Elecciones y presupuestos en la CCE: un desenlace desconocido

La elección del presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana CCE y Directorios Provinciales de los veinticuatro núcleos fijada para mayo de este año ha sido un tema controversial en la agenda cultural nacional que ha causado varios análisis y pronunciamientos en diversos sectores del país. Como la institución cultural de mayor rango e influencia histórica en el Ecuador, la CCE ha estado en el centro de todo debate cultural, artístico y político desde al menos la década de los sesenta. Al mismo tiempo, su injerencia y peso político han sido objeto de duras críticas, especialmente en años recientes desde la aprobación de la Ley de Cultura en el 2016, norma derivada de la constitución del 2008. De hecho, la CCE está reglamentada en la actual Ley de Cultura como una entidad con personería jurídica de derecho público, con autonomía y gestión desconcentrada, administrativa y financiera con Sede Nacional en la ciudad de Quito y un núcleo en cada provincia. Sin embargo, las definiciones legales son insuficientes para abordar el entramado.

El actual proceso de elecciones para las autoridades de la CCE es uno de los temas del ámbito de política cultural que está a la cabeza de las prioridades de varios colectivos y organizaciones por los planteamientos de actores que buscan tener mayor participación en su reformulación y evolución en un contexto especialmente delicado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

En cumplimiento con la Ley de Cultura, las primeras elecciones de la CCE se realizaron en mayo de 2017, poco después de los comicios presidenciales generales. Gabriel Flores del diario El Comercio mencionaba en ese entonces, que “hasta el viernes 17 de marzo, 6.929 personas se habían inscrito en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC (…) de ellas, se han verificado las informaciones consignadas y han quedado registradas 3.027 personas”. También indicaba que “la posibilidad para acceder a un cargo dentro de la CCE, sin ser parte de la institución, ha permitido que gremios de diferentes disciplinas artísticas sean posibles candidatos”. En ese momento, y en el caso del Núcleo Pichincha, se contó con la participación de cuatro listas. Paola de la Vega, gestora cultural y docente —desde su experiencia en el Núcleo Pichincha— comparte que, por un lado los miembros del RUAC desconocían que formaban parte de la Asamblea de los Núcleos Provinciales con derecho a participar en las elecciones de los Directorios y por otro, existía una falta de interés de los agentes culturales hacia la CCE por la escasez de un modelo de gestión integral participativo. Como veremos después, el tema del RUAC es clave en los comicios que se avecinan.

Ahora en el 2021, las elecciones de la CCE han llevado las tensiones a niveles preocupantes por la naturaleza del momento y por las acciones y tácticas políticas desde diversos grupos de interés. “En estas elecciones está en juego un cambio de modelo sobre qué es la CCE y cómo funciona”, dice Joaquín Carrasco, del Núcleo del Azuay. En ese contexto, la historia arranca parcialmente entre el 5 y 6 de febrero cuando la Junta Plenaria conformada por los veinticuatro Directores Provinciales de los Núcleos de la CCE, el Ministro de Cultura y Patrimonio o su delegado y el presidente de la Sede Nacional se reunieron para la aprobación del reglamento para las elecciones de directores provinciales.

En entrevista con el Observatorio, Martín Sánchez —director del Núcleo Azuay— explica que “el reglamento no fue previamente socializado con los miembros de la Junta para su elaboración”, y que se publicó dos días después de su aprobación. Dice que el proceso para la creación del reglamento debió realizarse a través de la designación de una comisión de los Directores Provinciales dentro de la Junta Plenaria y ser sometido a dos debates: uno de revisión y otro de aprobación, como cualquier estatuto parlamentario. La falta de un proceso de socialización del reglamento con los artistas y gestores culturales fue evidente según el funcionario.

Sánchez explica que el cronograma ajustado del proceso de elecciones deja sin posibilidad que exista un debate. “La autonomía de la CCE permite no rendir cuentas, la información se queda en seno de la institución y se publica cuando los plazos están por vencer. Un claro ejemplo es la no planificación de las juntas plenarias para la creación del reglamento de elecciones”. De forma adicional y como nodo crítico del conflicto, con el nuevo reglamento, los miembros inscritos en el RUAC debían enviar una carta a su núcleo provincial solicitando constar en el padrón electoral, hasta 30 días después de que se publique el calendario electoral, situación que ha inflamado la indignación por percepciones de manipulación e influencia de las “viejas guardias” de la CCE que no están dispuestas a cumplir con los procesos necesarios.

Así y ante las irregularidades, el pasado 4 de marzo los escritores Jorge Velasco Mackenzie y Jorge Osinaga Paredes presentaron una acción de protección constitucional en la Corte Judicial del Guayas en contra de la Junta Plenaria de la CCE presidida por Camilo Restrepo para suspender las elecciones. Como algunos medios reportaron, la tarde del 9 de marzo del 2021, la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil emitió una acción de protección con medida cautelar, a favor de la demanda presentada. Según diario El Comercio, a través de esta medida cautelar se suspendió la vigencia del reglamento para la elección de presidente de la Sede Nacional y directores provinciales. Asimismo, quedó suspendido el calendario de elecciones internas de directores provinciales. 

