Fabiola Leiva Cañete
La Cultura en Chile y América Latina en los últimos años, entre expansión simbólica y fragilidad estructural
Durante las últimas décadas, la cultura ha adquirido una centralidad discursiva en Chile y en América Latina centrada en derechos culturales, diversidades, memorias, enfoque territorial y participación, conceptos y asuntos que han ingresado con fuerza al lenguaje de las políticas públicas y los programas gubernamentales, especialmente activado por las agendas internacionales, como la reciente III Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, realizada en Barcelona, Cataluña, España, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2025, con la participación de 163 países, incluyendo la presencia de 118 ministros y viceministros, y cerca de 2.500 participantes.
A los temas que han conformado la agenda regional —cultura viva comunitaria, economía de la cultura y trabajo decente, resguardo y proyección del patrimonio, educación artística, y otros— la conferencia sumó con énfasis la “cultura de paz”, que emergió como uno de los temas centrales de los debates de la cumbre, reflejando el posicionamiento de la comunidad internacional contra el genocidio del pueblo palestino; la “inteligencia artificial” que desafía los dispositivos actuales de la creatividad humana y plantea resguardos para la diversidad cultural, una gobernanza ética y el abordaje de las desigualdades y los derechos de autor; y conexiones explícitas entre “cultura, patrimonio y acción por el clima” y los sujetos protagonistas de ese nexo. Todo lo anterior en un enfoque de derechos humanos y culturales que tensiona las acciones actuales sobre la participación cultural universal, la igualdad de acceso y el ejercicio de los derechos culturales y su conexión con ámbitos como la educación, la salud y el bienestar, así como los marcos legales que los garantizan.
Sin embargo, este reconocimiento político, programático y simbólico, especialmente en países como Chile, Brasil, Colombia y México, usualmente no ha ido acompañado de transformaciones estructurales capaces de garantizar la sostenibilidad integral del sector cultural como un ámbito social relevante para toda la ciudadanía.
La pandemia por COVID-19 hizo visible, de manera abrupta, una fragilidad largamente arrastrada: trabajadores y trabajadoras culturales sin contratos estables, organizaciones comunitarias sostenidas por voluntarismo y una institucionalidad excesivamente dependiente de fondos concursables. Informes regionales señalan que, pese al aumento del reconocimiento normativo de la cultura como derecho, su financiamiento continúa siendo inestable y altamente vulnerable a los ciclos políticos y económicos (OEI, CEPAL, UNESCO).
En ello, las agendas de los gobiernos de ultraderecha en la región han dado señales claras. Si comparamos lo ocurrido en los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro en Brasil, y más recientemente de Daniel Noboa en Ecuador y Javier Milei en Argentina, lo que se observa es un patrón común de debilitamiento de la institucionalidad cultural. En todos los casos el Ministerio de Cultura fue degradado institucionalmente, siendo reducido a una secretaría y/o fusionado con otras carteras; en todos los casos, consecuentemente, los cambios institucionales se tradujeron en recortes presupuestarios, se eliminaron planes y programas relevantes y se concretaron despidos de funcionarios y funcionarias, y en todos los casos estos cambios fueron realizados sin participación del sector. El argumento esgrimido también fue el mismo, esto es, la reducción del gasto fiscal, en el marco de una política de reorganización profunda del Estado, de cuño neoliberal y conservador, donde la cultura es identificada simultáneamente como una actividad poco productiva económicamente y simbólicamente peligrosa.
En Chile este escenario se ha expresado en una tensión permanente entre el discurso de la cultura como bien público —común— y la persistencia de mecanismos de mercado para su financiamiento y gestión. La cultura es reconocida pero no plenamente garantizada. Se valora su aporte simbólico, pero se le asignan recursos marginales en comparación con otras áreas del gasto público; para el presupuesto 2026 aumenta el presupuesto público en cultura sin llegar al comprometido 1%. Esta contradicción atraviesa tanto a gobiernos progresistas como conservadores y constituye el telón de fondo desde el cual debe analizarse el inicio de un nuevo ciclo político.
