El fomento a la cultura se ha visto como una herramienta tanto para los artistas, gestores culturales y trabajadores de la cultura como para las empresas privadas. Esta ansiada sintonía entre las partes ha originado algunos planteamientos en términos de política pública como la promulgación de leyes, normativas, planes y programas. Sin embargo, cuando los incentivos para la cultura coexisten en un contexto de reducciones presupuestarias de las instituciones culturales del Sistema Nacional de Cultura, no sólo se produciría un resquebrajamiento de la institucionalidad, sino un incumplimiento legal.
Por Lorena Falconí*/ @lorenafalconi
El Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador (MCyP) continúa en su campaña informativa acerca del 150% de deducibilidad en el impuesto a la renta[1] como un mecanismo para atraer financiamiento privado para proyectos artísticos y recompensar así a los benefactores. Así lo explica Álex Grijalva[2], Director de Seguimiento y Evaluación de Emprendimientos, Artes e Innovación de la entidad: “El beneficio de aquellas empresas que invierten en cultura, será la devolución de USD 1.50 por cada dólar de inversión, efectiva durante el proceso de conciliación tributaria para el cálculo del impuesto a la renta. Además, y complementariamente existen otros beneficios, entre otros como: promoción y posicionamiento de la imagen o marca comercial del patrocinador; fortalecimiento del compromiso social del patrocinador con el desarrollo de las artes y la cultura; y todos los beneficios que devengan de los acuerdos con el patrocinado.”. Esta herramienta guarda concordancia con la Ley Orgánica de Cultura (LOC) del 2016 que en su artículo 118, literal c, señala que los estímulos serán para el patrocinio, promoción y publicidad de bienes, servicios, actividades y eventos artísticos y culturales.
Si bien la normativa del estímulo tributario lleva un año de vigencia, el listado con los beneficiarios del aval y empresas patrocinadoras no está disponible. Grijalva puntualiza: “Una vez que se accionó el proceso para el cierre de avales y consiguiente emisión de certificaciones del ejercicio fiscal 2022, se publicarán todas aquellas propuestas artísticas y/o culturales avaladas y que tuvieron patrocinio. Las empresas que otorgaron patrocinios en el país, como entidades del sector financiero y comercial, independientemente de su giro de negocio (…) harán efectivo el incentivo tributario y deducirán en la conciliación tributaria el monto de sus patrocinios durante los tres primeros meses del presente ejercicio fiscal.”. Se estima que los datos se subirán a la página web del Sistema Integral de Información Cultural (SIIC). La fecha aún no está definida.
En una búsqueda aparte, fue posible conocer que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda apoyó la exposición de arte del escultor Milton Estrella Gavidia efectuada en junio de 2022 en la ciudad de Quito bajo la figura del incentivo del 150%. Para obtener mayor información, se estableció comunicación con el artista con el fin de solicitarle el contacto de la empresa que lo patrocinó, sin embargo, al encontrarse fuera del país -en un simposio en Colombia- sostuvo que a su regreso preguntaría a la cooperativa la posibilidad de facilitarnos el número y así realizar una entrevista sobre la visión empresarial de este estímulo tributario. También y paralelamente, se remitió una solicitud de diálogo con la mencionada compañía pero hasta el cierre de este artículo no se obtuvo una respuesta.
Conviene subrayar que este estímulo tributario está enfocado en alentar al sector privado a invertir o apoyar de forma económica o simbólica (no monetaria) las iniciativas del sector artístico, lo cual guarda coherencia con la línea de la economía naranja instaurada desde el período del ex presidente Lenín Moreno.
En lo que respecta al 2023, el pasado 7 de febrero se promulgó la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual que incluyó a la producción audiovisual como sector de interés nacional. En consonancia y como fomento de carácter económico, se configuraron una serie de exenciones tales como el régimen especial de exoneración a la importación de bienes para la producción de obras audiovisuales, la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para pagos al exterior en relación a las producciones audiovisuales, la exoneración del Impuesto a la Renta en pagos al exterior, la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para propósitos vinculados al sector, el Certificado de Inversión Audiovisual (CIA) y el Incentivo al desarrollo del talento y la economía nacional. Con lo que se percibe, al menos hasta que se publique el reglamento, que existe una apuesta por el fomento a la inversión y la dinamización de actividades económicas en este campo.
La política de la economía naranja
Desde agosto de 2019, durante la presidencia de Moreno, se presentó el “Plan Integral de Fomento a la Economía Naranja – Ecuador Creativo”, con el fin de fomentar la industria cultural nacional y brindar incentivos al sector como el IVA cero en servicios culturales. Este Gobierno se caracterizó por promover la economía naranja e incluso manifestó querer incrementar el porcentaje de participación en el PIB en un 3% para el 2021, hecho que no pudo concretarse considerando la pandemia de COVID-19. Adicionalmente, se asignó un Fondo de Fomento a las Artes, la Cultura y la Creatividad por convocatoria pública para proyectos y festivales; movilidad para la gestión cultural y Cultura Viva Comunitaria.
