Por Eduardo Varas C.
A través de la mirada de tres expertos, hacemos un repaso sobre lo inmediato a lo que un próximo gobierno tendrá que dedicarse en un sector tan golpeado —como otros en el país— y tan poco considerado como lo es el cultural.
Hay cosas mucho más inmediatas que solucionar en el Ecuador de hoy, es cierto. Al momento de escribir esta nota se vive en el país una crisis eléctrica con cortes de energía diarios, de varias horas; la situación de la seguridad no tiene visos de solución y en temas de salud y educación hay tantos problemas como personas que no reciben una atención adecuada.
En ese marco, ¿quién quiere pensar en la cultura?
Bueno, es posible hacerlo, incluso en medio de todo el caos que supone vivir en este territorio. Siempre y cuando se entienda en dónde se está parado: porque, en este rubro, Ecuador vive una institucionalidad estatal que ha bajado sus presupuestos paulatinamente, año tras año. Por ejemplo, en 2015 el presupuesto del Ministerio de Cultura y Patrimonio fue de casi 54 millones de dólares, y en 2024 llegó a 17 millones. También se trata de un sector con una Ley Orgánica de Cultura que existe desde 2016 y que no ha sido aplicada en su totalidad; una ley que se buscó reformar este año, a través de un proceso en la Asamblea Nacional y gestionado en conjunto con el Ministerio, que terminó con un proyecto vetado por el presidente Daniel Noboa, el pasado 30 de octubre.
A esto se le debe sumar la poca aplicabilidad de normativas y decretos —como el decreto ejecutivo 812, firmado en julio de 2023 por el entonces presidente Guillermo Lasso, en el que se dejaba sin efecto la fusión del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, IFAIC, con el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICCA. Algo que de acuerdo al decreto debía suceder en seis meses y que todavía no pasa—. Así como una estructura casi bicéfala entre Ministerio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana que no se ha podido resolver en casi dos décadas; problemas constantes en la entrega de fondos de fomento por la existencia de requisitos absurdos; críticas a ciertas gestiones como la declaratoria como patrimonio cultural del encebollado, entre otras.
También se debe considerar una situación laboral del sector que, de acuerdo a datos del Sistema Integral de Información Cultural no deja de ser preocupante. El porcentaje de personas mensualmente empleadas en actividades artísticas y culturales, para 2023, llegó solo al 5,21% del empleo nacional registrado, que de por sí ya es bajo. Es decir, 154.551 personas consiguieron trabajos relacionados al sector cultural, cada mes del año pasado.
O el hecho de que existe la impresión de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio no es para nada una preocupación para los gobernantes. Tanto en las administraciones de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa, la selección de alguien que comande ese ministerio siempre ha sido uno de los últimos anuncios o confirmaciones. Algo que al parecer se repetirá en esta ocasión.
A fines de septiembre pasado, Henry Cucalón, candidato presidencial por el Movimiento Construye, hizo pública la lista de las personas que lo acompañarán en cada uno de los sectores de su gabinete y sí, adivinó, no había ni un solo nombre ligado al Ministerio de Cultura y Patrimonio.
El candidato presidencial Juan Iván Cueva, del movimiento AMIGO, es de los pocos que ha publicado su plan de gobierno en este punto de la carrera electoral. En lo referente a cultura habla de crear festivales de cultura con el apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y se compromete a que “el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura, el Sistema Nacional de Educación, la academia, las ONG, los GAD se conviertan en factores del desarrollo cultural desde los territorios”.
Entonces, con esto sobre la mesa, ¿qué es lo que deberá considerar importante una próxima gestión estatal del sector? Aquí, algunas ideas e impresiones.
Ivette Celi: “Dejar a la cultura bajo el criterio de técnicos que conocen el campo y el medio cultural”
Para la magíster en Políticas Públicas y ex subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ivette Celi, es casi imposible que en la próxima campaña presidencial los temas culturales tengan espacio. Hay necesidades más elementales que los candidatos deberán tratar, como el tema de los cortes eléctricos, por ejemplo. Pero eso no significa ignorar aquellos que es necesario para el sector, desde la rectoría que ejerce el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Celi habla de la necesidad de una intervención a dos niveles. El primer nivel, ligado a la “tecnificación del Estado, no solo en Cultura; es decir, colocar gente que conozca del sector público y que sea técnica en cada uno de sus aspectos”, dice. Esto, asegura ella, debería ser la base para que la política pública cultural empiece a funcionar.
Su perspectiva es crítica. “Para mí, el 98% de funcionarios del Ejecutivo no son técnicos y son gente que desconoce abismalmente los sectores a los que está atendiendo —dice Celi— y lo que estamos viviendo ahora es resultado de esto. No solamente en energía, en economía o en política distributiva/retributiva social; sino en general, y nos pasa factura en cosas tan ridículas o distópicas como la declaratoria de un encebollado en lata como patrimonio cultural. O sea, eso es falta de toda técnica y de todo conocimiento por más que el mismo Ministerio de Cultura trate de defenderlo, de justificarlo”.
