El allanamiento y la requisición por parte de la policía a la sede Nacional de la Casa de la Cultura de Quito generan rechazo por parte de los trabajadores de la cultura. Este espacio guarda en su interior parte de la memoria fílmica, histórica y arqueológica del país, pero ahora funge de cuartel policial.
Por Ana María Crespo/@laana_mary
El 19 de junio allanaron la sede de la Casa de la Culturas en Quito por la supuesta presencia de “material bélico”. Hecho que más adelante se corroboró como falso. El absurdo ha llegado a niveles que no creíamos posibles, al menos no tan pronto, y a medida que el paro nacional continúa su curso y el número de ciudadanos se incrementa en las calles, flashbacks de la época de dictadura militar se hacen presentes. Dice Fernando Cerón, director de la Casa, —durante el último gobierno militar de facto— ocurrió algo de magnitud similar, pero los registros de la época lo ocultan. La historia suele repetirse. «La casa no es cuartel», dice un letrero ubicado sobre las rejas. Pero lo que observamos en redes es que la policía tiene el control del área.
En respuesta a esta acción, artistas y ciudadanos acudieron a las afueras de la casa para expresar su descontento, hasta que la policía irrumpió por la noche. “¿Cómo entraron?, se saltaron una verja, no entraron por la puerta, no pidieron permiso ¡Se saltaron una verja!”, manifestó Cerón el 20 de junio ante la sesión #779 el pleno de la Asamblea Nacional, mientras exigía que se respetara la autonomía de la casa. La noche del 19 de junio, tras el ingreso de los uniformados, Cerón recomendó, a quienes eran parte del plantón, abandonar las inmediaciones de la sede en vista del Estado de excepción decretado por el Gobierno el día viernes 17 de junio para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, el cual incluye un toque de queda en estas provincias entre 22 p.m. y 5 a.m.
“Esta casa ha caído en manos del terror”, dijo Cerón, y continúo repitiendo otras frases que hicieron que los presente guardaran silencio: “Hoy a muerto la cultura, la tiranía, el terror le han ganado a la vida”. El gobierno de Lasso ha cruzado una frontera con esta acción. La toma de la Casa de las Culturas es un gesto que parece decirnos que cada vez nos quedan menos lugares para expresar nuestra diferencia. Y, aunque el panorama no es alentador Cerón dijo que “los momentos de terror no son para siempre” y confiamos que la casa pueda volver a ser un sitio para reunir a los creadores y gestores.
Sin embargo, no olvidemos que, durante el paro de octubre de 2019, la Casa de las Culturas fue un sitio de acogida para las poblaciones indígenas que llegaron a la capital para ejercer su derecho a la protesta social. Y en su ágora se congregaron cerca de cinco mil personas para solicitar la derogación del decreto 883[2] y la renuncia de la entonces Ministra del Interior, María Paula Romo y del Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín. Esto podría tener más sentido para entender el porqué de la acción policial y no la búsqueda de supuestos materiales bélicos, que al final de la requisición nunca fueron encontrados: el gobierno, en una lógica de táctica militar, busca hacerse de un lugar que ha sido estratégico para la congregación y movilización de las fuerzas sociales.
¿Qué opina el Ministerio de Cultura?
El Ministerio de Cultura se pronunció un día después de la toma de la Sede. Su respuesta va en el mismo tono de que compartió la ministra María Elena Machuca en redes —esto forma parte de una campaña mediática del gobierno en oposición al paro nacional— en la que afirmaba que “más de cien mil trabajadores de la cultura podrían ser afectados por la paralización de actividades”. En resumen, no a la paralización.
Video donde se observan a actores y actrices ecuatorianos oponiendose al paro nacional. Fuente: Facebook.
El asunto llegó a un punto crítico con las declaraciones de Fanny Zamudio, la Viceministra de Cultura, al respecto de la toma de la casa, Zamudio dijo que “La fuerza pública acude precisamente para salvaguardar el patrimonio que se encuentra allí y que debe ser custodiado ante la ausencia de un plan de contingencia, acción, garantes y mediación que le corresponde a la autonomía de la CCE”. La declaración oficial del Ministerio de Cultura se alinea a esta postura: “respaldan el cuidado y la salvaguarda del patrimonio de país”. Sin embargo, durante la ocupación policial a la sede no se identificó a ningún funcionario del Instituto Nacional de Patrimonio (INPC) o del mismo Ministerio de Cultura coordinando el respecto de protocolos por ejemplo para la manipulación de los archivos fílmicos con los equipos electrónicos que utilizó la Policía nacional.
Esto ha provocado un malestar en gran parte entre los trabajadores de la cultura que continúan apostados alrededor de la sede y que no coinciden con Zamudio ni con lo que el Ministerio afirma. Pues la Viceministra ha volteado totalmente el sentido que la intervención tuvo y que se respalda en un comunicado posterior de la policía donde indican que la casa se usaría finalmente para albergar personal policial de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) durante las jornadas de protesta social que continúan.
