Por Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes de Ecuador.
A nivel general ¿Cómo calificaría usted el paquete de Reformas aprobado por la Asamblea Nacional el 1 de octubre? ¿Bajo su criterio cuál es la tendencia que emerge en estos cambios?
La reforma a la Ley de Cultura comenzó con una fuerte apuesta desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). Varias de nuestras propuestas fueron incluidas en el proyecto final presentado en septiembre de 2023, el cual reflejaba de cerca las necesidades del sector cultural. Sin embargo, la versión final aprobada por la Asamblea Nacional introdujo cambios que impactan el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura, generando preocupación. Por ejemplo, ciertos artículos otorgan nuevos roles al Ministerio de Cultura, dando más poder y capacidad de decisión, lo que podría generar interferencias en otras instituciones culturales.
Es importante revisar la relación que la Casa de la Cultura mantendrá con el Ministerio, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI) y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ya que el Ministerio asume competencias que antes no tenía. Un tema que nos inquieta particularmente es la modificación mínima en el artículo 20 sobre la Seguridad Social para artistas, que apenas mejora la situación actual.
Otra preocupación institucional es el cambio hacia un modelo de gestión descentralizado de la Casa de la Cultura, que regresa a un esquema vigente hasta 2016, el cual no fue funcional en su momento. Aunque podría funcionar con reformas adicionales, la falta de coherencia en las competencias puede llevar a un colapso institucional, ya que no se puede operar bajo un modelo descentralizado sin una reforma estructural adecuada.
A pesar de estas preocupaciones, hay elementos positivos en la reforma. Por ejemplo, se refuerza la Cinemateca Nacional y se incluye el Plan Nacional del Libro y la Lectura dentro de la Biblioteca Nacional, lo que permitirá un mejor desarrollo de estos proyectos. También se otorga al Ministerio de Cultura la capacidad de sancionar el incumplimiento de la ley, lo que es fundamental para su correcta aplicación.
En resumen, aunque hay aspectos que mejoran la legislación vigente, las versiones preliminares de la reforma respondían mejor a las necesidades del sector cultural que la versión aprobada.
¿Cuáles fueron las principales reformas que había planteado la Casa de las Culturas Ecuatoriana y cuál fue la nueva dirección que se buscó otorgar a la institución con estas propuestas?
Desde el CCE, propusimos mantener el actual modelo de institución desconcentrada. Es importante aclarar la diferencia entre descentralizada y desconcentrada: una institución descentralizada, como un municipio, tiene autonomía total en todas sus decisiones administrativas; mientras que una desconcentrada tiene competencias delegadas. El modelo descentralizado propuesto en la reforma implica que cada núcleo del CCE tendría plena autonomía, lo cual es problemático porque el resto de la ley sigue planteando una institución desconcentrada.
Esto genera inconsistencias graves. Por ejemplo, en una institución desconcentrada, las normativas se elaboran a nivel de la Junta Plenaria; En una descentralizada, cada núcleo provincial debería establecerlas. Sin una coherencia entre el modelo de descentralización y las competencias, la CCE no podría operar adecuadamente.
Uno de los puntos que impulsamos fue la gestión de la línea de fomento a la diversidad cultural por parte del CCE, lo cual fue eliminado en la reforma final. Sin una cercanía a los territorios, como la que ofrece el CCE, los fondos de fomento seguirán concentrándose en Quito, excluyendo a los artistas y gestores culturales de las provincias.
Estas reformas trabajadas por la CCE durante un tiempo sostenido recogían planteamientos de qué sectores. ¿Por qué se puede decir que era una propuesta más democrática y participativa que la que fue finalmente aprobada?
La propuesta del CCE se construyó a partir de 29 reuniones en todas las provincias del país, con la participación de más de 1.000 artistas. Este proceso se consolidó en un documento aprobado por unanimidad por la Junta Plenaria del CCE, lo que le daba un respaldo nacional y democrático. Fue una propuesta que nació del sector cultural y respondía a sus necesidades, en contraste con la versión aprobada, que desestimó varios puntos clave y careció de una amplia representación de organizaciones de la sociedad civil.
El director de Política Pública del MCyP expresó que la Reforma a la LOC era inviable y utópica ¿Cuál es su postura ante esta afirmación? ¿Cuáles son los criterios bajo los cuales se determina la viabilidad de una Reforma?
Bueno, me parece que el Ministerio de Cultura en realidad aportó durante toda la construcción del debate de ley, muy poco.
Tanto con el actual gobierno como con el gobierno anterior, tuvimos un ministerio que estuvo ausente dentro de las discusiones y que no fue un partícipe activo dentro del proceso de discusión de la reforma a la Ley Orgánica.
Y finalmente que a última hora el Ministerio se haya sumado para desmembrar y destruir una propuesta construida desde varias voces es altamente preocupante y además una propuesta que había sido construida con elementos de participación ciudadana. El pensar que era poco viable o utópica me parece que no corresponde más que a cierto criterio hiperburocratizado de una administración de Cultura, de una institución que no es capaz de salir de sus propias cuatro paredes en la calle Colón. Creo que no entienden la realidad del sector.
