Por Adela Vargas
Era lunes 29 de septiembre y el tan esperado VIII Encuentro Internacional de Investigación en Artes-ILIA daba su inauguración. Para la cita, había expectativas por el encuentro entre la comunidad artística para recordar que sí contamos con derechos culturales establecidos en la Constitución vigente.
A la par, hace varias semanas se había aprobado la convocatoria a una consulta popular en la que la ciudadanía ecuatoriana tomará, el próximo 16 de noviembre, una decisión alrededor de varios temas, tales como el retorno de bases extranjeras militares en territorio nacional, cambios en la cantidad de asambleístas electos para representar al pueblo en la Asamblea Nacional, financiamiento público a partidos políticos, y sobre todo, la posibilidad de proponer una nueva Asamblea Constituyente
¿Qué implicaciones podría tener esta última pregunta en particular sobre los derechos culturales?
Esta duda seguramente resuena en la comunidad artística conformada por gestores, artistas, servidores públicos, estudiantes y docentes. Por lo tanto, desde el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes (proyecto del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes) se planteó una serie de actividades para conocer las percepciones de actores clave de dicha comunidad sobre los derechos culturales, pues con un gobierno que prioriza la inversión en fuerza pública y que eliminó el Ministerio de Cultura, el impacto de una nueva Constituyente alberga la posibilidad de regresión en este ámbito.
Las actividades propuestas fueron variadas: desde micro entrevistas presenciales a estudiantes, docentes e invitadxs hasta la puesta en relación de los derechos con la coyuntura nacional. También se pudo conversar artistas, académicos y gestores culturales, como Pedro Bonfim, cantante de Lolabúm; el actor guayaco Andrés Crespo; la escritora Yuliana Ortiz Ruano; la caricaturista Vilma Traca; y autoridades como Fernando Cerón, presidente de la Sede Nacional de la Casa de la cultura, y Christian Pino, director de Patrimonio Cultural de la Prefectura de Pichincha. Sus voces dialogaron precisamente sobre la importancia de contar con estos derechos y coincidían al manifestar que su garantía no depende únicamente de la actual Constitución, sino de la gestión y trabajo de los gobiernos de turno locales y nacionales para el arte y la cultura.
Este escrito apunta a identificar algunos elementos clave para analizar los derechos culturales y los derechos en general, aportar sobre la importancia de conocer los derechos avalados en la Constitución; reflexionar sobre el camino para tangibilizar o concretizar los derechos culturales; y advertir que, aunque el Estado es quien debe garantizar la implementación de los derechos, defenderlos es responsabilidad de la ciudadanía.
¿Cómo defendemos algo que no sabemos?
Entre los primeros hallazgos del proceso se destacó el consenso entre las y los actores consultados en torno a la relevancia de proteger y promover los derechos culturales. No obstante, desconocían en detalle los derechos específicos que se encontraban en la Constitución. En esta línea, en una entrevista a Alberto Acosta – ex presidente de la Asamblea Constituyente de 2008- realizado por Mullu en YouTube, el especialista manifestó que una de las falencias del proceso constitucional de 2008 fue que una vez aprobado, no se realizó un proceso de apropiación de los textos con la sociedad ecuatoriana, lo que generó un desconocimiento de los hitos y derechos que respalda la Carta Magna.
Por lo tanto, en esta iniciativa del Observatorio y en un ejercicio de ‘mediación’ de un lenguaje legal a uno social, o un proceso pedagógico alrededor de aspectos fácticos de la conquista de derechos con el objetivo de propender a fortalecer la apropiación de estos derechos en la comunidad artística, pues quién mejor que ella para defenderlos.
Por ejemplo, varios estudiantes de Uartes compartieron su preocupación por el futuro laboral, puesto que trabajar del arte y la cultura es un gran desafío ante la falta de apoyo del sector público y privado en Ecuador. Esta problemática se refleja en la experiencia laboral de la actriz Juana Guarderas, quien comparte su testimonio:
“En nuestro país, lastimosamente los artistas no tienen un seguro social con las especificidades que su labor requieren se considere; por ejemplo, los artistas somos “trabajadores intermitentes”: tenemos contratos temporales, o casuales; entonces, no contamos con un ingreso fijo seguro”.
