Por Pablo Salgado
El Ministerio de Cultura, apenas duró 18 años. Nació en 2007, cuando el presidente Rafael Correa inició su mandato. El primer ministro fue el poeta esmeraldeño Antonio Preciado. Y la curadora guayaquileña Romina Muñoz, la última ministra; la que lo cerró.
La creación del Ministerio de Cultura no fue una decisión improvisada del nuevo gobierno, sino el resultado de la persistencia de décadas; en verdad, desde el retorno a la democracia, en 1979. Su creación determinó que la cultura, al fin, esté en la mesa de discusiones del gabinete presidencial. Y, sobre todo, que se comprenda que la cultura es también esencial para el desarrollo de un país. Y claro, que sus presupuestos dejen de ser insignificantes, ya que la cultura era apenas una Subsecretaría en el Ministerio de Educación, junto al deporte. Pero no solo eso, sino que, recordemos, el gobierno de Rafael Correa también había creado el Ministerio Coordinador de Patrimonio que, con la declaratoria de emergencia, invirtió como nunca antes en la preservación de nuestros patrimonios. Aunque su existencia fue fugaz, pues en 2013 se lo adhirió -craso error- al Ministerio de Cultura.
El Ministerio de Cultura, creado en el marco del Plan Nacional del Buen vivir, sin bien no llenó todas las expectativas de artistas y gestores -ningún Ministerio lo hace- generó avances significativos: en el ejercicio de los derechos culturales, garantizados por la Constitución de 2008; en la representación simbólica de la cultura en los procesos sociales; en presupuestos y acceso a recursos públicos, ya que se crearon los fondos concursables, que normó y terminó con la tan nefasta discrecionalidad; gestó la anhelada Ley orgánica de Cultura que, luego de un tortuoso camino, se expidió en 2016; y permitió, con el Sistema Nacional de Cultura, asumir la gestión cultural en todo el país, de modo desconcentrado y descentralizado; así como garantizar la libre creación, el acceso de todos los ciudadanos a la cultura, y la conservación y puesta en valor de nuestros patrimonios. Además, se reconoció el Estado plurinacional como una forma de asumir la diversidad cultural del país y de respeto a los pueblos originarios.
Además, el Ministerio adhirió a Ecuador a los fondos internacionales, los fondos IBER; se recuperó la Feria del Libro para Quito (que luego, la cerró la Ministra Machuca). En fin, una gran cantidad de acciones que, con tropiezos e incluso caídas, permitió, construir una institucionalidad necesaria para el fomento y desarrollo de las expresiones culturales en el país. Esa institucionalidad y los presupuestos dignos fue lo que, por citar un solo ejemplo, permitió que Ecuador pasara de producir 1 película cada cinco años, a producir 38 películas, y más de 300 cortos y documentales al año. Y lo mismo en las otras artes. Y que se invirtiera en infraestructura cultural, en la construcción de teatros, auditorios, museos y centros culturales, en numerosas provincias del país, así como la administración de 55 espacios culturales, entre museos y contenedores de bienes patrimoniales.
La expedición de la Ley orgánica de cultura, LOC, fue uno de sus hitos más importantes del Ministerio, ya que, al fin, el país podía contar con una institucionalidad estructurada que garantice el cumplimiento de los derechos culturales y la generación de políticas públicas a través de un Ente rector, el Ministerio de Cultura. Una Ley que crea El Sistema Nacional de Cultura, los Subsistemas, las Redes nacionales, el Régimen integral para la educación y formación en artes, RIEFAC; el Sistema Integral de Información Cultural; el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC; entre otros. Además, norma la preservación y conservación de nuestros bienes patrimoniales, materiales e inmateriales; y, sobre todo, crea los Institutos de fomento: el Instituto del Cine y Creación Audiovisual, ICCA, y el Instituto de Fomento, Artes, Innovación y Creatividad, IFAIC.
Sin embargo, se produce un hecho importante que incidirá en el presente y futuro del Ministerio. Le correspondía al gobierno de Lenín Moreno -1927-2021- implementar la Ley, a través de su Ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Sin embargo, sucede lo inesperado. El Ministro afirma que “no le gusta le Ley”, y simplemente no la implementó. No cumplió ningún mandato de la Ley. No creó ningún Sistema, subsistema y peor las Redes nacionales. Por este motivo, fue llamado a juicio político en la Asamblea Nacional. Pero lo más penoso es que los siguientes ministros tampoco implementaron los mandatos fundamentales de la ley.
