La larga disputa entre un arte por el arte y un arte en sintonía con lo que ocurre en su contexto inmediato. ¿Tiene el arte la responsabilidad de expresar el malestar ante la precariedad de las condiciones laborales de sus creadores? Dos visiones: la del Ministerio de Cultura y la de la comunidad de artistas.
Por Mario Maquilón
El 13 de junio de 2022 inició en Ecuador un Paro Nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), al que se sumaron otros sectores como el bananero y el campesino. Las manifestaciones tenían como objetivo exigir al Estado la atención de varios puntos críticos que afectaban negativamente las condiciones de vida de la población, en espacial de aquella en situación de vulnerabilidad. Entre estos nudos de conflicto destacan la reducción y estabilización del precio de los combustibles, el respeto a los derechos colectivos, la no privatización de sectores estratégicos, el fortalecimiento de los presupuestos para salud y educación, el control de la especulación de precios, el alto a la expansión extractivista minera/petrolera, y la garantía del empleo y los derechos laborales.
Tras un fallido intento de diálogo, y después de 18 días de movilizaciones, el 30 de junio de 2022 el Gobierno Nacional y la dirigencia indígena llegaron a un acuerdo mediante el cual se dio por finalizado el Paro Nacional. El pacto conlleva la conformación de 10 mesas técnicas para abordar las demandas pendientes y que en 90 días deberán dar resultados. Si bien esta vía ofreció una alternativa para la conciliación, las jornadas de manifestaciones evidenciaron nuevamente, al igual que en octubre de 2019, la profunda división existente entre la sociedad ecuatoriana que se manifiesta a través del racismo y la exclusión hacia grupos históricamente desfavorecidos; en este caso, las poblaciones indígenas. Una muestra de lo anterior es la criminalización de las luchas sociales por parte de sectores privilegiados que no se ven obligados a enfrentarse a las mismas condiciones de precariedad, en lo que se puede identificar imaginarios colectivos marcados por la nefasta herencia del colonialismo y el neoliberalismo.
La inacción gubernamental
Lo anterior revela que las configuraciones y representaciones culturales y artísticas tienen una gran incidencia en el desenvolvimiento de acontecimientos políticos y económicos, en tanto determinan las dinámicas de interacción entre sus participantes. En este sentido, las declaraciones de instituciones y autoridades del ámbito cultural tienen la capacidad de influenciar la opinión pública sobre los eventos históricos de interés nacional. Por ello, resultan preocupantes declaraciones como las ofrecidas por María Elena Machuca, ministra de Cultura y Patrimonio, quien en una entrevista del 24 de junio para diario El Universo y en el contexto del Paro Nacional, hizo un llamado a los artistas para que no se dejen llevar por la política, y para que den ejemplo de creatividad, paz, alegría y unión a través de su trabajo. En esta línea, en una publicación previa en su página personal de Facebook, la ministra compartió una imagen que indicaba que “más de 100 mil trabajadores de la cultura podrían ser afectados por la paralización de actividades”, aludiendo a la necesidad de la reactivación y regreso a la normalidad.
Sin embargo, y más allá del hecho de que la cifra antes expuesta no se encuentra respaldada por una fuente, hay que cuestionarse sobre aquella “normalidad” que se propone defender. Antes del inicio de las movilizaciones, el sector cultural y artístico se encontraba en crisis por la pandemia y por la reducción de presupuestos y falta de apoyo por parte del Gobierno Nacional. Es así que la Segunda Encuesta de Condiciones Laborales en Trabajadores de las Artes y la Cultura del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura reveló que la situación de artistas y gestores empeoró en 2021 en relación al 2020. Por ejemplo, se mantiene el pluriempleo como vía para cubrir los gastos mensuales (55,76 % en 2021 y 51 % en 2020) y la necesidad de incurrir en ocupaciones fuera del campo artístico y cultural (44,49 % en 2021 y 33,66 % en 2020). Así también, un 75,09 % de encuestados en 2021 indicó que sus ingresos entre enero y abril fueron menores o iguales a los del mismo período en 2020.
