Por Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura
El 13 de marzo de 2025, el directorio[i] del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI), liderado por Romina Muñoz Procel, ministra de Cultura y Patrimonio, e integrado por otros representantes de entidades del gobierno de Daniel Noboa, dio un golpe de timón. En la primera sesión extraordinaria de 2025, el directorio del IFCI decidió remover al Econ. Jorge Carrillo Grandes de sus funciones como director ejecutivo, cargo que desempeñaba desde el 20 de septiembre de 2022.
La resolución donde se registra lo dispuesto por el directorio se sustenta en los artículos 129 y 137 de la Ley Orgánica de Cultura (LOC), que señalan: “(El director ejecutivo) Ostentará la calidad de funcionario de nombramiento por concurso y de libre remoción. Podrá ser removido por mayoría simple del Directorio, en cualquier momento del período para el que fue nombrado”. De cualquier manera, y a pesar de estas atribuciones, es menester recordar que el nombramiento de esta importante autoridad del Sistema Nacional de Cultura proviene de un concurso de méritos y oposición para un cargo que debería durar 4 años.
Imagen 1. Extracto de ACTA No. 001-DIR-IFCI-2025-EX PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA EXCEPCIONAL
En esta misma sesión se resolvió nombrar a María Fernanda Landín como la encargada de la dirección desde el 14 de marzo, funcionaria quien llevaba apenas algunos meses como directora de Fomento de Artes Plásticas Visuales y Artesanías del IFCI. Una consulta de su perfil disponible en la plataforma LinkedIn revela que previo a su ingreso a dicha institución no poseía experiencia en la gestión pública y que su formación es de técnica en Comunicación Audiovisual y Multimedia. Así también, que su experiencia proviene principalmente de la producción cultural independiente y que su trabajo anterior lo ejerció en la Fundación PROARTE, un espacio ligado a la promoción y mecenazgo del arte visual guayaquileño.
Imagen 2. Extracto de resolución No. DIR-IFCI-2025-001-EX
Esta disposición, legal y reglamentaria, evidencia que la autoridad a cargo del IFCI está subordinada al Ministerio de Cultura. Si bien una medida de remoción puede resultar comprensible en tanto se requiere de una sincronización de ambas instituciones para el trabajo conjunto en el ámbito del fomento a la cultura, también revela una vulnerabilidad estructural en lo que concierne a la independencia técnica y mejora de procesos del instituto de fomento, pues su accionar ha estado frecuentemente coercionado por las prioridades y urgencias políticas de los gobiernos de turno.
En este marco, cabe la interrogante sobre la fundamentación para la destitución de Jorge Carrillo. A puertas de una segunda vuelta electoral y a dos meses del cambio de periodo presidencial, una decisión de esta naturaleza genera preguntas sobre sus causas y repercusiones. En el comunicado que el exdirector Jorge Carrillo compartió en redes sociales afirma que su “(…) remoción de la dirección ejecutiva del IFCI no es por falta de compromiso, sino porque en este momento electoral, la política se impone sobre la técnica. La gestión actual del estado está volcada hacia la campaña. Mi error: no alinearme”.
Imagen 3. Extracto del comunicado de Jorge Carrillo compartido en su cuenta de Instagram (pág. 2, 6 y 7)
No han sido pocas las voces que en redes sociales o dentro de las mismas instituciones de cultura cuestionan el uso coyuntural de los recursos del Estado y el cambio de la planificación de las instituciones públicas para convertirlas en un vehículo político al servicio de la campaña electoral del candidato-presidente. El efecto monumento y el ciclo económico-político son dos conceptos ampliamente estudiados por la ciencia política que definen la inevitable correlación entre aumento del gasto público dentro de las campañas electorales de mandatarios que buscan su reelección. El pronunciamiento de Carrillo se suma a este reclamo y sugiere que el Ministerio de Cultura está operando enfocado en la campaña de reelección de Daniel Noboa.
Respecto al balance de la gestión de Carrillo, que merece una nota aparte[1] pues ha sido la gestión más duradera al frente del IFCI, es importante aludir al documento que se hizo público y que da cuenta de los resultados de su primer año de gestión, (no se encontró un informe para el segundo año). En este informe se mencionaba que la labor del instituto se concentró en “otorgar recursos financieros no rembolsables por varias vías: sea a través de los concursos que administra el instituto o mediante programas de cooperación internacional”. A través de esta constatación, se reconoce que el desarrollo del fomento no financiero es uno de los retos pendientes del IFCI para lograr una democratización más profunda del acceso a la cultura.
