Por Pablo Cardoso
Me hubiese gustado escribir este editorial en otros términos, preguntándome, como ya lo hemos hecho en varias discusiones académicas y con funcionarios municipales de cultura, sobre la pertinencia de los eventos artísticos celebratorios en fechas de fundación, independencia, fiestas patronales o religiosas y sobre el monto prioritario de inversión que se les suele asignar a los bien conocidos tarimazos. Después de todo, estas actividades artísticas son de las preferidas por los ecuatorianos: en la única encuesta de consumos culturales disponible en el Ecuador (2022), el 40% de los ecuatorianos indicaron que las celebraciones tradicionales, patronales y religiosas son la principal actividad, evento o espacio cultural que asisten, seguida por las ferias gastronómicas de platos típicos (24%) y los conciertos de música en vivo (18%).
Los cuestionamientos sobre este tipo de gasto y sobre su peso relativo en los presupuestos es un asunto principal en la discusión de las políticas públicas para la cultura en Ecuador y gran parte del mundo. Los gobiernos locales son desde hace mucho tiempo aquellas instancias de gobierno que activan este tipo de eventos, los cuales adquieren un carácter recurrente y permanente en el tiempo, convirtiéndose también en una inyección de ingresos directo para los trabajadores de la cultura en determinadas épocas del año. Sin embargo, no contribuyen necesariamente a la inversión cultural de largo plazo en ámbitos clave como el aumento de capacidades de formación de los actores y de los públicos, en el fortalecimiento de la infraestructura cultural, o la educación en artes.
Por otro lado, es vox populi que estos eventos son políticamente rentables, lo cual justamente parece ser hoy la causal de su bloqueo por parte del gobierno central. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son desde hace muchos años los principales contratistas de bienes y servicios culturales: el 85% de la compra pública en obra artística, literaria o científica en 2025 fue realizado por los gobiernos locales. Estos recursos constituyen para muchos artistas y gestores una de las principales fuerte de ingreso en una profesión marcada por la inestabilidad y la irregularidad de remuneración. Esta es una dimensión que debe ser tomada en cuenta a la hora de atentar contra procesos que han venido siendo instituidas como prácticas recurrentes en el quehacer cultural nacional.
Contratación pública y cultura
La contratación pública ha sido tradicionalmente uno de los grandes escollos de la administración estatal, una de las tareas más pesadas para la gestión y para la responsabilidad de funcionarios que no siempre se enfrentan a esta tarea con buena disposición, principalmente por el temor y consecuencias que pueden desprenderse. Entre la espada y la pared sería una expresión adecuada para describir la situación que enfrentan año a año funcionarios con responsabilidades sobre la activación cultural de una ciudad y que a la vez enfrentan riesgos sobre su estabilidad laboral y patrimonios personales en caso de presentarse irregularidades e imprevistos en las contrataciones; o lo que es peor: estar sometidos a interpretaciones erróneas y de mala fe por parte de las autoridades de control. Esta situación se agrava al considerar el incremento de carga laboral de las áreas encargadas de realizar procesos relacionados con actividades emblemáticas de la programación cultural ante la agresiva reducción del tamaño del Estado emprendida por los últimos gobiernos: los equipos cada vez tienen más trabajo y cuentan con menos personal, por ende el riesgo a un error es cada vez mayor.
Ha sido un secreto a voces que desde mitad de año 2025 el SERCOP venía “dando de baja” a múltiples procesos de contratación de bienes y servicios culturales de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), y sí, en especial a los municipios grandes cuyos alcaldes pertenecen a la oposición política del régimen. Esto es medio de un vaivén legislativo: primero la Ley de Integridad Pública que revolvió el escenario de las compras públicas, luego la invalidación de las reformas por parte de la Corte Constitucional, para finalizar con la aprobación de la reforma a la Ley de Contratación Pública por la mayoría oficialista.
A paso de cangrejo para el sector, que ahora tras la decisión de la fusión ministerial no cuenta con un actor de pesos político -como se supone debía ser el Ministerio de Cultura- para problematizar y defender las especificidades de la contratación pública para el arte, el patrimonio y la cultura; aspectos que no pueden ser medidos con la misma vara que otros bienes y servicios normalizados. Las recientes modificaciones han bloqueado la figura de contratación bajo “régimen especial” para la cultura, lo cual constituirá un problema mayor para quienes desde las instituciones de la cultura hacen malabares para tratar de dar cabida a dos mundos tan diferentes como son la burocracia tramitológica de las compras públicas y las dinámicas de la producción, circulación y consumo cultural.
El recuento de los daños
En la capital, el Verano de las Artes ya fue la primera señal de alerta. Las actividades culturales programadas por los municipios que coinciden con las vacaciones escolares fueron el primer impasse: alrededor de 5 procesos para la activación de diferentes espacios culturales de la capital tuvieron impedimentos, entre ellos el Festival de Verano, el Festival del Adulto Mayor, encuentros familiares e infantiles, entre otros. En Cuenca sonó la primera con La Feria Internacional del Libro de Cuenca, inicialmente programada del 7 al 12 de abril anunció su postergación para agosto, tras lo cual se la canceló definitivamente anunciando que el evento se posponía hasta el 2026 debido a los cambios normativos de la contratación pública. Luego, la dirección de cultura de esta ciudad tuvo problemas con varios procesos para la contratación de artistas para celebrar las fiestas de la ciudad en noviembre.
En Guayaquil, en las fiestas octubrinas también se enfrentaron a una situación similar. En septiembre, la Dirección de Turismo y Eventos Especiales del Municipio informó que tenían 6 contratos paralizados, entre ellos la Sesión Solemne y Festival de Arte al Aire Libre (FAAL) cuya última edición se realizó hace 6 años (2019) y a través del cual se ponía en escena a cientos de artistas de Guayaquil. Con el bloqueo al proceso, más de 290 inscritos para música, danza, teatro, monólogos, técnicas de artesanía tradicional con talleres vivos, escultura, etc, es decir 12 ramas artísticas y creativas dejaron de llenar las calles de Guayaquil (Malecón, Panamá, Malecón del Salado). Luego, en noviembre de 2025, el Municipio de Quito informó nuevamente de la interrupción de 52 actividades en el marco de la Fiestas de Fundación de la urbe.
Desde el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes, y como lo planteamos al inicio del editorial, lamentamos que la ocasión para discutir al respecto de las competencias y las políticas culturales municipales sobre la cultura sea la de un fuego cruzado entre uno de los principales alfiles del régimen y tres alcaldes de la oposición. Esta falta de posibilidades de discusión sobre la política cultural y los enfrentamientos entre autoridades han sido una constante en el Ecuador desde la expedición de la Ley de Cultura en 2016, ahondada con el veto total a su reforma por parte del Ejecutivo en 2024 y su reciente archivo por parte del Legislativo con mayoría oficialista.
No debe perderse de vista que el único sector afectado no es el cultural, sino que también se perjudica a ámbitos como el turístico y el gastronómico, además de al comercio informal y emergente, que dependen de eventos masivos y de celebraciones patronales. Mas aún, la pugna entre el SERCOP y los municipios más grandes de Ecuador esta comprometiendo adquisiciones en materia de salud y obra pública, por ejemplo. El autobloqueo estatal de sus propios mecanismos de gestión mediante la parálisis administrativa es totalmente contrario a la eficiencia que predica él régimen. Resolver este impasse no es solo cuestión de eficiencia, sino de responsabilidad pública: permitir que la confrontación política siga desbordando la administración supone abandonar a la ciudadanía en su conjunto.