Por Thalíe Ponce.
¿Cuál es la relación entre cultura y paz? ¿De qué forma la cultura se vincula con los territorios, los derechos humanos y la reparación histórica? ¿Cómo se pueden generar, desde la gestión cultural, estrategias para promover la memoria, la justicia social y la participación social?
Esas preguntas, que han sido discutidas ampliamente en América Latina durante las últimas décadas, hoy cobran una relevancia particular en el contexto ecuatoriano, atravesado por la violencia, la presencia del crimen organizado y una profunda crisis multidimensional.
Alrededor de estas interrogantes se generó un diálogo durante el Cuarto encuentro de políticas y economía de la cultura, organizado por el Observatorio de Economía y Políticas de la Cultura de la UArtes en Cuenca del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2024.
En este espacio, que se tituló Gestión de centros culturales públicos latinoamericanos, territorio, derechos humanos y reparación histórica, participaron Fabiola Leiva, coordinadora de Gestión Cultural de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile; Xiomara Suescún, directora del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata, de Colombia; y Paola Zavala, subdirectora de Vinculación del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de la UNAM México.
La cultura de la paz en la política pública
¿Es posible hablar de una cultura de la paz sin una concepción integral de los otros derechos? Fue el punto de partida, planteado por Paola de la Vega, una de las moderadoras, para arrancar este diálogo.
Fabiola Leiva identificó en Chile la ausencia de diálogo en la gestión cultural del país sobre cultura de paz. Sin embargo —dijo— sí se habla de algo relacionado: la memoria. Aunque se trata de un concepto y una mirada tensa. “Porque nos retrae inmediatamente a un pasado que es tan doloroso que no lo queremos ver, nos trae a un presente que es muy complejo y porque nos proyecta a un futuro que está muy incierto”, según Leiva, quien tiene años de experiencia de trabajo en gestión pública y gestión cultural en su país.
Otros dos conceptos que identificó como esenciales para iniciar un diálogo alrededor de estos temas en su país fueron la convivencia y la afectividad.
En el caso de Colombia, el eje de cultura de paz es transversal en la política cultural. “Hace parte de los epicentros de la conversación”, dijo Xiomara Suescún, directora del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata. Explicó, además, que esa estrategia tiene que ver también con “reconocer las poblaciones, darle la voz a la diversidad de comunidades y llegar a las regiones del país (…) con una apuesta primero, decidida y segundo, concertada”.
Y de allí se desprenden gestos de reparación simbólica. Por ejemplo, el hecho de nombrar el centro nacional de las artes como Delia Zapata Olivella, “como un reconocimiento a las mujeres afro, un reconocimiento a las mujeres de región, de las expresiones populares, en este caso de las danzas populares del caribe colombiano”. Pero también tiene que ver con el contenido, como la construcción de líneas curatoriales alrededor de la paz y de otros temas centrales como la conexión entre ancestralidad y futuro, el agua y la tierra, y diversidades y culturas populares.
Otros de esos gestos tienen que ver directamente con la historia de guerra del país, y el posterior proceso de paz. El 9 de abril pasado, por ejemplo, el centro cultural realizó un evento junto a la Unidad para las Víctimas de Colombia, como un esfuerzo de reparación simbólica y de visibilizar el proceso de las comunidades de los firmantes de paz, “para no olvidar esos 9 millones de historias que no deberían repetirse”.
Asimismo —al igual que Leiva— Suescún rescató la importancia de construir los afectos y la noción de comunidad cuando se habla de la cultura de la paz.
Los derechos humanos y la gestión cultural
¿Cómo se logra la historización de los derechos humanos y derechos culturales desde la gestión cultural? Esa fue el disparador planteado por Bradley Hilgert, vicerrector académico de la Universidad de las Artes, quien también fungió como moderador de este espacio, para dar inicio a una segunda parte de la discusión.
Para Fabiola Leiva, los derechos culturales están muy asociados a habilitar las posibilidades del ejercicio de memoria. “Esa habilitación del ejercicio de memoria en Chile ha estado muy con centrada en reconocer la violación a los Derechos Humanos que propició por años el estado”, dijo. Pero a su vez, reconoció que la propia comunidad ha recordado que hay varias otras memorias que se pueden habilitar desde la función pública.