La declaratoria del encebollado como patrimonio cultural inmaterial se realizó el pasado 25 de julio de 2024, en la sesión solemne por los 489 años por la Fundación de Guayaquil. La distinción fue impulsada por la marca Alimentos Real, desde mediados de 2023. El problema de esta decisión del Estado ecuatoriano es, para Celi, que surge de un desconocimiento sobre “cómo se generan las declaratorias de patrimonio, ya que una declaratoria de patrimonio no puede atender a un pedido corporativo”.
En un segundo nivel de intervención, Ivette Celi habla de algo que ella cree que nunca va a pasar: la despartidización de la cultura.
¿Qué se conseguiría con eso? “Se salvaría un poco la autonomía de pensamiento y de acción dentro de los espacios culturales, para regir procesos identitarios y de cohesión social, para una reconstrucción del tejido social”, dice. Sin embargo, ella no es optimista, ya que la experiencia en el país ha sido de gestos y políticas públicas en función de la ideología del poder de turno.
“Si tenemos un gobierno al que le interese lo corporativo, vamos a tener declaratorias como la de encebollado. Y si tenemos un gobierno de izquierda que intente generar una identidad, pues lo hará pensando en identidades hegemónicas nacionalistas, lo cual también es errático”, dice quien fuera directora del Museo Nacional entre 2018 y 2019.
Esta autonomía de la cultura es explicada por Celi como una acción que sobrepase el capricho político del momento. Ella pone de ejemplo lo que sucede con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, de Chile, que sin importar quién esté gobernando, sigue cumpliendo su trabajo “en función de la acción crítica que hay detrás de la memoria”.
“Eso aquí sería imposible —dice—. Dirían que es algo correísta, que eso es muy no sé qué y eso limita el ejercicio mismo del pensamiento sobre los procesos de la memoria”. Celi afirma que esto se da por la existencia de una institucionalidad demasiado frágil: “A mí no se me ocurriría pensar que el Museo del Prado tenga una visibilidad partidista relacionada a Pedro Sánchez, por ejemplo”.
¿Qué se podría hacer de inmediato? Para la experta hay varias cosas que se deberían hacer rápidamente: “En política pública hay decisiones que se pueden tomar en cinco segundos, apenas te sientas. Está el tema del relacionamiento con las áreas de producción, con otros sectores como el educativo, con la educación superior. Hablo de decisiones que se generen a partir de la voluntad política y que pueden ser muy significativas, como la liberalización de los aranceles del papel, algo de mucha ayuda al sector editorial. Eso es una política pública, no decir lo que un autor debe escribir o decidir sobre lo que se publica o no se publica”.
En síntesis, para Celi los dos niveles en los que un próximo gobierno debería intervenir se centran en la necesidad de “dejar a la cultura bajo el criterio de técnicos que conozcan el campo y el medio, no bajo el direccionamiento político sobre lo que debería o no debería ser la cultura de un país. El ejercicio de la política cultural es una cosa muy distinta, que sirve para garantizar los derechos culturales y además para garantizar la sostenibilidad de los actores del sector y su trabajo”.
Un trabajo que para ella ha venido cayendo como consecuencia de gobiernos que han colocado a la cabeza del sector a gente que “no tiene idea de lo que hace; entonces, lo que hace es vaciar de contenidos la gestión de una institución, que gasta presupuesto en el pago de funcionarios que no están ejecutando nada”. Ivette Celi afirma que no se trata de criticar a la masa salarial del Ministerio, sino de saber lo que realmente hace.
“Antes de la pandemia tenías, en espacios culturales como museos o repositorios nacionales, a 70 personas para atender cuatro o cinco de esos espacios. A duras penas creo que hoy llegan a 30, así que tienes un déficit de la mitad, donde un funcionario está haciendo el trabajo de cuatro o cinco y el servicio es insuficiente”, concluye Celi.
Juan Martín Cueva: “también existe una responsabilidad del sector”
Con experiencia como realizador audiovisual, director ejecutivo del Consejo Nacional de Cine, viceministro de Cultura y director de Creatividad, Memoria y Patrimonio del Municipio de Quito, Juan Martín Cueva está muy al tanto de la situación cultural en Ecuador.
“Ya existe una institucionalidad, la Casa de la Cultura no apareció anteayer, tampoco el Ministerio de Cultura, ni los institutos, las orquestas sinfónicas, las compañías de danza…”, dice Cueva. Con eso, él se refiere a que el próximo gobierno no puede llegar a inventarse un nuevo marco institucional, normativas o formas de funcionar porque estas ya existen y se conocen sus mecanismos de financiamiento, sus estructuras, competencias y obligaciones. “No digo que sea fácil, pero a veces parecería como si alguien llegara a un terreno baldío a inventarse el agua tibia y no es así”, dice.
