Por María Cecilia Báez, Argentina
Argentina está atravesando momentos difíciles. Para la generación nacida en el nuevo siglo todo lo que ocurre es novedad: no puso el cuerpo en las marchas (paros) de los años 90’ y no vivió los cacerolazos del 2001 en los que se pedía “que se vayan todos” (los políticos). Tampoco se informa de lo que ocurre de la tradicional manera en que lo hacíamos en esa época a través de diarios, noticieros o conversaciones para seguir el paso a paso de lo que estaba pasando en el país. Todos queríamos saber que pasaba en ese terreno de disputas que era la calle o la famosa Plaza de Mayo, o cualquier plaza del país.
La imposibilidad de sostener una economía estable, las altas tasas de desempleo, la ruptura del entramado productivo y el retiro del Estado como garante de derechos hizo mella en la población reclamante que no paró hasta lograr la renuncia del presidente en medio del caos. Para dimensionar el nivel del estallido social de esa época, se debe tener en cuenta que hubo una seguidilla de cuatro presidentes (tres renunciaron luego de una semana de mandato y solo uno gobernó durante un año hasta la asunción del presidente electo) hasta el año 2003.
Para quienes vivimos esos años, lo que está ocurriendo veinticuatro años después no es novedad: prestamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), medidas de ajuste o achicamiento del Estado, aumento de la desigualdad, flexibilización laboral, pobreza estructural, venta de empresas estatales a privados, apertura de importaciones, o el cierre de pequeñas y medianas empresas, son sólo algunos de los efectos más importantes de la aplicación del recurrente “Consenso de Washington”. [1]
Lo que si es novedad es el nivel de ensañamiento, el odio discursivo y el impulso constante para romper lo construido durante los gobiernos populares. También es novedad la incapacidad de movilización de gran parte de la población que sí vivió esa época frente a la constante quita de derechos. Es como si esos derechos fueran de otros, como si todo lo creado estatalmente no se hubiese construido con recursos colectivos.
La desregulación de las actividades audiovisuales que tradicionalmente fomentaba el Estado y la discrecionalidad con la que se pretende financiar lo que queda, está pasando desapercibida tanto porque no aparece en los medios o en las plataformas, tanto por que se disfraza en proyectos de ley que en teoría, nada tienen que ver con ese tema. Eso está pasando con el proyecto de ley de reforma laboral que está en tratativas en el congreso de la nación. Se están poniendo en discusión leyes que convergen hacia el silenciamiento de la información alternativa y otros modos de ver el mundo. La derogación del Estatuto del periodista y operadores de radiocabletelegráficos y la derogación de los artículos 10, 16 y 21 de la ley 14250/53 que da por tierra con la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos, especialmente los que están afectados por la desregulación de los estatutos mencionados previamente, resultan complementarios a la eliminación de los artículos fundamentales de las leyes de financiamiento del cine argentino y la ley de comunicación audiovisual.
En nuestro país, la ley 17741 de fomento a la actividad cinematográfica nacional data del año 1968. Al desfinanciamiento del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para llegar a cero producciones cerrando el año 2025, se le suman modificaciones nodales para darle una estocada final al sector. Mediante el artículo 195 del proyecto de Ley de Reforma Laboral se deroga “a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, los incisos a), b) y c) del artículo 21 y los artículos 22 y 23 de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificaciones”. Esto quiere decir que se eliminan todas las formas posibles de financiamiento concreto puesto que se da de baja el impuesto del 10% que se aplicaba sobre el precio de cada boleto vendido para presenciar una película. Ese impuesto era pagado por los espectadores, no por el Estado. También se elimina el impuesto del 10% aplicable sobre el precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado, destinado a su exhibición pública o privada, cualquiera fuere su género. En este caso el impuesto era pagado por quien adquiría el producto para su proyección. El inciso c) de la ley 17741 establecía 25% de gravamen a la televisión. Así, la producción nacional de cine queda a la deriva y financiándose como se estipula en los puntos más relevantes del proyecto de ley, artículo 193, a través de “legados y donaciones que reciba” (, inc. e), “con los intereses y rentas de los fondos de que sea titular” (inc. f) o “con los recursos no utilizados del Fondo de Fomento Cinematográfico provenientes de ejercicios anteriores (inc. h). Este último punto resulta irrisorio dado el desfinanciamiento que el Instituto ya venía padeciendo. Más irrisorio aún es que no tendrá un presupuesto preestablecido.
Igual suerte corre la Ley 26522 de Comunicación audiovisual sancionada en el año 2009 y que tenía por objetivo “democratizar, federalizar y pluralizar los medios (radio y TV)”[2], reemplazando la ley aprobada durante la dictadura, y estableciendo un reparto de licencias (33% estatal, 33% privado comercial, 33% sin fines de lucro/social). La norma buscaba atender por un lado la cuestión económica, fomentando la creación de pequeñas y medianas empresas audiovisuales a través de la creación de contenidos nacionales y con una mirada federal y por el otro, impulsar la diversidad de voces garantizando la libertad de expresión. En ese sentido, además tenía un claro objetivo de Inclusión teniendo en cuenta que para materializar la ley el Estado nacional realizó una inversión considerable en infraestructura y modificó leyes que permitieron la reconfiguración del espectro radioeléctrico. La creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y la instalación de una red federal de antenas a través la empresa estatal ARSAT o la fabricación de equipos para las plantas transmisoras por parte de otra empresa estatal como INVAP, garantizaba que organizaciones sin fines de lucro pudieran tener presencia.
Ya en el año 2015 el gobierno de Mauricio Macri demostró el interés en disponer de licencias e introdujo modificaciones a la ley eliminando límites para lograr una mayor concentración de medios.
En este estado de situación, es necesario preguntarse ¿cómo lograr la participación de las nuevas generaciones y como lograr la movilización de la población que superó una crisis social tan reciente como la de 2001? ¿Cómo construir nuevos lemas que calen profundo para querer cambiar el estado de las cosas?
[1] Para más detalle consultar https://www.iade.org.ar/noticias/consenso-de-washington
[2] Para visualizar el texto completo ingresar en el siguiente link: Ley 26522