En el caso de Valparaíso, tiene que ver no solo con una memoria asociada a los derechos humanos, sino también a una memoria carcelaria y una memoria comunitaria y barrial. “La ciudad de Valparaíso es de las ciudades a nivel de organización barrial, líderes en mi país con una historia comunitaria relevante desde fines del siglo XVII, que construyó la ciudad”.
Además —explicó Leiva— el Parque Cultural de Valparaíso fue una cárcel pública que funcionó desde fines de los 1800 hasta 1999. Si no hubiese sido por la movilización de las comunidades artísticas, sociales y barriales de la ciudad —en resistencia por casi una década— el sitio se hubiera convertido en un proyecto inmobiliario.
Aunque en un inicio este sitio, que fue inaugurado oficialmente en 2012, arrancó como un espacio netamente artístico, la gestión cultural coordinada con el esfuerzo comunitario logró que se reconozca finalmente también como un sitio de memoria, que rescata la historia carcelaria de sus orígenes, de la mano de los derechos humanos. Y eso tiene un impacto también en la agenda y la programación.
Por su parte, Xiomara Suescún dijo que como parte del proceso de construcción de un modelo de gestión cultural, una de las reflexiones centrales ha sido justamente el tema de los derechos culturales y qué significa —en la práctica— ejercerlos y protegerlos.
En ese sentido, uno de los principales desafíos ha sido definir la relación con las poblaciones con las que existen ya sea reparaciones pendientes o brechas —sociales, económicas, estructurales— para trabajar con esas poblaciones y al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de sus derechos. Un tema clave ha sido el acceso, pero el acceso a qué y en qué calidad, se pregunta Suescún. “No es suficiente el acceso, sino que el contenido que estamos programando le esté hablando a las poblaciones y a los diferentes tipos de público”.
Otro desafío en torno al ejercicio de los derechos culturales, según Suescún, tiene que ver con la incidencia. Allí la pregunta es: ¿cómo garantizar la participación más activa de las diferentes poblaciones para que haya una incidencia desde ellas hacia la gestión cultural?
Paola Zavala, del Centro Cultural Tlatelolco de México, se refirió, dentro del contexto de derechos humanos, a las tensiones.
Zavala dijo que este espacio nace con los derechos humanos como vocación por la carga del espacio que ocupa. Se encuentra físicamente en la zona de Tlatelolco, que fue el lugar de la última resistencia contra los españoles. Años más tarde, en ese mismo lugar ocurrió un evento histórico de México: la matanza a los estudiantes de 1968, por parte del ejército.
Además, ahí funcionó la secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí sucedieron dos eventos importantes: la primera fue la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que dio origen a todos los tratados internacionales en materia de igualdad de género, y también se firmó el tratado contra las armas nucleares. “Entonces es un espacio que tiene una carga histórica muy fuerte vinculada a los derechos humanos”.
Actualmente, la principal tensión tiene que ver con el mismo Estado en un contexto muy complejo. En México, la policía civil acaba de ser militarizada y así mismo, las calles están ocupadas por militares. “Desde el centro cultural nos hemos resistido a esta militarización, que es un proceso que lleva años en México, nos enfrentamos directamente con nuestros posteos, con nuestra con nuestra línea programática, a esta militarización. Y sí hay una tensión real con el gobierno”, dijo.
Zavala también se refirió a los desafíos de la accesibilidad, como garantía de los derechos culturales. Alrededor de eso, los esfuerzos del Centro Cultural Tlatelolco tienen que ver con las personas con discapacidad, las diferentes poblaciones —entre ellas indígenas—, las infancias y las personas en situación de calle.
Sin duda, la gestión cultural tiene un papel crucial en la construcción de la paz y los derechos humanos, especialmente en contextos como el de América Latina, donde enfrentamos diversas crisis, como violencia y autoritarismos de distinto nivel. Este diálogo —además de haber sido un espacio para reflexionar sobre lo que ocurre en ese sentido en la región— sirve también como una invitación a pensar, en Ecuador, en nuevas estrategias que permitan que la cultura sea una herramienta de resistencia y transformación social.