Para Cueva esta es una costumbre generalizada: que cuando alguien llega a dirigir un nuevo espacio, hace tabla rasa de lo que existía antes, buscando ese cambio “radical, inmediato y profundo de todo”, agrega. “No digo que todo tiene que quedar igual —dice el experto—, porque tienen que pasar cosas. Pero tampoco se puede creer que uno viene a fundar algo nuevo”.
Si bien este es una de las ideas que debe cambiar en una próxima gestión, hay algo más que él considera necesario examinar: el estado del fomento a las artes. Un tema que él le ha dedicado tiempo y reflexión.
Tanto que el pasado lunes 30 de septiembre, en el Cuarto Encuentro de Políticas y Economía de la Cultura, que se desarrolló en Cuenca, dirigió la charla El fomento como objetivo de las políticas culturales en Ecuador.
“Los gestores culturales y la burocracia cultural, los funcionarios que trabajan en instituciones cultuales, no han interiorizado la distinción fundamental entre lo que es fomento y lo que es contratación pública. Y por esa razón, los funcionarios entran y salen, aterrorizados por la Contraloría General del Estado”, dice Cueva.
Para él, muchas veces esto significa que no se toman decisiones adecuadas que se podrían tomar porque el miedo es más grande.
En una de las últimas convocatorias del área de Artes Literarias y Editoriales de Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación (IFCI), de abril de 2024, enfocada en narrativas híbridas, a los 12 proyectos ganadores se les pidió una condición financiera adicional que no estaba incluida en las bases: una póliza de buen uso de anticipo.
Conseguir una de esas pólizas tenía un costo de 900 dólares. Monto complicado de conseguir para gestores y artistas que, con pocos recursos, apostaron por un fondo para hacer proyectos y lo ganaron.
Luego de un intercambio con las cabezas del área y del IFCI, este requisito adicional fue eliminado en aproximadamente 18 días. Firmaron un pagaré en su lugar.
“Veo que hay un temor en gente muy bien intencionada que llega a esos cargos, pero que no se atreve a tomar decisiones por temor a la Contraloría y porque los abogados que te asesoran generalmente no conocen sobre el sector. Conocen a la perfección la norma de contratación pública y te dicen: Por Dios, no firme eso, que se va a meter en líos. Y la gente se asusta”, remata Cueva.
Otro problema que asume como relevante es el hecho de que en ocho años de Ley Orgánica de Cultura —más allá del fallido intento reciente de reformarla— no haya sido aplicada en su totalidad, “ni siquiera en lo más grande, lo más macro”, dice Cueva, como la existencia de un solo instituto de fomento, luego de la fusión de los dos existentes durante el gobierno de Lenín Moreno. En la ley se habla del IFAIC y del ICCA, no del IFCI.
Ni el decreto firmado por Guillermo Lasso en julio de 2023, para que el IFCI vuelva a ser dos institutos —como se dice en la ley— se ha cumplido.
“Voy a decir algo que no es muy popular; pero, si bien las reglas son responsabilidad de las instituciones públicas y del Legislativo, también existe una responsabilidad del sector. Porque ha sido poco activo, poco participativo, poco crítico con la ley vigente”, dice.
Como ejemplo cuenta lo que sucedió con el sector del cine, luego de la aprobación de la Ley de Fomento de Cine, en 2006 y la creación del CNCine, al año siguiente, lo que incluyó la aparición de fondos de fomento: “El sector cine tenía la fama de ser el más organizado, los únicos que habían conseguido una ley, lo que fue verdad, pero también es verdad que cuando la ley empezó a funcionar, la gente se desmovilizó totalmente y terminó siendo bastante pasiva”.
Para Juan Martín Cueva es posible que en las otras áreas del sector haya sucedido algo parecido.
Paola De la Vega: “no puedo garantizar la educación en arte, si no hay unas políticas claras de trabajo”
La docente, investigadora, gestora cultural, doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos y docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Paola De la Vega, es quizás una de las voces más autorizadas en el medio para hablar sobre la situación cultural del país. Tanto por sus investigaciones, sus libros y sus comentarios y análisis en varias notas y en redes sociales.
Considera que en la actualidad la relación que existe entre el sector y el Ministerio de Cultura y Patrimonio se centra en ver a la institución “casi exclusivamente como un dador de recursos, a través de los fondos de fomento”, dice. Aclara que no es malo que existan los fondos y que ella no critica su uso, solo cuestiona que la relación se haya reducido a eso.