El rol central de las comunidades en la vida cultural
Frente a esta fragilidad estructural, han sido las comunidades artísticas, culturales y territoriales las que han sostenido la vida cultural. En la cultura entendida como como aquel espacio en que interactuamos y construimos nuestra cotidianeidad y, a la vez, como un espacio de producción de acciones y objetos individuales y colectivos que valoramos y dan un conjunto de sentidos estéticos y políticos a nuestras vidas (Vich, 2014). Son las mujeres creadoras, los colectivos artísticos, las organizaciones barriales, las redes autogestionadas quienes han sostenido prácticas, lenguajes artísticos, memorias locales y saberes intergeneracionales, si bien de la mano de los diversos espacios institucionales —museos, bibliotecas, centros culturales municipales, programas públicos— especialmente lo han hecho desde la gestión independiente, articulando saberes, recursos y herramientas diversas desde los territorios; Liquen Lab en Magallanes, la corporación Arte y Vida en Coelemu; Espacio Comunitario San Ana en Valparaíso, son muestra de aquello.
Cultura, desde estos espacios, conforma una práctica cotidiana, en transmisión de oficios, en la organización de festividades, en el cuidado de la memoria y en la producción de sentido compartido, exhibiendo modalidades de un saber-hacer situado: contenidos renovados que se apropian y dinamizan temas de debate actual, como vivienda, salud, ciencia ciudadana, cultura-naturaleza y otros; formas de organización dinámicas; sistemas y estrategias de financiamiento diversificadas; ensayos de metodologías de vinculación y gobernanzas territoriales que sostienen la vida cultural.
Un balance crítico de este ciclo político. Avances parciales y nudos persistentes
Lo anterior ha ido de la mano con un ciclo político que se cierra y deja avances y pendientes. Según el Observatorio de Políticas Culturales, OPC, la instalación de nuevos programas como Puntos de Cultura, Ecosistemas Creativos, Trabajo Cultural, como la continuidad y fortalecimiento de instrumentos como el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), los programas de Educación Artística y CECREA, y el aumento de recursos para patrimonio y memoria han sido relevantes. Punto aparte el Pase Cultural.
Sin embargo, estos esfuerzos siguen operando de manera fragmentada y sin una estrategia institucional y presupuestaria de largo plazo que permita consolidar un sistema público de cultura articulado con los niveles regionales y comunales y con otros agentes públicos y privados, como gobiernos regionales, municipios, universidades y empresas, estas últimas con escasa participación de la conversación y acción pública y social de la cultura y el arte.
Con muchas deudas legislativas —Ley de Archivos, nuevo Sistema de financiamiento cultural, Estatuto del trabajador cultural— persisten nudos críticos ampliamente diagnosticados por el propio sector cultural: precarización laboral crónica, centralismo en la toma de decisiones, fragmentación institucional y ausencia de financiamiento basal para un amplio número de organizaciones culturales. Con avances en la Ley de Patrimonio y las promulgadas leyes de Exención de IVA para Servicios Culturales y la Ley de Fomento y Protección de la Artesanía sin duda se saldan deudas históricas, pero continúan siendo insuficientes frente a la magnitud del ecosistema cultural.
Asimismo, la débil articulación interministerial ha limitado el impacto de la cultura en áreas clave como educación, desarrollo territorial, salud mental y cohesión social. La cultura sigue siendo tratada como un sector aislado, y básicamente como proveedora de espectáculos, cuando su potencial transformador depende precisamente de su capacidad de diálogo transversal.
Estas deudas no desaparecen con el cambio de gobierno. Por el contrario, se heredan y ponen en riesgo avances si no se cuida, sostiene y repiensa el rol de la cultura para el momento social, político y el desarrollo país.
Cuidar, sostener y repensar las políticas culturales hoy
Cuidar
Cuidar, en el ámbito cultural, implica reconocer que no todo puede volver a empezar. Existen procesos, memorias e institucionalidades que deben ser resguardadas como base ética de cualquier proyecto cultural. La memoria y los derechos humanos no son un “tema más” dentro de la política cultural, sino un fundamento democrático irrenunciable.
Necesitamos como sociedad que museos y sitios de memoria, archivos públicos y comunitarios cumplan una función pública esencial en sostener relatos plurales, garantizando el derecho a la verdad y ampliando la formación ciudadana, central para la democracia.
Cuidar también supone asegurar financiamiento estable para organizaciones culturales que cumplen un rol público en vínculos con educación, salud, ambiente y ciencia. El fortalecimiento del PAOCC y de mecanismos similares es clave para salir de la lógica de la competencia permanente y avanzar hacia modelos de colaboración y corresponsabilidad.
Finalmente, cuidar implica entender la educación artística como un derecho. Programas como CECREA han demostrado el impacto positivo de enfoques pedagógicos integrales, territoriales y centrados en niños, niñas y jóvenes. Su continuidad y fortalecimiento no debieran estar sujetos a vaivenes político-ideológicos. En ello la implementación de las políticas de educación artística y educación patrimonial serán relevantes.