Qué es lo que fundamentalmente le preocupaba al ministerio y que se había opuesto permanente a que en la casa de la cultura maneje la línea de fomento a la diversidad cultural, porque para ellos les parecía que era un choque de competencias, por un lado y por otro lado, que había una duplicidad de trabajo entre lo que hace el IFCI.
¿De la cultura pero la pregunta es ante la sociedad y ante los artistas del país, es decir, qué capacidad tienen realmente de acceder a los fondos que tienen un Ministerio de Cultura?
Cuando tienes un instituto que maneja estos fondos, que no tiene real capacidad de incidencia en los territorios, entonces me parece que lo utópico es pensar que vamos a tener un fondo funcionando de manera adecuada, que puedas llegar a los artistas de manera adecuada si tenemos un Ministerio de Cultura y un Instituto de fomento de las artes que cuya única presencia está asentada en la ciudad de Quito.
Con la reforma aprobada, ¿Cuáles son los cambios más significativos que se prevé para la gestión de la Casa de las Culturas? ¿y para entidades como la Cinemateca Nacional?
La nueva versión de la ley cambiará varios elementos importantes. Uno de los aspectos que más nos preocupa es la falta de claridad en las competencias al transformar la Casa de la Cultura en una institución descentralizada. Creemos que, si esta es la voluntad del Legislativo, se debe reformar todo el cuerpo normativo que rige en la Casa de la Cultura. Lo que se ha hecho hasta ahora es modificar el artículo 151, eliminando o cambiando su naturaleza, pero manteniendo en el resto de los artículos el modelo de una institución desconcentrada.
El resultado es una entidad que, por un lado, se considera descentralizada y, por otro, mantiene competencias desconcentradas, creando una especie de «Frankenstein institucional». Lo que proponemos es que, si la intención es descentralizar la Casa de la Cultura, se articulen claramente sus competencias para que funcione como tal. O, si se mantiene como desconcentrada, se ajusten los artículos correspondientes para que el modelo funcione de manera coherente y adecuada.
Por otro lado, el tema de la Cinemateca Nacional ha sido una victoria para la Casa de la Cultura. Se han logrado tres cambios fundamentales: primero, se le otorga institucionalidad, convirtiéndola en una entidad desconcentrada de la Casa de la Cultura, lo que le da autonomía administrativa y le permite recibir un presupuesto propio del Ministerio de Finanzas, mejorando su funcionamiento. En segundo lugar, se establece que la Cinemateca será un depósito legal, lo que significa que todas las producciones audiovisuales registradas legalmente en Ecuador deberán depositar una copia en sus archivos, lo que permitirá el crecimiento del acervo audiovisual. El tercer cambio, aunque de menor relevancia, es que no existen más cinetecas públicas en el país, pero se ha consolidado su liderazgo.
Finalmente, la Cinemateca Nacional del Ecuador se convertirá en la cabeza de una red nacional. Esto implica que, a medida que instituciones públicas, universidades, municipios o incluso iniciativas privadas crean espacios de preservación de la memoria visual, será la Cinemateca quien definirá las políticas y se articulará con estos actores para garantizar el cuidado del material audiovisual del país.
Entre los cambios propuestos de manera general, y que no atañen exclusivamente a la CCE ¿Cuáles considera Ud. que podrían considerarse como retrocesos?
No estoy seguro de si podemos hablar de retrocesos claros, pero lo que sí podemos afirmar es que no hay avances significativos, y esto es importante señalarlo. La reforma del Seguro Social para los artistas no se concretó; el texto legal no introduce cambios sustanciales en cuanto a la situación de la Seguridad Social, más allá de añadir una palabra que, en la práctica, no mejora las condiciones de su funcionamiento.
Había expectativas de que la ley pudiera mejorar ciertos aspectos relacionados con la institucionalización en temas de patrimonio, pero los avances en ese ámbito son mínimos. En resumen, no puedo decir con certeza que la ley representa un retroceso, pero sí que en muchos aspectos no ha generado los avances necesarios, que es lo que estábamos buscando.
¿Cuáles son las principales expectativas y nudos críticos a tomar en cuenta entre los actores del sector artístico y cultural ante una eventual reglamentación de esta Reforma a la LOC?
Creo que estamos en un punto clave, a la espera del veto del Ejecutivo. Aún existen espacios para ajustar algunos artículos y obtener una versión final que nos permita, a partir de ahí, luchar por una reglamentación adecuada. La ley actual establece que, en un plazo de 90 días, se debe generar la normativa y la reglamentación, lo cual está planteado como una disposición planteado.
Nosotros también hemos propuesto que este plazo se amplíe, ya que es muy complejo desarrollar la normativa en tan poco tiempo. Es crucial ajustar aquellas áreas que aún no están claramente alineadas con el Ejecutivo. Lo que nos preocupa ahora es que la responsabilidad de reglamentar la ley recaerá en el Ministerio de Cultura, y no tenemos certeza de hasta qué punto el Ministerio podrá llevar adelante un proceso participativo que permita construir una reglamentación que realmente responda a las necesidades del sector.
¿Cuáles son los grandes pendientes que quedaron fuera de este proceso de Reforma?
Bueno, como ya he señalado, hay algunos temas que quedaron pendientes de resolver, creo que para el sector siempre será la Seguridad Social. Uno de estos elementos claves sobre los cuales hay que volver a ver y discutir.