“Esto te arroja como a otra cosa, ¿no? Porque hay una relación clientelar, acomodada. Pero lo que quiero decir es que esto te muestra que la principal preocupación del sector es el trabajo”, dice.
Lo de la falta de trabajo no puede tomarse a la ligera. “Hemos ganado mucho en derechos, en términos, por ejemplo, de educación en artes. Y te hablo como alguien que se dedica a la educación. Ahora, si bien hemos ganado una cancha importante en la formación, lo primero que te dice la teoría de los derechos es que los derechos son interdependientes, interrelacionados. Y yo no puedo garantizar la educación en arte, si no hay unas políticas claras de trabajo y me refiero sobre todo cuando piensas en la profesionalización”, agrega.
De la Vega, además, habla de un tema del que poco se hace referencia y que tiene que ver con la jubilación de funcionarios de carrera en instituciones culturales —ligadas no solo al Ministerio de Cultura y Patrimonio, sino a secretarías y direcciones de cultura de municipios y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también—: “Oigo mucho esa preocupación y es algo que las autoridades no han pensado. O sea, no les he visto hacer ningún debate serio sobre el tema que es la jubilación de varios funcionarios de carrera, que probablemente no respondían a los perfiles profesionales y necesidades culturales que demanda el presente. Pero el hecho de que se jubilen no significa ‘chévere, vamos a contratar a alguien nuevo’. No, significa que pierdes la partida”, dice.
Ella afirma que no se trata de un problema minúsculo: “Esto quiere decir que vas a tener instituciones mucho más precarias por dentro, para ofrecerte o garantizarte el derecho a tener servicios culturales dignos, no solo como artistas, sino como ciudadanía. Entonces ahí tienes un problema súper grande porque ¿cómo vas a sostener todo el aparato institucional, todos los servicios culturales, museos, centros culturales, bibliotecas, etcétera, con esto que está sucediendo? Estás perdiendo partidas”, añade De la Vega.
Asegura que no solo la institucionalidad se precariza, sino que decenas y decenas de profesionales que son preparados por universidades de país, para ocupar esos cargos, finalmente no tienen trabajo.
Lo cual se traduce en algo igualmente preocupante: “Lo veo en mis estudiantes cuando les dices ‘bueno, y qué quieren hacer’. Y quieren irse, no graduarse; irse. Entonces piensas que hay una inversión pública para la educación; por ejemplo, esta es una universidad concertada, o sea, tenemos dinero en el Estado para dar becas, así que formas a mucha gente con dinero público, y te preguntas en qué se va la inversión pública en educación. Se va en gente que tienen que soñar en otro lado, porque prácticamente es eso, se van a otra parte, porque aquí no tienes”.
De la Vega dice que otro tema que debe reflexionar el siguiente gobierno tiene que ver con la selección de la persona que esté al frente del Ministerio de Cultura y Patrimonio. “El perfil de la persona debería salir de dentro del movimiento o partido. Pero ha pasado que tienes perfiles que han sido artistas, músicos, que han tenido reconocimiento o una validación social. Y si no tienes una base política, difícilmente puedes agenciar en la política dura los cambios estructurales que necesita esto. Claro, alguien sin información política no puede entrar a esta cancha, porque esa cancha se juega en la política, pues no es solo la voluntad y las buenas ideas y el querer hacer. Son otras reglas”, dice.
Para De la Vega esa situación es tan compleja que ante el veto total del presidente Daniel Noboa a la reforma a la Ley Orgánica de Cultura solo queda pensar una cosa: “No respaldas a tu ministra, ¡qué complejo eso!”.
La experta está convencida de la importancia de la voluntad política para cumplir este perfil, porque se debe estar al lado de un presidente y tener una relación muy fuerte con sus equipos de trabajo y las distintas instituciones. “Hay argumentos para hacer cosas, debates, talleres, memorias de infinidad de encuentros, pero queda la idea de que nada se mueve. Porque los mejores cerebros de esta generación están haciendo compras públicas y están muertos de miedo en su escritorio y no quieren firmar nada”, sentencia.
Sin embargo, hay algo todavía más profundo, en pleno momento de crisis. “Todo el mundo dice que la crisis climática es un problema cultural, que es un problema cultural si la gente se pasa el semáforo apagado porque no hay luz sin pensar en el carro que cruza en la otra dirección… pues, si eso que estamos viendo que nos ahoga y que tiene que ver con comportamientos y prácticas culturales, ¿qué política haces como Ministerio de Cultura para transformar culturalmente a la sociedad, para cambiar eso?”, cuestiona.
“O sea, la cultura tiene ese poder simbólico de transformar y de conmover, ¿no? No veo que nos hagamos esa pregunta; tampoco veo que haya un proyecto político en ese sentido”, termina de decirlo segura de que todavía falta plantearse algo que es, al mismo tiempo, básico y necesario.