Las carencias en el fomento no financiero (entre los que se encuentra el desarrollo de audiencias, la educación en artes, el fortalecimiento institucional, entre otros) advierten sobre los riesgos de la priorización y concentración del fomento en el mecanismo de fondos concursables, en detrimento del fortalecimiento integral del ecosistema cultural y su cadena productiva. Acorde a lo diagnosticado por investigadores de este Observatorio, esta herramienta no ha logrado generar una política de fomento de las artes sostenible, “lo cual se evidencia, por ejemplo, en los permanentes cambios de categorías y modificación de las bases de los concursos públicos, que parecerían seguir tendencias coyunturales o el criterio de sucesivas autoridades institucionales” (Cardoso, Crespo y Maquilón, 2024)[2]. También, y en relación otro de los problemas clásicos del fomento, está la necesidad de implementar acciones que permitan un mayor alcance en territorio en la entrega de recursos financieros.
La diversificación del fomento será uno de los desafíos de la próxima autoridad designada mediante concurso público, proceso que según el artículo 129 de la LOC debe ser convocado por la máxima autoridad del ente rector en un plazo de quince días tras la remoción del Director Ejecutivo. Llegado este punto, es pertinente precisar que la LOC no hace mención específica al IFCI sino al IFAIC e ICCA, organismos que fueron inconstitucionalmente fusionados y cuya restitución emerge como otro de los grandes pendientes de la institucionalidad de fomento artístico y cultural.
¿La restitución del ICCA es una quimera?
Otro elemento que coincide con la remoción del director ejecutivo del IFCI, y que por el momento puede servir de conjetura al no contar aún con una motivación fundamentada en los documentos oficiales de destitución, ni con un pronunciamiento de las autoridades de gobierno, puede encontrarse en la dilatación que ha tenido el proceso de “desfusión” de los institutos de fomento. Esta tarea debía ser liderada por el IFCI en coordinación con el Ministerio de Cultura, y no ha existido una respuesta oficial al dictamen de la Corte Constitucional sobre la restitución del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC) y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) de noviembre 2024. Sobre esta arista hay mucha tela que cortar; revisemos a continuación algunos puntos.
El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI) nace durante la presidencia Lenin Moreno mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 1039, del 08 de mayo de 2020, a partir de la fusión del IFAIC y el ICCA. Esta decisión, tomada en medio de la pandemia del COVID19 concordante a las políticas de austeridad implementadas a conveniencia del gobierno de Moreno, generó una turbulencia institucional y una serie de protestas y acciones por parte del sector audiovisual que consideró al decreto como inconstitucional debido a que lo dispuesto en la LOC no puede ser derogado mediante un decreto ejecutivo.
Esta carga determinó que desde sus inicios el IFCI se incubó en la inestabilidad institucional. De acuerdo con el primer informe de gestión presentado por Carrillo, correspondiente al período entre octubre de 2022 a octubre de 2023, cada dirección ejecutiva había durado hasta en promedio 4 meses:
| Director/a | Inicio | Finalización |
| Jan Vandierendonck* | Mayo de 2020 | Septiembre de 2020 |
| José Daniel Flores* | Septiembre de 2020 | Febrero de 2021 |
| Bernardo Cañizares* | Febrero de 2021 | Octubre de 2021 |
| Lorena Robalino** | Octubre de 2021 | Junio de 2022 |
| Andrés Sierra* | Junio de 2022 | Junio de 2022 |
| Karina Fernández | Junio de 2022 | Agosto 2022 |
| Jorge Carrillo** | Septiembre de 2022 | Marzo de 2025 |
| María Fernanda Landín* | Marzo de 2025 | – |
Tabla 1. Arqueología documental de los periodos de gestión de directores/as ejecutivos del IFCI (2020-2025).[i]
*director/a encargado/a.