En este sentido, a opinión de Guarderas focaliza sobre la problemática de la cultura, el arte y el. También muestra que la gestión de las autoridades debe fortalecer las condiciones de trabajo que ya están estipuladas en la Constitución, tanto desde el campo cultural como desde los derechos laborales en general, en lo que se evidencia la correlación de interdependencia entre derechos.
Esta correlación la ha abordado Paola de la Vega, docente universitaria y gestora cultural. En el marco de la presentación de su libro Genealogías para una gestión cultural crítica, la profesional realizó el taller “Derechos culturales y Constitución” en la Universidad de las Artes, que contó con la participación de gestores culturales de Guayaquil. De la Vega planteaba, por ejemplo, que no se puede hablar del derecho al acceso a la cultura (art. 23) sin dejar de otorgar derecho a la educación en cultura, memoria y arte (art. 19, 29), así como también, que no se puede garantizar el derecho a la participación en cultura y condiciones laborales dignas sin contar con la responsabilidad del Estado en otorgar fomento y financiamiento para proyectos en cultura y arte, como lo estipula el artículo 380 de la Constitución.
Con lo mencionado hasta el momento, se demuestra que los derechos culturales no solo son artículos escritos en un documento de un montón de páginas, sino que dichos derechos, una vez que se conocen y comprenden, deben recibir un seguimiento sobre su cumplimiento y/o vulneración.
¿Por qué son importantes los derechos culturales? Resonancias en proyectos artísticos e institucionales
Nada más simple, y potente a la vez, que el orgullo por las raíces. Otro de las acciones que permitió tangibilizar los derechos culturales fue ahondar en su importancia para la ciudadanía, para la que el principal punto en común fue que fortalece, o recupera, el orgullo por lo propio.
Paradójicamente, el contexto ecuatoriano está surcado por la discriminación y el racismo, como el corte de trenza de cabello a jóvenes de Imbabura por parte de militares, violando su derecho a la identidad cultural (art. 21) ¿Cómo, entonces, pueden convivir el orgullo y la discriminación o racismo? La coyuntura nacional de semanas recientes, como el paro nacional, evidenció la importancia de los derechos culturales en hechos concretos, demostrando que su garantía estipulada en la Constitución permite exigir su cumplimiento, e incluso abre la posibilidad de demandar y pedir reparaciones por su vulneración. En esta sección, cabe perfectamente la frase lo que no se nombra, no existe.
El orgullo por las raíces se refleja también en el derecho a la memoria social e histórica. Yanella Duarte Pila, docente de la Universidad de las Artes, indica que la memoria puede ser tangible como no tangible, es decir, que no solo está en los museos. Un proyecto que da cuenta de ello es la memoria de los adultos mayores que han habitado la ciudad de Guayaquil, recuperando así parte de la identidad múltiple a través de las costumbres, expresiones y relaciones que existen en las guayacas y guayacos. Duarte reafirma que “la historia la hacen los pueblos”.
La memoria social e histórica se evidencia también en Los Cronistas Locales de Pichincha, un proyecto implementado por la prefectura de esta provincia bajo la coordinación del director de Patrimonio Cultural, Christian Pino. El director comentó que visitaron 80 parroquias de la provincia y que se trabajó con sus habitantes para elaborar una crónica en la que identificaron elementos e hitos que hacen que su parroquia sea un lugar de vida que genera identidad.
El proyecto logró una recopilación de 5 tomos de libros, en los que se cuentan las crónicas de Pichincha, preservando la memoria y la historia de las parroquias de esta provincia. Pino además agregó que el problema no son los derechos, sino cómo el gobierno de turno, los ministerios competentes y las autoridades implementan y garantizan los derechos culturales. Por lo tanto, para el director, una reformulación de la Constituyente es innecesaria.