Si se habría estructurado toda la institucionalidad que manda la Ley orgánica, otro sería el cantar. No solo que todo el ecosistema de la cultura y los patrimonios en el país habrían cambiado, sustancialmente, sino que incluso habría sido mucho más complejo desmontar, de un plumazo, toda esa arquitectura institucional.
El Ministerio de Cultura nació con una estructura administrativa y operativa nacional, ya que contaba con direcciones provinciales. A través de estas direcciones, el Ministerio establecía vínculos directos con artistas, gestores y con la población, y descentralizaba los procesos y los recursos. Pero, con el advenimiento de los vientos neoliberales, esas direcciones fueron eliminadas, al igual que las Direcciones zonales del IFAIC, lo que provocó que de nuevo se centralice la tramitología y, sobre todo, que los recursos se concentren en las grandes ciudades.
La pandemia, que obligó a cerrar todos los espacios para la cultura, generó una profunda precariedad en el sector, de la que aún no se ha repuesto, ya que el Estado, y el Ministerio de Cultura, estuvieron ausentes. El entonces Ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, anunció bonos y ayudas económicas a los artistas, y la implementación de la Economía Naranja, para desarrollar una industria cultural. Lenin Moreno, en cadena nacional, llamó a los artistas a convertirse en emprendedores. Y Velasco, suelto de huesos, anunció que así, el PIB de Cultura alcanzaría el 3.5%. Nunca entregó los pírricos bonos ni las ayudas ofrecidas, y los artistas -en plena crisis económica- quedaron desprotegidos y abandonados.
Fue Lenín Moreno quien, en cumplimiento del programa del FMI, inició la reducción drástica y el desmantelamiento del aparato del estado y el gabinete ministerial, con el típico discurso neoliberal: la gran obesidad del Estado. Suprimió los cinco Ministerios Coordinadores y 16 entidades, y fusionó otras. Lo mismo sucedió en el gobierno de Guillermo Lasso, suprimía unas instituciones, pero creaba otras. Y el descalabro se sintió inmediatamente: los servicios públicos se deterioraron, el sistema de salud colapsó, el sistema de educación se fracturó, y la violencia y el crimen organizado empezaron a crecer aceleradamente, junto a los índices de desempleo y pobreza.
Los recortes a los presupuestos de todas las entidades que forman parte al Sistema Nacional de Cultura han sido crueles. Recortes continuos en los tres gobiernos neoliberales, de Moreno, Lasso y Noboa. Así, el Ministerio de cultura sufrió una fuerte disminución presupuestaria: de los 53 millones que recibía en 2015, con la Revolución Ciudadana, pasó a 16.8 millones en el 2020, con Lenín Moreno; a 11.9 millones, en el 2023, con Guillermo Lasso; y para el 2024 y 2025, subió a 14 millones, con Daniel Noboa.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana también sufrió un recorte similar, de 17.9 millones, del 2011, pasó a solo 13. 5 millones, en el 2022; a 12 millones, en el 2023; y a apenas 11 millones, en este 2025.
Lo mismo sucedió con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, que de 16.8 millones de dólares que recibía en el 2013, pasó a 6.3 millones, en el 2022; y a sólo 5.0 millones en el 2024 Y 2025.
Ahora bien, esto ha provocado que las dos grandes instituciones culturales del país, La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el propio Ministerio de Cultura y patrimonio, acumulen dificultades para una eficiente gestión, los escuálidos presupuestos han sido determinantes: La Casa de la Cultura tiene alrededor de 300 empleados, funcionarios y servidores por factura; casi el 100% del presupuesto que recibe -11 millones- está destinado para gasto corriente. Es mínimo el presupuesto para inversión. De ahí la precariedad, el vaciamiento y la ineficiencia institucional, que se volvió crónica y más evidente en estos cuatro años de gestión de Fernando Cerón. Y el Ministerio de Cultura, tiene más de 200 empleados y funcionarios, y de su presupuesto -14 millones- también en su mayoría va a gasto corriente y son mínimos los recursos para inversión, aunque no debemos olvidar que no es (era) un Ministerio ejecutor, sino un Ente Rector generador de políticas públicas, ya que los entes ejecutores son los Institutos de fomento.
Durante estos años, existieron significativos avances no solo en la comprensión del Estado al quehacer cultural y a entender que el artista y el gestor son trabajadores de la cultura, sino en normativas, exenciones, reglamentos y otros incentivos, como el IVA 0 o exoneraciones tributarias y tarifas arancelarias, o leyes para el fomento del cine, aunque algunas de ellas no salieron vía Ministerio de Cultura, sino vía Ministerio de la Producción.
