Por Pablo Cardoso.
En medio de la cita global de la COP16 en Cali (Colombia), donde la cultura fue incluida como un eje transversal esencial para abordar las urgentes problemáticas climáticas del planeta, el presidente Daniel Noboa envió un veto total a la reforma a la Ley Orgánica de Cultura, aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 30 de septiembre. Esta decisión implica que cualquier nuevo intento de reforma a este cuerpo normativo deberá esperar un año, ya con un nuevo gobierno y una nueva Asamblea.
El proceso de reforma a la LOC venía trabajándose sostenidamente al menos desde 2021, tiempo en el que este Observatorio siguió los diferentes momentos de la discusión[i]. En la última recta el liderazgo lo ejerció la Sede Nacional de la Casa de las Culturas, enfocándose sobre todo en el cabildeo de contenidos con la Comisión de Educación, Recreación y Cultura de la Asamblea. Sin embargo, la sorpresa para gran parte del sector cultural llegó con repentina aprobación de la reforma en el Pleno legislativo tras la inclusión de significativas modificaciones derivadas de una operación política de último momento desde el Ministerio de Cultura[ii][1].
¿Cómo entender esta aparente contradicción? ¿Cómo es que el jefe de Gobierno contradice lo parcialmente impulsado por su propia cartera de Estado?
Al revisar el texto del veto, no queda la menor duda de que existió oposición manifiesta dentro de algunos sectores del gobierno respecto de la reforma. Una fuerte descalificación del ensamblaje normativo aprobado por la Asamblea, una especie de arrastre jurídico. Quizás, considerando las emergentes aclaraciones que las vocerías del Ministerio de Cultura y Patrimonio hicieron hasta el mismo día en el que se produjo la objeción presidencial a propósito de las reformas sobre el patrimonio edificado, se puede deducir que hubo injerencia del sector inmobiliario para torpedear cualquier posibilidad de reforma. ¿Quiénes dentro o fuera del gobierno tienen intereses en estos negocios?
El otro frente de oposición de fondo a la reforma pudiese haberse originado por lo económico. En el veto se menciona expresamente que: «“establecer estrategias como incentivos y estímulos” para que las personas, instituciones y empresas inviertan, apoyen, desarrollen y financien procesos, servicios y actividades artísticos culturales, representan un impacto fiscal […] representan una reducción en los ingresos que financian el Presupuesto General del Estado».
Es decir, nuevamente se confirma la posición marginal que ocupa la cultura dentro de cualquier priorización gubernamental; y peor aún, su potencialidad como fuente de respuestas estructurales a la anomia que vive el Ecuador. De nuevo, lo cultural queda relegado a lo epidérmico y a lo decorativo.
Frente a esta situación la carta que se juega el Ministerio de la Cultura está en el discurso de la cultura y su impacto en la economía (lo que hace ya una década fue el trend topic de la economía naranja colombiana). A manera de compensación se erige la promesa inmediata de expedición de una política pública de industrias culturales -ciertamente necesaria, pero no suficiente- y de la activación del clúster audiovisual, que es uno de los varios temas pendientes en cultura desde el gobierno de Guillermo Lasso. Ambas iniciativas confirman la continuidad y prevalencia de la atención al segmento de la cultura desde el enfoque de las economías creativas.
Sin embargo, esta óptica deja de lado las visiones no hegemónicas, la gestión comunitaria, los sectores y organizaciones independientes, quienes más necesitan la consolidación y estabilidad del campo cultural ecuatoriano en los actuales momentos. Varias voces siguen interpelando la dirección que ha tomado el manejo de la cultura en los recientes años y los paradigmas bajo los cuales se encuadra la política cultural[2]. Agrupaciones y colectivos, por ejemplo la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria, protestaron porque las reformas aprobadas por la Asamblea no habían respetado los anteriores procesos participativos y no contemplaban las sugerencias generadas desde la organización cultural.
Lo cierto es que con el fracaso del proceso reformatorio de ley queda colgada la posibilidad de mejorar algunos pendientes y deudas históricas para la cultura, algunas de las cuales no requieren de una reforma a la Ley sino de una óptima reglamentación e implementación de la misma: afiliación a la seguridad social para trabajadores de la cultura, reparación a la institucionalidad de cultura con la restitución de sus dos institutos de fomento, viabilidad administrativa a la Casa de las Culturas y a otras instituciones del Sistema Nacional de Cultura, afinamiento en el tratamiento del patrimonio y la memoria social en la ley vigente, entre varias otras.
El sinsabor final alrededor de la reforma a la LOC está en que el texto aprobado por la Asamblea obedecía más a una suma de conveniencias y a un tejido de retazos jurídicos, que a una real y coherente apuesta por el sector cultural.
Notas.
[1] Aquí Jonathan Cardenas explica el proceso de intervención del MCyP en la reforma final de la ley aprobada por el Pleno legislativo:
https://youtu.be/2rX_XPBPWHA?si=tice_BgICHn-H6UV&t=6323
[2] Intervención en Foro PANORAMA DE LAS POLÍTICAS CULTURALES EN LATINOAMÉRICA: ¿A DÓNDE VA LA REGIÓN? En el 4to “https://youtu.be/2rX_XPBPWHA?si=lbwEpNkEwjxiDFp7&t=3996
[i] https://observatorio.uartes.edu.ec/2022/07/18/y-la-reforma-a-la-ley-organica-de-cultura-cronica-de-un-proceso-en-suspenso/
[ii] https://www.facebook.com/CECCYT/videos/1160375571702201/
