Por Nicolás Esparza
En el marco del año que la UNESCO dedicó a la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, Ecuador se sumó a la larga lista de países que brindan un espacio para el diálogo entre los diferentes actores de las industrias culturales. RESILIART se desarrolló como un encuentro virtual organizado por las oficinas de la UNESCO, en Quito, en colaboración con el ILIA, de la Universidad de las Artes, la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay y la Universidad Particular de Loja (UTPL). El propósito fue diagnosticar el estado de las industrias creativas en un debate que hiciera frente a la crisis socioeconómica que se manifestó a partir de la pandemia del Covid-19. Así como las problemáticas que acarrearon el confinamiento, el restringido acceso a espacios públicos y privados de afluencia masiva y el traslado de las actividades culturales a los espacios digitales.
En esta edición de RESILIART se discutió la urgencia de instaurar políticas para dinamizar las economías creativas. Pablo Cardoso, Director del ILIA, enfatizó al iniciar el diálogo que “deberíamos tener cada vez más participación femenina en este tipo de charlas y paneles que nos permiten tener un contacto con los tomadores de decisiones en el ámbito gubernamental del Ecuador”. Para efecto de sus palabras, el encuentro, moderado por Cardoso, estableció líneas que dialogaron entre las diferentes instancias gubernamentales en cuya representación estuvieron Carla Muirragui, Viceministra del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Fanny Zamudio, Viceministra de Cultura y Patrimonio; María Gabriela Campoverde, Directora del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); y Sofía Lobos, ex Secretaria del Comité Intergubernamental para el Desarrollo de la Economía Creativa, de Chile.
El encuentro evidenció la urgencia de implementar políticas públicas coordinadas y de carácter intergubernamental que permitan generar una economía sustentable de las industrias creativas del país, es decir, que puedan augurar el sostenimiento de procesos y dinámicas de acción en el ámbito cultural y creativo. Muirragui afirmó que el sector cultural tributa con un 4 % de plazas de trabajo estable, pero que, en el país, el 50 % de quienes laboran en el sector lo hacen en condiciones precarias. Muirragui también recalcó la importancia de la participación de la Academia pues esta dinamiza los procesos de formación de quienes integran las industrias creativas. Ante este panorama, el gobierno busca generar políticas enfocadas en la activación de empleo que instauren el valor de los bienes culturales, intelectuales y de alcance creativo para que contribuyan a la reactivación económica frente a los déficits registrados durante el año 2020 a causa de la pandemia.
Propuestas vs. realidades: políticas para una economía naranja
Muirragui señaló que entre marzo y diciembre del 2020 se registraron pérdidas de 225 millones de dólares para las distintas áreas que componen el sector creativo, nicho que representa el 2 % del PIB. Mencionó también que las industrias editorial y fílmica fueron de las más afectadas. Ella identificó las irregularidades en cuanto a consumo cultural en las tres ciudades más importantes de Ecuador, las cuales tuvieron dinámicas diferentes: mientras en Guayaquil se redujo el aporte económico del sector, en Cuenca hubo un incremento. Quito, por otro lado, mantuvo un ritmo sostenido.
Para Muirragui es importante que se analice la capacidad de aporte económico que representan las industrias creativas y que tributan a la reactivación económica. Reconoció que existen pocos registros de sus actividades, dado que muchos de los trabajadores creativos realizan actividades en la modalidad freelance. Tanto Muirragui como Zamudio coincidieron en la importancia de poder generar la sustentabilidad de las industrias, ya no tan solo en la implementación de eventos y proyectos, sino en procesos que garanticen la longevidad y rentabilidad. Muirragui halló que el Decreto 68, firmado el 9 de junio por el “Gobierno del Encuentro”, dirigido por Guillermo Lasso, es un valioso sostén en donde se instauran medidas que eliminan barreras arancelarias para el sector productivo del país. Sobre ello, estableció cómo el gobierno generaría facilidades para la adquisición de equipos tecnológicos para incentivar la producción del sector audiovisual y fílmico, al pasar del 25 % al 5 % de aranceles en cámaras y equipos digitales y la reducción al 0 % en adquisición de computadoras, repuestos de autos y máquinas, herramientas agrícolas e industriales. Determinó cuán importante es identificar clústeres económicos, es decir, asociaciones de distintos actores económico-culturales que dialoguen en un mismo espacio y actividad en los sectores creativos, o sea, de las artes liberales. Para la fecha, el proyecto cuenta ya con tres clústeres, los que, sin embargo, no se especificaron. Sostuvo, además, que para diciembre se planea terminar la fase 1 de la Agenda de Competitividad con 20 clústeres y, posteriormente, brindar cabida al sector privado para que dirijan los proyectos, con apoyo del sector público e interinstitucional, lo que implicaría una reducción de las dinámicas públicas en beneficio de los actores privados, tanto nacionales como extranjeros, así como sus intereses. Asimismo, el gobierno ha tomado la medida de crear el MIPROLAB, proyecto que busca generar emprendimientos y empresas que se puedan insertar en el sector.
Sobre ello, Zamudio afirmó que incentivar al sector privado a participar puede mejorar el rendimiento. Enfatizó la importancia de buscar opciones que puedan generar fondos para el sector cultural, lo que incluye los ministerios, las instituciones, las casas de la cultura y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), en donde hay mayor fortaleza de la inversión.