Por tanto, la defensa de esta “normalidad” desconoce la necesidad de realizar cambios estructurales que generen mejoras para las condiciones de artistas y gestores, y olvida la cualidad intrínseca del arte y la actividad cultural para cuestionar e interpelar a las instancias de poder respecto a las carencias presentes en la sociedad. Como muestra de esta actitud pasiva del Ministerio está el pronunciamiento ante la ocupación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte de la Policía Nacional, argumentando que este espacio debería dedicarse a la paz y el diálogo. Sin embargo, la presencia de los uniformados representó precisamente un impedimento para que aquello pudiera darse, en tanto significó una irrupción en la autonomía de la mencionada institución cultural y un atentado contra los derechos culturales de quienes intentaban congregarse allí. Estas acciones demuestran un interés en mantener el status quo antes que atender los clamores y reclamos de la población.
Manifestaciones a favor de la protesta social
En contraposición a esta posición oficial, diversos actores culturales manifestaron una posición comprometida con el Paro Nacional y con sus respectivas demandas. Es así que el 17 de junio circuló a través de redes sociales un manifiesto en el que académicas (os) y trabajadoras (es) de la cultura del país expresaron su respaldo a los pedidos de la ciudadanía movilizada en el país, añadiendo que el devenir de los pueblos depende de las luchas permanentes en pos de la conquista de los derechos civiles, con la respectiva interpelación a los poderes de turno. Este enfoque contrasta radicalmente con la tibieza planteada desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así también, se exigió que se desista del “uso de los medios de comunicación convencionales como recursos para promover el odio y la barbarización de pueblos indígenas”, con lo que emerge nuevamente la problemática de construcción de imaginarios y de configuraciones culturales por parte de las esferas del poder.
Posteriormente, el 24 de junio, se difundió una carta virtual con invitación para la firma y cuyo título era: Ministra ausente, requisición, represión y racismo presentes. En esta comunicación, artistas, gestores culturales y académicxs firmantes se posicionaron en contra del neoliberalismo que ocasiona la regresión de derechos, ante lo cual proponen la integración de pueblos y nacionalidades indígenas, sectores populares, feministas, estudiantes, ecologistas y disidencias y artistas. En este sentido, se describe al arte como un agente movilizador y como una manifestación viva y dinámica, superando la visión que las concibe como “piezas muertas en un mausoleo que esconde bienes para una posteridad oscura”. La carta también expresa que la representación de los pueblos y nacionalidades en los panfletos y propagandas de los estamentos estatales (incluido el Ministerio de Cultura y Patrimonio) cae en el exotismo y en una problemática representación multiculturalista, agravada por la anulación de los indígenas como sujetos políticos.
Así también, se puntualiza sobre el preocupante precedente que significa el uso de la Casa de las Culturas Ecuatoriana como centro de operaciones policiales, que agrava “abandono por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio” del sector cultural. Al respecto también se señala la inmensa deuda de esta entidad gubernamental y de sus autoridades en lo que concierne a la generación de políticas que sostengan a largo plazo las debilitadas instituciones públicas de la cultura, garantizando servicios y trabajo digno de los funcionarios, la consolidación de derechos laborales para los trabajadores culturales, y el disfrute pleno de derechos a las ciudadanías en lo cultural. Como síntomas de lo anterior está la continua reducción de presupuestos y de los fondos de fomentos, además de la falta de un enfoque que responda a la diversidad del campo.
El Paro Nacional suscitado en Ecuador durante el mes de junio de 2022, además de exponer las dificultades de subsistencia a las que se enfrenta la población, también reveló las discrepancias en la concepción del arte y la cultura entre el organismo rector gubernamental y los actores que conforman el campo. Mientras que el primero parece verlas como elementos ajenos y accesorios a los conflictos y nudos críticos que enfrenta el país, los segundos ejercen su participación política a través de ellas. Esto podría revelar también el papel que juegan en la planificación nacional y en las prioridades gubernamentales. De forma similar, también exhibió el descontento de un sector que lleva años lidiando con el abandono sistemático y recursos insuficientes.
Esta coyuntura se presenta como una oportunidad para repensar el rol de las artes y la cultura en las esferas políticas, económicas y sociales de un país, y la forma en que se presenta la interseccionalidad que conecta todas estas esferas. Así también, emerge la posibilidad de fortalecer mediante estas vías la participación ciudadana y su involucramiento en la generación de políticas y medidas de gobernanza, a partir de la diversidad de expresiones artísticas y culturales que reflejan el sentir y desear de un pueblo para con la nación que habitan. Como bien se pronunció el Frente de Defensa de la Universidad de las Artes en su participación durante las movilizaciones: “Las artes, ni bellas ni apolíticas, críticas y combativas”.
