Por Aarón Fuentes
Foto: Imagen referencial de Pixabay.
Resulta complejo debatir sobre políticas públicas culturales en un momento en el que su institucionalización ha sufrido varios cambios en cuanto a dirección, desarrollo y ejecución. A pesar de la aprobación de la Ley de Cultura en el 2016 y de las promesas que abarca, los retos de los artistas y gestores culturales ecuatorianos siguen siendo de índole estructural.
“Hay que fortalecer la institucionalidad cultural, no son necesarias nuevas políticas culturales (…) se debe trabajar desde lo que ya se tiene”, dice María Fernanda López, docente investigadora y curadora ecuatoriana. El marco jurídico para el sector cultural cubre, en teoría, una buena parte de las necesidades que el Estado ecuatoriano ha adeudado al sector cultural y artístico durante décadas. Así, el reto radica en el cumplimiento de dicha ley. “Existe todavía una deuda enorme del Estado con sectores abandonados en términos de cultura: las infancias, la adolescencia, la tercera edad… todo es adultocéntrico”, concluye. Por su lado, Tony Balseca, reconocido artista visual ecuatoriano, coincide con la postura de López en cuanto a la idea de trabajar desde lo que ya está instaurado. “Los artistas debemos generar iniciativas con el fin de garantizar el cumplimiento de leyes que ya existen”.
Esta deuda se constata, por ejemplo, en el Sistema Integral de Información Cultural, donde la publicación boletines e indicadores culturales se disponen en función de los alcances logísticos, monetarios, territoriales o de expansión (en su gran mayoría), y no en función de una búsqueda de una mayor democratización del consumo cultural. Es decir, el Estado aún estaría lejos de convertir al ciudadano en el objetivo principal de las políticas culturales.
En la misma línea, resultaría complejo pretender ahora instaurar una política cultural firme y duradera en un medio en el que, según López, “la cultura política carece de sentido de continuidad y hay un constante relevo de partidos políticos a nivel macro”. El problema medular es, una vez más, de carácter estructural. El Sistema Nacional de Cultura, en términos de creación y ejecución de políticas culturales, está a merced de la corriente ideológica del partido político de turno. Sabina Berman y Lucina Jiménez, ensayistas y catedráticas mexicanas, ya lo dijeron: “la cultura debe ser pensada como un espacio importante por ella misma, y no en función de la representatividad que le rinda a la figura de un partido o al ejecutivo”.
Adicionalmente, a pesar de que legalmente se garantiza la libertad de creación en el contenido propuesto por el artista o gestor cultural, el Sistema Nacional de Cultura tiene preferencia por aquellas propuestas ofrecidas a la mayor cantidad de público posible. “Al Estado le interesa saber qué está siendo eficiente en términos monetarios, es por esto que el Sistema Nacional de Festivales se ha fortalecido”, dice López. “Los gobiernos deben garantizar espacios donde los artistas se sientan seguros para crear y apoyar propuestas creativas”, dice Balseca. Muchas de las propuestas culturales y artísticas siempre encuentran obstáculos cuando se trata de intervenir en el espacio público, comenta. Como lugar de encuentro y lugar de enunciación principal de los relatos sociales, el espacio público es fundamental en la creación de políticas culturales.
Por otra parte, a puertas de una elección cabe reflexionar sobre los planes de quienes quieren llegar a la presidencia. Así, tras revisar a profundidad las propuestas sobre gestión de políticas culturales de los planes de trabajo de Guillermo Lasso y Andrés Arauz, López y Balseca son muy enfáticos en sus reparos, críticas y puntos de convergencia. Ambos coinciden al tildar de “generales” las propuestas de Lasso. “Sus posturas en torno a industrias culturales y de economía naranja están totalmente descontextualizadas en Ecuador, pues hay muchas limitantes en términos de telecomunicaciones y accesibilidad”, dice López.
Así, quizás es discutible afirmar que —en términos de cifras— las políticas culturales guiadas bajo los principios de la economía naranja reducirían el consumo de cultura, pues solo tendrían acceso a ella quienes puedan comprarla, volviéndose un producto más u objeto de mercantilización. Según Balseca “la visión globalizada de consumo y de entretenimiento de la cultura no tiene nada que ver con el sentido real del arte”. En efecto, hablar de la cultura como recurso económico limitaría su democratización y la trasladaría del terreno de lo simbólico al esencialmente comercial. “Mucho de lo que Arauz propone, ya se intentó y no se logró cumplir. Lo que se debe hacer es materializar los objetivos dispuestos en el marco jurídico del sector cultural”, dice. Y es verdad. Ya se mencionó el problema estructural de la falta de ejecución de algunas políticas en la Ley de Cultura. Es decir, los enunciados en torno a lo pluri e intercultural y lo ancestral están vigentes en la legislación cultural. Es su ejecución en los espacios de desarrollo cultural lo que sigue pendiente.
“La ancestralización de la cultura es un peligro”, dice López, refiriéndose a las propuestas culturales del candidato Arauz. Hablar de un protagonismo de lo pluri e intercultural desconoce otros sectores y termina por instaurar un sentido de exotización ancestral. Además, cambiar modelos educativos supondría —según López— transformaciones profundas en la legislación y en mallas curriculares, lo que se acerca más a la fantasía que a la realidad. Es importante mencionar la importancia que Balseca le da a la presencia del sector académico en la creación de políticas culturales. “Desde la Universidad de las Artes, por ejemplo, los espacios de debate, análisis y diálogo son necesarios para —tomando en cuenta la producción de conocimiento a través de las artes— proponer políticas culturales cada vez más acertadas”.
Así, es importante no perder de vista el trabajo de artistas y gestores culturales, quienes, según la Encuesta de Condiciones Laborales de Trabajadores de la Cultura realizada por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, consideran que las principales dificultades radican en las normativas de incentivos y fomento de las políticas culturales vigentes. Por lo tanto, mejores condiciones para el sector cultural necesitan seguir siendo pensadas desde espacios de discusión y diálogo de gestión de las artes y de la cultura.