Al mismo tiempo (2019), la asignación presupuestaria del Ministerio de Cultura de ese año había decrecido drásticamente en relación al anterior (2018) en un 47% evidenciándose así la baja sistemática en el presupuesto anual del MCyP hasta la fecha (con excepción del año 2021). Por lo que, los incentivos podrían verse como mitigantes ante esta problemática reduccionista. Al respecto, Cardoso (2021) puntualiza: “En términos macro, este tipo de políticas —si su funcionamiento es adecuado y relevante— provocan una deliberada reducción de la recaudación tributaria ahondando el proceso de reducción de tamaño y capacidades redistribuidoras del Estado. Particularmente, en lo relacionado al significado en términos de políticas culturales, traspasan la responsabilidad estatal de priorización y focalización hacia agentes privados.” (p.225).
En 2022, el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura publicó el artículo Hitos de la cultura en Ecuador 2022 de la autoría de Aarón Fuentes en el que se sostiene que: (…) una de las políticas que sí parece funcionar y tener continuidad desde una de las entidades del SNC[3], son las líneas de fomento. Las impulsadas por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación fueron: Teatro del Barrio, Composición Bicentenaria, Cultura Viva Comunitaria, Procesos de Creación de Artes Escénicas y Artes Vivas, Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, Movilidad Internacional y Rehabilitación Social; en donde se invirtieron 6,8 millones de dólares, según la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP). Sin embargo, habría que cuestionar el papel de estas líneas de fomento que, además de aumentar la competencia por los recursos, precariza el trabajo de los artistas y gestores, como establece la investigadora, docente y gestora cultural, Paola de la Vega.”. En este sentido y en cuanto a la política pública de los años anteriores, Cardoso (2021) indica que: “Los fondos concursables de fomento a la cultura han sido, sin duda, la principal herramienta de política pública continua para la promoción y gestión de la cultura en el país en los tres últimos períodos presidenciales.” (p.222).
Así, María Elena Machuca, actual Ministra de Cultura en una entrevista del pasado mes de diciembre 2022 con el periodista Lenin Artieda mientras fue interpelada por el decrecimiento presupuestario de esa cartera de Estado, sostuvo que: “el sector artes es el que más pronto se ha recuperado después de la pandemia”, como prueba de su enunciado mostró una hoja impresa con datos proporcionados por el SRI. Sin embargo, al ingresar al sitio web del Servicio de Rentas Internas se aprecia un escenario que podría parecer distinto, dado el reporte de Recaudación por actividad económica correspondiente al año 2022, donde se observa que la sección artes, entretenimiento y recreación figura como un solo sector que, a su vez, contiene 4 ítems: actividades creativas, artísticas y de entretenimiento; actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; actividades de juegos de azar y apuestas y finalmente actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas. El total recaudado para ese año fue de USD 27.853.829 anuales que, en comparación con lo percibido por otras áreas como “actividades financieras y seguros”, muestra claramente cifras bajas.
En palabras del chileno Cristian Antoine[4], historiador, periodista y experto en políticas culturales: bajo una buena política de deducciones fiscales “todos los contribuyentes se benefician de las mismas tasas de reducción, independientemente de sus ingresos. Pero, en esencia, los ciudadanos que no son no sujetos al impuesto a la renta son los que más no se benefician de esta reducción y por tanto de este incentivo.”.
Merece una reflexión la política de incentivos tributarios en un escenario variopinto como el ecuatoriano. Después de las Asambleas Regionales y de la Primera Asamblea Plurinacional de las Artes y las Culturas efectuada en noviembre de 2022 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, se revela, preliminarmente, que las principales demandas para el ámbito cultural son la priorización del sector, la ampliación de los presupuestos públicos en cultura y la generación de políticas públicas que aseguren los derechos laborales de las y los trabajadores de las artes y la cultura. Por lo tanto, la articulación entre las demandas del sector y lo estipulado en las actuales políticas, es un requerimiento urgente, más allá del arduo ejercicio de gestión cultural para la formulación de políticas culturales nacionales que, para no olvidar, deben procurar una mejora en la mayor parte de la población.
Referencias
Cardoso, P. (2021). Pandemia y renovación política: Ejes cartesianos de la cultura en Ecuador en 2021. En P. Cardoso y M. Maquilón (Ed.), Observar la Cultura: Estructuras, crisis y pandemia (pp.207-236). Guayaquil: UArtes Ediciones.
Notas al pie
[1] La norma para acceder a este incentivo fue aprobada por la ministra María Elena Machuca, el 4 de marzo de 2022, la misma que se enmarca en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que entró en vigencia el 29 de noviembre de 2021.
[2] Entrevista realizada a Álex Grijalva, Director de Seguimiento y Evaluación de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura el 1 de marzo de 2023.
[3] Sistema Nacional de Cultura.
[4] Charla magistral de Cristian Antoine el 21 de septiembre de 2022 durante el 2do Encuentro de Políticas y Economía de la Cultura en Quito, Ecuador.
*Lorena Falconí (1982). Gestora cultural y jazz lover. Colaboradora del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura.
*Las opiniones expresadas en este texto son de exclusiva responsabilidad de su autora y no representan la posición del Observatorio.