Sostener
Sostener, en un recorrido dialógico pasado, presente y futuro, permite que la cultura materialice su capacidad simbólica. Museos, bibliotecas, archivos y centros culturales constituyen una red democrática de acceso al conocimiento, al intercambio creativo, al encuentro social y a la memoria. Su debilitamiento no sólo afecta al sector cultural sino al conjunto de la sociedad.
La inversión en patrimonio cultural inmaterial resulta igualmente estratégica. Más allá de proteger expresiones tradicionales, es central ampliar el reconocimiento y puesta en valor de las comunidades portadoras como sujetos de derecho, con condiciones dignas para la transmisión de sus saberes.
Un punto crítico es el trabajo cultural. Sin condiciones laborales dignas, no hay política cultural sostenible. La profesionalización, la seguridad social y el reconocimiento del trabajo creativo son temas estructurales que requieren decisiones políticas que encarnen los principios vinculantes entre cultura, economía y empleo.
Repensar
Repensar la política cultural implica asumir que los desafíos actuales no se resuelven con ajustes menores. Se requieren planes de inversión cultural de mediano y largo plazo, especialmente a escala regional, que permitan reducir brechas territoriales y fortalecer ecosistemas sectoriales y locales.
La creación y mantención de infraestructuras culturales periurbanas y rurales, articuladas con los territorios, es una deuda histórica. No basta con grandes equipamientos en capitales regionales, es necesario pensar redes, circuitos y espacios de proximidad para el ejercicio de derechos de la población toda.
Asimismo, el futuro de la cultura depende de una gobernanza compartida. Gobiernos regionales, municipios, universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil pueden asumir roles complementarios. En este escenario, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio requiere cuidarse, sostenerse y repensarse como articulador estratégico, menos fragmentado y con mayor capacidad de incidencia intersectorial.
Sin ingenuidad: Cultura en el programa de gobierno
El inicio de un nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast plantea interrogantes profundas e incertidumbres para el campo cultural.
El programa del presidente electo contiene definiciones acotadas en materia cultural: solo dos iniciativas, una ligada a la protección y la seguridad de los niños, “fortaleciendo los programas con enfoque en prevención de del delito y el acompañamiento, para alejar a los niños de las calles, ofreciendo espacios de esparcimiento y cultura”, y otra de la mano de acciones que potencien el uso del tiempo libre y la actividad física, que promete el “Diseño e Implementación de un Plan Nacional de Inversiones Culturales 2026-2036 enfocado en construir, restaurar y activar infraestructura cultural en comunas sin cobertura, priorizando aquellas que presentan brechas históricas de inversión. La infraestructura no solo es espacio contenedor de cultura, sino también motor de empleabilidad, cohesión social y desarrollo creativo”.
Así, y siguiendo la línea de gobiernos de la región ideológicamente cercanos, abre un evidente riesgo de retrocesos en derechos culturales, debilitamiento de políticas de memoria y una concepción instrumental de la cultura, subordinada a criterios de orden, eficiencia y reducción del rol del Estado.
Frente a este escenario la ingenuidad no es opción. La cultura es un campo de disputa política, donde se juegan sentidos, identidades y proyectos de sociedad. Resguardar lo avanzado en materia programática y presupuestaria y fortalecer la organización del sector cultural y de la sociedad civil resultan tareas ineludibles.
Se trata de una cultura activa, crítica y consciente de su rol en democracia, una comunidad vigilante y presente. Cuidar, sostener y repensar la cultura hoy exige lucidez política, compromiso colectivo y la convicción de que la cultura no es un adorno del desarrollo, sino una de sus condiciones centrales.
Referencias
Leiva Cañete, F. (2024). Reanimar la vida cultural en la vida local. MGC / Revista de Gestión Cultural, (20), Universidad de Chile. MGC / Revista de Gestión Cultural.
UNESCO. (2022). Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible (MONDIACULT 2022): Declaración final. Ciudad de México, 28–30 de septiembre de 2022. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNESCO. (2022). Re|Pensar las políticas culturales. Informe mundial. UNESCO.
UNESCO. (2025). Documento Final MONDIACULT. Compromiso de los Ministros y Ministras de Cultura MONDIACULT 2025. Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, 29 de septiembre – 1 de octubre de 2025, Barcelona, España.
Vich, V. (2014). Desculturizar la cultura: la gestión cultural como forma de acción política. 1ra edición. Siglo XXI Editores.