Otro proyecto que da cuenta de los derechos culturales es ¿Qué tipo de ancestras queremos ser?, un proceso de investigación que culminó con el lanzamiento del libro Re-escribir la isla, Re-habitar el tránsito. Autohistorias de mujeres barrializadas y de Isla Trinitaria (Guayaquil-Ecuador) bajo la dirección de la escritora Yuliana Ortiz Ruano. En una entrevista con las autoras, nos comentaron cómo evidenciaron el derecho a la identidad cultural, a la memoria social e histórica, el respeto y reconocimiento a la diversidad cultural, el derecho a la libertad y creación artística, y a la comunicación e interculturalidad. Por ejemplo, el rescate de las historias de mujeres afrodescendientes que migraron de Esmeraldas a Guayaquil desde el siglo XIX hasta los 90’, que a su vez fueron parte de la construcción del sector de Isla Trinitaria, así como también la recuperación de los saberes ancestrales en el campo de la salud, educación y economía; la serie de productos y materiales que utilizaban para su identidad y estética como mujeres y la participación de las mujeres afrodescendientes en trabajos dentro de una ciudad como Guayaquil. La publicación buscó sobre todo presentar cómo la cultura afrodescendiente es partícipe activa y directa de la construcción del cotidiano de Guayaquil, rompiendo con estereotipos de perfilamiento racial e inseguridad.
Los proyectos de cultura y arte son medios que permiten acceder y participar en cultura a la ciudadanía, pero también recuperar la memoria y el orgullo, y la calidad laboral para gestores y artistas que impulsan estas iniciativas. En ese sentido, como menciona Paola De la Vega, la implementación y garantía de los derechos culturales es posible cuando existe una correlación de estos derechos. Es decir, no se puede hablar de acceso y participación a la cultura si no se cuenta con acceso a la educación en cultura o espacios de interés para los diversos sectores sociales que la configuran.
Ante la crisis de arte y cultura, ¿nueva Constitución o voluntad política?
En un contexto de regresión de derechos y odio, los derechos culturales contribuyen a recuperar el orgullo por las raíces y a respetar las diversidades culturales. Los derechos culturales se pueden manifestar de múltiples maneras: en el lanzamiento de un proyecto desde la mirada de mujeres afrodescendientes, recuperando crónicas de las distintas parroquias de una provincia, en el acto de re habitar y re escribir la isla de una ciudad, en un concierto, en un museo, en el acceso a educación en cultura, y en múltiples formas más. Defender y exigir la garantía de estos derechos significa reconocer que la cultura es una forma de historia, existencia y resistencia.
La apropiación de los derechos culturales, y otros, requiere que se entiendan no solo como una categoría legal, sino como el fundamento de una forma de vida democrática y de pertenencia colectiva. Defenderlos, por lo tanto, implica mantener viva la posibilidad de crear, recordar, pensar y convivir desde la diversidad ecuatoriana. Sin embargo, a pesar de que la responsabilidad de la garantía de los derechos culturales corresponde a los gobiernos de turno y a las voluntades políticas de las autoridades, la obligación de defender los derechos también cae en la sociedad civil y en sus distintas formas de organización. Este argumento puede ser la guía para un proceso de exigibilidad y justiciabilidad que incluso pueda dialogar con otros campos de derechos humanos, de la naturaleza y animales.
En esa línea, es necesario fortalecer procesos pedagógicos y participativos que acerquen la Constitución a los actores culturales y a la ciudadanía en general. Defender los derechos culturales implica defender la memoria, la diversidad y la posibilidad de imaginar futuros comunes. En un contexto gubernamental de regresión de derechos, el arte y la cultura son los primeros sacrificios. Paradójicamente se sacrifica la cultura, aquello que ofrece espacios seguros y alternativos para infancias y juventudes en contextos de violencia, oportunidades laborales para artistas y gestores, y mecanismos para recuperar el orgullo y la memoria por lo propio
No basta con decir que se defienden los derechos culturales. Es necesario informar traduciendo el lenguaje legal en uno social, conocer los derechos y tangibilizarlos en hechos concretos.
#YoDefiendoMisDerechosCulturales
Agradecimientos especiales
Ricardo Pita, Juana Guarderas, Andrés Crespo, Ana Belén Yela, Jahiren Noriega, Vilma Traca, Casi Mira, Pedro Cajigal, Fernando Cerón, Janella Duarte Pila, Pedro Bonfim, Liz Zhingri, Cecilia Báez, Christian Pino.