Jairo García, miembro del RUAC, asistió al plantón a las afueras de la sede de la CCE el día 19 de junio y relata lo que vio esa noche: “Cada perímetro de la CCE parecía una zona de guerra: policías en caballos, camiones militares, policías antimotines. Se tomaron este espacio cultural que es para la ciudadanía porque ahí se albergan archivos invaluables para la historia del Ecuador”.
Cerco policial a las afueras de la Sede Nacional. Foto: Roger Granizo.
Además de la militancia en las calles, las redes sociales se han convertido en una más de las zonas de enfrentamiento y resistencia. De ahí que circula un Manifiesto de las y los trabajadores de la cultura ante la represión del Estado ecuatoriano donde se expresa la solidaridad hacia el paro y se rechaza la violencia contra el movimiento indígena y los ciudadanos que se han desplazado en contra de las medidas de recorte del gobierno de Guillermo Lasso.
Allanamiento, requisición y crisis estructural
Mientras escribo este artículo, la requisición continúa, y aunque la sede ha presentado una acción constitucional en defensa a la institución, este proceso no ha prosperado. Las filiales de la sede califican de “atropello” lo ocurrido y manifiestan su apoyo ante la crisis que se vive. En Guayaquil, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas amaneció con un listón negro en su fachada como gesto de respaldo a la Sede. Martha Rizzo, la actual directora, publicó un comunicado de defensa a lo que representa la CCE “un espacio público de derecho primario para la convivencia armónica”, en el cual rechaza una intervención que amenace la paz, la memoria social, la diversidad. También en el Azuay, Martín Sánchez director del núcleo, realizó un acto simbólico el cual se entregaron libros apelándolos “material bélico” en una clara alusión a las acusaciones utilizadas como pantalla para el ingreso a la Sede Nacional.
Que la policía y la fiscalía intervengan la CCE es una grave afrenta a la autonomía de esta institución, para los artistas y gestores y todo el material histórico que este espacio custodia. Solo con la derogatoria del estado de excepción, dice Fernando Cerón, la Casa volverá a ser un sitio para la ciudadanía y los artistas. Hasta el cierre de este artículo la Casa continúa tomada, y el presidente de la República ha vuelto a renovar el estado de excepción y ahora no solo aplica en las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, sino que lo ha ampliado a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, en lo que constituye un artificio legal destinado a evitar la derogatoria del decreto por parte de la Asamblea Nacional.
En menos de una semana hemos presenciado cómo las contiendas políticas se afincan en los espacios culturales. Tal como ocurrió con el MAAC que fue clausurado la Alcaldía de Guayaquil, ahora la Casa de las Culturas en Quito es otra de las instituciones secuestrada por el poder.
Estos sucesos no se producen de forma aislada. La institucionalidad cultural ha recibido algunas golpes. Podríamos señalar al recorte presupuestario —en 2021 el recorte fue de USD 1 025 632, 35— como una de las más evidentes. Andrés Madrid, Secretario General de las Casa de las Culturas, en el pleno de la Asamblea, sostiene que la inversión del estado en cultura per cápita equivale a USD 0,89 centavos anuales. A esto sumamos la falta de ofertas laborales para los trabajadores de la cultura[3], las redes clientelares que siguen minando las instituciones culturales y el manejo de fondos para proyectos artísticos-culturales cuya distribución no logra romper el centralismo. Por otro lado, está el hecho de que la cultura se siga pensando en la lógica del evento y que se gasten grandes presupuestos, ya sea en conciertos masivos o en ferias del libro, que terminan siendo actividades que no producen una incidencia profunda en las dinámicas culturales locales. Finalmente, no podemos dejar de mencionar las pugnas por el poder político, cuyo ápice se pudo ver en la época de elecciones de los directores(as) para las Casas de la Cultura; en el caso de Guayas hubo un total de siete candidatos. Un sector polarizado tendrá dificultades en exigir que la Ley de Cultura se ejecute y que el Sistema Nacional de Cultura deje de ser una entidad fantasma. Lo ocurrido en estos días es otro de los síntomas más de que el sector cultural está en crisis.
Notas al pie:
[1] Miguel Cantos, historiador guayaquileño, escribe el artículo “La cultura bajo sospecha e intimidación” y en él hace un recuento de lo que ocurrió en la dictadura militar del año 63, en la que a través de un decreto los presidentes de la CCE fueron destituidos.
[2] El decreto 883 daba luz verde al alza del precio del combustible extra, ecopaís y diésel, es decir que eliminaba el subsidio a los combustibles. El 14 de octubre de 2019 se anunció que quedaba sin efecto, sin embargo, a pesar de ese ofrecimiento, en el año 2021, los costos se elevaron hasta un 12 %.
[3] El Termómetro Cultural publicado por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura en enero indica que el 19,39 % de los encuestados trabaja sin remuneración y el que el 13,07 % se encuentra cesante o en la búsqueda de empleo.