**director/a elegido/a mediante concurso público de méritos
Este informe también indica —textualmente— que el cambio constante de autoridades a la cabeza del instituto se traduce en el retraso de su gestión, en tanto se pierden 2 meses en promedio tras la llegada de un nuevo directivo, aludiendo a la curva de aprendizaje que tiene toda autoridad al iniciar gestiones. A la interna, la fusión también trajo consigo otros problemas: el informe de Carrillo señala que hubo reducción de personal y de servicios, por lo que el alcance de la institución se disminuyó, a la vez que la carga laboral sobre el personal que afrontó la fusión se incrementó.
El diagnóstico generado por Carrillo durante su primer año de gestión no extraña puesto que lo señalado coincide con una de las motivaciones de la fusión, tal como lo expresó en su momento el cantautor y exministro del gobierno de Lenin Moreno, Juan Fernando Velasco al referirse a “una optimización” de recursos. La gestión de Carrillo fue la que mayor duración ha tenido desde la creación de IFCI; sin embargo, el vicio originario en la creación del instituto fue un elemento que de facto entorpeció la posibilidad de legitimarlo institucionalmente como operador del fomento de la cultura nacional.
Durante el primer año de Carrillo frente al IFCI, la movilización de desde distintos frentes del sector audiovisual fue el principal impulso para que el 5 de julio de 2023 en el cine capitalino OchoyMedio, Guillermo Lasso firme el Decreto N.º 812 para restituir el ICCA y el IFAIC, para lo cual estableció un año de plazo; sin embargo, hasta la fecha la medida no se ha hecho efectiva. Posteriormente, la Corte Constitucional del Ecuador dictó la sentencia 29-21-IN/24 el 21 de noviembre de 2024, en la que se ratificó que el ICCA no podía ser extinguido mediante un Decreto Ejecutivo, en tanto fue creado por la LOC. Sin embargo, ni Decreto ni Dictamen han conseguido la materialización de la restitución, y esto sin duda fue una piedra en el zapato durante toda la gestión de Carrillo.
Sobre las acciones internas de los gabinetes de gobiernos de Lasso y Noboa para materializar esta desfusión poco ha trascendido a la luz pública. Entre representantes gremiales y funcionarios se comenta que al igual que en ocasiones anteriores el Ministerio de Economía, bajo excusa de austeridad presupuestaria, frena cualquier posible avance de las autoridades del sector cultural para cumplir con este mandato. De hecho, en su pronunciamiento de fin de gestión, Carrillo afirmó que “la propuesta de restitución que construimos fue rechazada por falta de recursos. La recomendación es, con los recursos que posee el IFCI, restituir el IFAIC y el ICCA”; es decir llevar a cabo una suerte de 2×1 institucional.
Al respecto, en una publicación de la red social Facebook citando al texto de Carrillo, Mariana Andrade —presidenta de la COPAE, gremio de los productores de cine y del audiovisual del Ecuador que impulsó y concreto la firma del Decreto de Lasso— cuestiona el manejo a puerta cerrada al respecto de los posibles escenarios para la restitución de los institutos, impidiendo el aporte y apoyo del sector cinematográfico. Confirmando que la articulación de actores del Sistema Nacional de Cultura para exigir sus derechos y buscar un mejor escenario para el campo cultural ha sido la real quimera desde la expedición de la LOC, más han podido las agendas particulares y la búsqueda de réditos de determinados sectores.
Por ahora, se conoce que la propuesta de restitución de los institutos diseñada por Carrillo fue rechazada por falta de recursos. Además, según su análisis de la coyuntura, a futuro no se prevé que la tendencia económica sea favorable para una mayor inversión de recursos en el sector público. Pero sí quizás para un golpe de efecto de último momento en contexto electoral.
Concurso público para la dirección del INPC: otro pendiente dilatado
Con una dirección ejecutiva encargada se encuentra también el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) desde el 11 de diciembre de 2020, fecha en la que fue designada Catalina Tello para ejercer esas funciones. El directorio de la institución, presidido también por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, terminó dicho encargo tres años después de su inicio, el 23 de abril de 2024 argumentando el incumplimiento del artículo 127 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en el nombramiento. Desde entonces, se generó un nuevo encargo en la dirección ejecutiva a Iovana Jaramillo, arquitecta y magíster especializada en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural Edificado y quien había desempeñado previamente varios cargos en el instituto, incluida la dirección Técnica Zonal 7.