En una entrevista reciente en el programa ‘La Noche Boca Arriba’ en Radio Pichincha Universal, el abogado Jorge Velasco aclaró que la audiencia oral del 11 de marzo fue suspendida porque no llegó el citatorio a Restrepo. De esta manera se definió una nueva fecha: 23 de marzo. Sin embargo, la audiencia fue pospuesta hasta el 26 de marzo debido a la falta de intervenciones de los comparecientes. A su vez Velasco comenta que la acción de protección solicita el ejercicio y conservación de derechos de elegir y ser elegidos y que el reglamento de las elecciones sea socializado por las asambleas de cada núcleo provincial con los artistas y gestores culturales para su conocimiento.

Desde que se conoció la aprobación del nuevo reglamento de la CCE, artistas, gestores culturales, colectivos y asociaciones del país han expresado su malestar y preocupación frente al proceso electoral de esta institución, pues en el anterior reglamento se disponía que podían ser parte del proceso electoral, los miembros de la CCE y las personas que pertenezcan al RUAC. Para Martín Sánchez, “la sede nacional está acostumbrada desde hace al menos 20 años a sus prácticas y procedimientos”. Extienden plazos administrativos para hacer que las cosas se aprueben al último momento cuando no se pueden desarrollar acciones legales o de resistencia y rechazo. “Siempre hallan subterfugios legales para que las cosas vayan a su modo”. El director del Núcleo del Azuay agrega que aprobar y no comunicar es una práctica común. “No rinden cuentas ni dan información de manera abierta (…) armaron un reglamento que desde mi punto de vista esperaban que se quede en el seno y que la gente se entere cuando están vencidos los plazos”.

Su crítica va más allá de este proceso electoral. Según él, en los últimos cuatro años hemos convivido con una CCE que rechaza la Ley de Cultura y que ha llegado incluso a desafiarla, como en el 21 de junio del 2017 cuando la Junta declaró inaplicable e inconstitucional el reglamento a la ley justamente porque afectaba la forma clásica de trabajo de la institución. “Bajo este cuerpo legal, la sede debe ser un organismo que ejerce planificación, seguimiento y control de acciones de núcleos. No puede ser juez y parte”.

Según varios sectores, el juego político es más central que nunca en este proceso electoral pues por un lado se pretende mantener prácticas, personas y visiones artísticas y de gestión intactas y por otro existe un real clamor por cambio. En este contexto, Paola de la Vega comenta que “se puede apreciar una mayor conciencia del derecho a participar en las Asambleas Provinciales pero sobre todo el derecho a participar a través del RUAC”. Ella enfatiza que hay una generación que empieza a disputar los espacios institucionales desde otras lógicas, partiendo de que en el país existen avances en la formación en gestión y políticas culturales con un deseos de transformación por el trabajo digno en el sector y ética en la política cultural. Agrega que del otro lado están los representantes de los viejos intereses de la CCE instaurados por décadas que han obstaculizado la transformación del sector cultural desde la Ley de Cultura, un tema que “amerita una investigación profunda para conocer sus causas”. Un ejemplo de aquello, dice Martín Sánchez, se percibe al ver que “mientras los organismos culturales trabajaron con el Ministerio de Cultura en la creación de La Ley Orgánica de Cultura, desde la CCE se estaba preparando el mencioado rechazo a la ley.”.

Para De la Vega, el reglamento aprobado para el proceso de elecciones limita la participación tanto de los candidatos como de los votantes, “inclinando la balanza hacia intereses particulares”. Paulina Izurieta, gestora cultural y miembro de la CCE Núcleo Pichincha, comenta que “tras varios análisis del reglamento, este favorecía a una reelección inminente con el control del padrón electoral” al establecer en el art. 29 que los miembros del RUAC deberán manifestar por escrito su voluntad de participar en la Asamblea Provincial de Elección del Directorio. Sánchez enfatiza que el “artículo deja vacíos legales sobre la recepción de cartas por correo electrónico o medios digitales”.

Los pronunciamientos iniciaron con una petición titulada “Elecciones CCE Ecuador: respeto a los derechos de participación del sector independiente”, habilitada a través de la plataforma change.org y lanzada por la Red de Espacios Escénicos Independientes que ha recabado 1.362 firmas hasta el momento. El cabildeo entre sectores y actores, así como las estrategias de lucha llevaron el pasado 1 de marzo a que diferentes representantes y agentes culturales se citaran en las fueras del CCE Núcleo Pichincha para conocer el estado de las solicitudes. Izurieta comenta que se comunicó el descontento por parte del sector independiente al no poder entregar las cartas de intención de voto y que a nivel nacional los agentes interesados, con la ayuda y patrocinio de un abogado, organizaron diferente acciones. Tras dos días de manifestaciones y a cuatro días del cierre del plazo de la entrega de manifiestos, la CCE Núcleo Pichincha publicó en sus redes sociales el cronograma, los lugares oficiales y el formato para la entrega de la intención de voto en toda la provincia de Pichincha.

