esa parte del proceso. De ahí vino lo complicado: explicar los cambios a los beneficiados, quienes no reaccionaron bien porque les estaban pidiendo nuevas cosas que no se les pidió al inicio. “Eso me hizo preguntar cómo estarían los anteriores proyectos”, dice el entrevistado.
A esto hay que sumar el asunto de la gran cantidad de gerentes que el proyecto ha tenido, algo que es complicado de seguir. Haciendo un recuento con varias personas consultadas se puede hablar de, por lo bajo, una docena de gerentes desde 2023. Igual esta cifra podría quedarse corta con la real; sin embargo, acceder a este dato es complicado.
“En los cinco meses que estuve yo, creo que hubo 10 gerentes”, dice Antonella Zamora, lo que revela una dificultad mayor en el desarrollo de los procesos. En ocasiones, documentos ya listos han tenido que volver a empezar su papeleo porque la firma era la de una gerente anterior.
La gente consultada dice que también han pasado gerentes que, sin conocer de contratación pública o de la parte técnica y jurídica del proyecto, han presionado para que los proyectos se ejecuten con rapidez e incluso han “recomendado” a beneficiados que inicien el proyecto sin que hayan recibido todavía el primer desembolso, algo que luego traería problemas para justificar facturas pagadas antes de que se les haya entregado el primer monto del proyecto. Casi siempre, este desconocimiento de lo público genera situaciones que juegan en contra de los mismos servidores.
Esto es un asunto de tensión interna. Un técnico entrevistado dice que renunció luego de que le pidieran su cargo por no cumplir una orden de gerencia que él no consideró que irrespetaba la normativa. En ocasiones se pedían por escrito pronunciamientos jurídicos que avalaran los pedidos desde gerencia, pero estos nunca llegaban.
Tener resultados inmediatos nunca ha dejado de ser una necesidad para el proyecto Teatro del barrio / Cultura sostenible. Esto, a la larga, revela un desgaste al interior del Estado porque quien está a cargo quiere que las cosas se hagan de una forma y rápido y los técnicos tienen que pararles el carro con la normativa y el respeto a los procesos. También se manifiesta en reclamos por parte de una ciudadanía que solo experimenta esa idea de que la burocracia estorba y, a la larga, eso genera un falso dilema.
“Todo esto lastima las relaciones internas de los equipos por una parte y cuando se lastiman esas relaciones internas, esto traduce inmediatamente a la atención al público”, dice Jorge Carrillo. Para él, los costos institucionales —que no son los financieros, sino lo que terminan por perjudicar a los beneficiarios— obligan al ciudadano a arreglar situaciones que la institución debería resolver, pero no lo hace.
Eso pareciera ser el resultado de este proyecto que, de cara a su finalización, se ha desgastado en el camino.
Fotografía: Ministerio de Cultura y Patrimonio en el boletín, “33 procesos artísticos culturales han sido seleccionados en el proyecto ‘Cultura Sostenible”