El 21 de junio de 2024 dio inició un proceso y convocatoria para la designación de el/la Director/a Ejecutivo/a del INPC titular. Sin embargo, el 17 de octubre del mismo año se declaró la nulidad “por falencias detectada durante el proceso de apelaciones del concurso”, las cuales según el comunicado del Ministerio de Cultura y Patrimonio imposibilitaban su continuidad.
Imagen 4. Comunicado oficial del MCyP en Facebook sobre la nulidad del concurso.
A pesar de que no se detallaron la especificidad de las mencionadas falencias en el comunicado oficial publicado en redes sociales o en la página web del INPC, algunos participantes del concurso advirtieron sobre irregularidades, principalmente relacionadas con crasos errores en el proceso de calificación. Por ejemplo, hubo un postulante que fue calificado con 0 en la experiencia en ámbito de gestión y/o investigación, a pesar de haber sido docente-investigador por más de 8 años en universidades públicas ecuatorianas.
La nulidad del proceso significó la continuidad en el cargo de Jaramillo, quien también participaba en el concurso. Mientras tanto y tras dos concursos fallidos para titularizar el cargo de la dirección ejecutiva (la suspensión del anterior concurso data de 2021), la incertidumbre de los funcionarios aumenta y el malestar interno se hace evidente a través de algunas renuncias en cargos del nivel jerárquico superior dentro del INPC. Hasta la fecha no se ha establecido un cronograma para una nueva convocatoria, a pesar de que se había señalado que la última respondió a “una demanda del sector cultural, así como de los trabajadores de INPC y la ciudadanía”. Al igual que para el IFAIC, la LOC determina un plazo de quince días para la convocatoria de un nuevo concurso tras la remoción de el/la Director/a Ejecutivo/a del INPC (art. 46), sin embargo la remoción del último director ejecutivo titular data de hace más de cuatro años con tres gobiernos que se han sucedido en funciones.
Institucionalidad de la cultura: ¿a la deriva o en campaña electoral?
La remoción de Jorge Carrillo de la dirección ejecutiva del IFCI y la declaratoria de nulidad del concurso para Director/a Ejecutivo/a del INPC dejan con directores encargados a los dos principales brazos operadores del ente rector en ámbitos de creatividad y del patrimonio respectivamente. ¿Este es el balance de la gestión institucional para la cultura del periodo de gobierno de Daniel Noboa? ¿O es que los encargos resultan coyunturalmente convenientes? Las acciones del ente rector deben ser medidas y cuidadosas en tiempos de una reñida campaña electoral en la que los recursos gubernamentales —económicos y humanos— se encuentran a merced del candidato-presidente.
En tiempos de contienda partidista, también hay que considerar que la operatividad del Sistema Nacional de Cultura puede verse afectada por las relaciones entre el ministerio y algunas de las principales instituciones públicas de cultura del país. El 17 de marzo, la ministra de Cultura en declaraciones al medio digital En Primera Plana[3] manifestó que las dinámicas de trabajo conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la Secretaria de Cultura de Quito y con la Dirección General de Patrimonio Cultural de Guayaquil no sea han dado al más alto nivel en diálogo directo entre autoridades y con la fluidez que se esperaría: se busca una adhesión a los lineamientos de política pública a través del envío de documentación vía “quipux” o a través de reuniones entre equipos técnicos. No ha existido una reunión en pleno de las máximas autoridades del Sistema Nacional de Cultura, el diálogo se lo segmenta en función de aquellas dependencias que se considera “trabajan de manera comprometida”[4], como lo ha declarado la misma Ministra a Diario La Hora como criterio de priorización en la coordinación con los núcleos de la Casa de la Cultura.
Sin embargo, la comunicación oficial del Ministerio de Cultura se esfuerza en resaltar los logros normativos recientes: la Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y Acceso al Libro, y la de Fomento a las Industrias Culturales y Creativas de Ecuador 2025-2035. En contrapeso, otras voces contestan esta aseveración recordando el implacable veto presidencial a la reforma de la Ley Orgánica de Cultura de octubre 2024 y la situación de los institutos presentada en este artículo.