La etapa judicial en la que se encuentra el proceso electoral de la CCE mantiene en una calmada tensión a los actores, administradores y gestores involucrados. Según Sánchez, existen tres escenarios posibles derivados de la acción. Por un lado se pueden dar de baja los artículos citados en la acción de protección. En ese caso, el calendario electoral continuaría tal y como está y todos podrían votar, no solo quienes hayan entregado las respectivas cartas. Un segundo escenario implicaría la derrota del reglamento generado desde la sede, lo que obligaría a la Junta a aprobar un nuevo reglamento con la consecuente alteración del calendario. “En ese caso incluso entraríamos a otro proceso judicial, uno de prorrogación de las funciones de quienes dirigimos los núcleos pues los directores no podemos pasarnos de nuestro periodo a menos que exista una orden judicial. Para Sánchez, un tercer escenario muchos menos auspicioso se desarrollaría en caso que la acción de protección se descarte por no ser viable. En ese caso, el calendario retomaría su curso sin mayor afectación.

El proceso electoral no ha sido el único tema espinoso en la agenda política de la CCE. En una nota del pasado 19 de febrero de diario El Telégrafo se reportó que el presupuesto inicial del 2021 para la institución ya fue asignado con una disminución superior al 20%. La propia CCE emitió un comunicado de advertencia sobre la posible paralización de sus actividades debido a recortes presupuestarios severos.

En efecto, durante el 2020 la CCE sufrió recortes como consecuencia de la pandemia y como muchas otras entidades que dependen de dinero público. Según Martín Sánchez del Núcleo del Azuay, el recorte obedece a algunos factores. Según el Código de Finanzas, en año electoral, se debían haber prorrogado los presupuestos de todas las instituciones públicas. Es decir, el mismo del 2020 debía replicarse en enero del 2021. Sin embargo, durante la pandemia, la Asamblea reformó el código con una reforma “de paso inconstitucional” para justificar el presupuesto espejo o prorrogado con fecha a diciembre del 2020. “Ahi hubo ya un primer nivel de recorte”, argumenta. “En el 2020 con crisis de la pandemia se recortaron presupuestos. En mi caso fue en más de USD 84.000 de un presupuesto de casi USD 800.000, hablamos de un 10 % de recorte que afectó al área de inversión. A diciembre del 2020, ya teníamos 84.000 dólares menos”.

Para Sánchez hay un factor adicional. “Con pretexto de crisis sanitaria se bloquearon muchas partidas. Es decir, el sistema público no permitía certificar, modificar, asignaciones, etc.” Agrega que en el lenguaje del Estado, “partidas presupuestarias sobre las cuales podemos hacer gestión y trabajo con artistas tiene una denominación de espectáculos culturales y sociales, que no se asemejan a partidas con la misma denominación en ministerios, empresas públicas, etc. (…) es absurdo, con eso operamos”. Explica que hubo un bloqueo a muchos núcleos desde abril hasta octubre del 2020 y que algunos no cumplieron metas porque volvieron a operar solo en octubre o noviembre. Así, el codificado final no fue el asignado. Azuay es el núcleo más grande en lo relacionado con infraestructura (tiene el teatro más grande del sur del país). A pesar de ello, “No hubo ni hay lógica en distribución de los recortes, se hizo como cayó el hachazo”.

Según el reporte de El Telégrafo, el presupuesto inicial de la CCE del año 2021 ya fue asignado con disminución superior al 20%, resultando sorpresivo e inadmisible que el Ministerio de Economía y Finanzas, hace pocos días, haya aplicado un desmesurado, ilegal e injustificado nuevo recorte de USD 791.898,03, que disminuye básicamente a la partida que financia la medular gestión operativa de los Núcleos Provinciales (publicaciones, producción de eventos artísticos, difusión del trabajo de creadores de arte y pensamiento, formación artística de niños y jóvenes, etc.), que por tal reducción apenas dispondrán de menos de USD 10.000 cada uno para financiar el trabajo de todo el año.

 La gestión de la Casa de la Cultura de los últimos 20 años ha derivado en acontecimientos que afectan a los artistas y gestores culturales a nivel nacional, desde el recorte presupuestario para el fomento a los artistas locales hasta su derecho al voto. Muchos caracterizan a la CCE como una institución pública que opera en la periferia de las políticas culturales siguiendo modelos desactualizados y dejando de lado a quienes generan la programación en las diferentes disciplinas artísticas. Un triángulo que no termina de cerrar ángulos para el desarrollo y evolución de la gestión cultural en el país, la cohesión entre gobierno, artistas y sociedad.