Curiosamente, la línea de gestión propuesta por el gobierno en curso se enmarca en la propuesta realizada no hace poco por el ex ministro Juan Fernando Velasco, donde se buscaba integrar una serie de incentivos tributarios, crediticios y arancelarios al sector cultural. No obstante, a pesar del planteamiento y la articulación en la línea de economía naranja del gobierno anterior y el actual, resulta preocupante la posibilidad que representaría privatizar los procesos que pretenden instaurar. No todos los actores culturales y creativos se encuentran en el mismo nivel de gestión: la disparidad de las oportunidades a las que podrían acceder en un sector que no ha contado desde los gobiernos que le precedieron al de Lasso. Se admitiría, entonces, la posibilidad de un incremento en el nivel de precarización para quienes no pudieren acceder a las políticas propuestas por las viceministras.
Por su parte, Campoverde, Directora del SENADI, afirmó que es de suma importancia que la población en general identifique el valor que la producción creativa tiene y cómo se pueden integrar dichos procesos a la red que se busca forjar para reactivar el sector. Desde la institución, se proyecta que el público reconozca el valor simbólico y económico que la resignificación de las ideas creativas en el patrimonio cultural. Es decir que las creaciones, tanto propias como ajenas, puedan sujetarse al principio de los derechos de autor: las ideas tienen un valor exponencial que debería ser protegido, licenciado para poder generar contribución en lo económico. De igual forma, asegura que en su gestión pretende reducir la piratería, práctica que afecta a los derechos de autor. Esta perspectiva calza con las licencias que el Decreto 68 ajusta para facilitar la experiencia de poder promover proyectos creativos.
Sin embargo, la noción de que toda idea creativa es potencialmente un proyecto que puede generar remuneración no alcanza a articularse con la realidad que se experimenta. Resulta insuficiente la adquisición de patentes o derechos de autor para productos creativos, puesto que se heredó un sector con paupérrimas medidas de protección para los actores y que se prepara a encarar medidas que ponen en libre competencia tanto a proyectos de trayectoria como a aquellos que no cuentan con el aval de una gestión previa.
En su experiencia de cuatro años, en un periodo de transición de gobiernos chilenos de la Concertación al neoliberalismo de Piñera, Lobos aseguró que, si bien la pandemia ha sido una desgracia para las industrias creativas, las fórmulas tratadas pueden enriquecer el ámbito de las industrias creativas. Así, en términos de producción y desarrollo de las industrias creativas, la toma de conciencia del gobierno central, y la articulación de proyectos con el sector privado, implicaría el reconocimiento de los patrimonios inmateriales como una posibilidad de beneficio económico. A partir de la sujeción a políticas de derecho de autor, se puede apostar por la reconstrucción de valores claves dentro de la escala económica en al cual se contempla al sector cultural y creativo.
Privatizar las ideas
Pareciera ser que el gobierno de Lasso ha identificado nichos dentro de uno de los sectores con mayor precarización laboral. Al contemplar el potencial de las ideas en cierne, como lo proponen desde el SENADI y los Ministerios, se busca potenciar, a fuerza de asociaciones, convenios y redes de trabajo, un sector que no necesariamente ha presentado las bases suficientes para poder edificar un sistema de alianzas, como se evidenció en el 2019.
Además, las industrias que se clasifican dentro de la categoría de “creatividad” no presentan los mismos niveles de solidez ni desarrollo. Se concibe que la industria cultural y sus diferentes nichos (editorial, cinematográfico, de producción musical, etc.) puedan asociarse con otras operaciones creativas, pero que disienten en su potencial.
Por otro lado, resulta interesante que puedan asociarse industrias, como las gastronómicas, las educativas, las de desarrollo de software, con las artísticas. Cabe, además, repensar de qué forma la consecución de un proyecto público que busca articularse y otorgar mayores beneficios al sector privado podría sostener, en el marco del plan de economía naranja, de Lasso, la construcción y cimentación de políticas públicas en el sector cultural, artístico y creativo.
Vale preguntarse cómo las colaboraciones interinstitucionales podrían, en realidad, dar alcance a beneficiar a ese 50 % de trabajadores culturales que se hallan en un estado de precarización laboral indolente y que no solamente tributen a las argollas del poder, representadas en el sector privado y que pudieran convertirse en grandes monopolios. ¿Es por eso que solo se busca instaurar procesos y sistemas para que legisle el sector privado, mas no una producción concreta de proyectos públicos que tengan alcances amplios y duraderos? En esa vía, vacunar a los trabajadores del arte y la cultura es una medida necesaria, pero la reactivación no depende solo de la inmunidad.
La reducción del poder público en las industrias de consumo cultural y la concesión a privatizar el sector augura desventajas para aquellos quienes no puedan someterse a las medidas que, a la fuerza, se quiere ajustar. Aunque la economía naranja emula ser la panacea, es necesario mirar con distancia y cuestionar, por ejemplo, por qué el Ministerio de Producción y Comercio Exterior mostró a Colombia como ejemplo exitoso de la implementación de las redes de clústeres y cómo, a la vez, la misma economía naranja en Colombia lanzó a los ciudadanos a las calles hace no más de seis meses.