Algunas de las deudas con el sector cultural —y no aludimos únicamente a los recursos presupuestarios— se mantienen intactas y ni siquiera dependen de los marcos normativos. La acción coordinada, fuera de cálculos políticos, es fundamental para suplir la falta de recursos de la que históricamente adolece el sector. Además, hay causas cohesionadoras que incluso podrían ayudar a superar las diferencias y pugnas que se exacerban en plena campaña electoral: la deuda pendiente sobre la Seguridad Social de Trabajadores de la Cultura es un tan solo un ejemplo. Desaprovechar la campaña electoral para exigir a los candidatos compromisos reales sobre el sector, y por el contrario ubicar al arte al servicio del proselitismo resulta imperdonable, así como también lo es sacrificar la institucionalidad de la cultura con estas motivaciones.
Respecto de las direcciones de los institutos (IFCI e INPC), la máxima autoridad del ente rector del Sistema Nacional de Cultura debe convocar a un nuevo concurso en un plazo de quince días. Ante este mandato surgen varias inquietudes: ¿se respetará el plazo para iniciar el proceso de designación director ejecutivo del IFCI? ¿se convocarán dos concursos uno para IFAIC y otro para el ICCA? Si esto sucede, más dudas se abren sobre el (o los) cronogramas de los concursos ¿se apurará una designación en las postrimerías de un periodo presidencial de transición? ¿Cuáles serán los requisitos que plantearán las bases para la postulación? Esto último tomando en cuenta que han sido siempre cambiantes y de geometría variable a conveniencia de las autoridades de turno.
En relación al INPC, la situación conlleva sus propias interrogantes respecto de las falencias halladas en el último concurso y sobre las garantías de transparencia en un eventual nuevo proceso, del cual aún no se conoce fecha. También sobre la situación de una institución que ha permanecido con su dirección bajo encargo por un largo tiempo y en la cual también se han planteado inquietudes al respecto de la priorización y el peso administrativo que supone gestionar las varias líneas de fomento que ahora son herramienta de política patrimonial. Esto ha significado un giro importante en la manera en la que el INPC ha trabajado su gestión sobre la salvaguarda y la conservación de los patrimonios culturales del país: ¿ha existido un real debate al respecto? Ojalá estos elementos de fondo se tomen en cuenta a la hora de establecer un concurso público para una dirección permanente. Independientemente de las respuestas a estas incógnitas puntuales, lo planteado en este artículo se presenta como nudos críticos que deberán resolver las próximas autoridades nacionales elegidas en abril. Estos y otros elementos deberían formar parte del debate público de lxs postulantes a la presidencia de la República, o al menos de sus equipos encargados de diseñar el plan de campaña para la cultura del país. Ya que como se ha comprobado desde este Observatorio —a través de múltiples invitaciones y campañas desde 2021— las propuestas de cultura nunca están en la agenda principal de los presidenciables. Por tanto, la obligación de quienes se interesan genuinamente en el devenir del sector es ir a buscar y exigir respuestas.
Ilustración por Estefania Buitrón.
[i] La cronología se construyó a partir de la información pública disponible. En lo que respecta a los/as directores/as encargados/as, no se halló en todos los casos documentación oficial que certifique la fecha entrada y/o salida de su cargo.
[1] Desde 11 de septiembre de 2024, el Observatorio envió un cuestionario con 6 preguntas al Econ. Jorge Carrillo para conocer más detalles al respecto de su de gestión en el IFCI. Hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
[2] Cardoso, Pablo, Ana María Crespo, y Mario Maquilón. «Políticas Culturales en Ecuador en el siglo XXI. Construcción institucional, ciclo económicos y vaivenes políticos.» En Políticas culturales en el siglo XXI en ocho países de América Latina, coord. Antonio Canelas, Susana Dominzain y Eduardo Nivón, 245 – 294. Buenos Aires: CLACSO, 2024.
[3] Entrevista completa en: https://www.youtube.com/live/qVb6W9MwJoI?si=3AYzEUeQo75m55Z9&t=5423
[4] https://www.lahora.com.ec/pais/ministra-cultura-cuestiona-gestion-casa-cultura-nuevos-proyectos/
[i] El directorio está integrado por: 1. El Ministerio de Cultura o su delegado; el secretario de la SENESCYT o su delegado; 2. El Ministerio de Industrias y Productividad o su delegado; 3. El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; 4. El Director del Instituto, quien actuará como su secretario, con voz sin voto.