Tampoco podemos negar los tropiezos del Ministerio de Cultura; durante sus 18 años, tuvo 16 Ministros/as, más tres encargados. Demasiado. Y cada Ministro llegó con su propio equipo y, en muchos casos, a comenzar de cero. El cineasta y documentalista Pocho Álvarez, quien fue siempre crítico al Ministerio, señala: “La novelería en crear un Ministerio de Cultura. Y ahora, la novelería de suprimirlo es vergonzosa, porque generará un caos. Si fuera un gobierno serio, si el presidente Noboa fuera un estadista, hubiera pensado en analizar si es conveniente o no su eliminación. ¿Dónde quedan todos los organismos creados por la Ley orgánica? Esta decisión provoca un gran vacío. Y todo esto es porque para el Estado y los gobiernos de turno, la cultura ha sido un decorado, un oropel. La reducción de las políticas significa un retroceso, no solamente de cultura, sino de ambiente, porque no hemos entendido que la cultura es también naturaleza. El “nosotros” que pretendemos construir no existe; el alma que construye un país, no existe. Somos reactivos.”
La artista escénica y gestora, Gio Valdiviezo, afirma que la fusión “Es una cacería de brujas, en la que quieren eliminar estratégicamente ministerios que estorban, porque son los espacios que generan reflexión, pensamiento y criticidad, que defiende los territorios, los recursos, que genera pensamiento crítico. Entonces, la cultura no es útil para su proyecto minero, por ello la fusión y subordinación de ambiente con energía y minas, y lo hacen de manera evidente y torpe. Y también por ello, desaparecen el espacio de las mujeres. Y además con la generación de un discurso de odio contra lo público, y sus empleados.”
Ahora bien, ¿es cierto que el Ecuador tiene un aparato estatal obeso y desmesurado? Las cifras lo desmienten. Ecuador tiene 31 empleados públicos por cada 1.000 personas, mientras Uruguay tiene 113 empleados por cada 1.000. El promedio en Sudamérica es de 54 empleados por cada 1000. Y sino, simplemente veamos el porcentaje de empleados públicos en los países desarrollados: Noruega, Francia, Suecia, Finlandia, Canadá, Dinamarca, tienen entre el 20 y 30% de empleados públicos. En Sudamérica, Ecuador es uno de los países con menos funcionarios públicos: Argentina, tiene el 19% (antes de la motosierra de Milei); Uruguay, el 15%; Brasil, el 12%; Chile, el 9%. Mas empleados y funcionarios públicos no es ineficiencia; es más salud, más educación, más seguridad, y más cultura. La media de los países desarrollados es del 20%, y Ecuador tiene el 6%, es decir muy por debajo de esa media.
La decisión del gobierno de Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 60, de desaparecer y fusionar Ministerios y Secretarías, y el inmediato despido de 5 mil empleados públicos se enmarca en el proceso de estructuración de ese modelo neoliberal que, en muchos aspectos, se exhibió en la campaña, y es ciertamente por lo que la mayoría (¿mayoría?) de ecuatorianos votó. Y es, evidentemente, una imposición del FMI, y no el resultado de un proceso técnico, tal como lo ha reconocido la propia Ministra de Cultura, Romina Muñoz: “A todos nos ha tomado de sorpresa esta decisión que es parte de un contexto más amplio, pero bajo ningún concepto se está considerando suprimir las competencias y responsabilidades culturales del Estado. La Cultura es un derecho y hay que garantizarlo,” dijo en su cuenta de Faceboock.
Pero precisamente, esta es una de las mayores preocupaciones de los artistas y gestores -que se han manifestado ya en las calles- el retroceso que significa la eliminación del Ministerio y el riesgo que supone para el ejercicio de los derechos culturales, más aún cuando las leyes de emergencia aprobados por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, conculcan justamente derechos y libertades, e instaura un régimen autoritario.
La académica Paola de la Vega, afirma: “En cuanto a los derechos culturales, creo que al menos el sector cultural se ha apropiado de este instrumento para el ejercicio de sus prácticas y hoy tiene plena conciencia de que no son retórica y mero reconocimiento, su concreción significa tener condiciones materiales para ejercerlos, es decir, institucionalidad y presupuesto público. También entendimos que para disputar esas condiciones debe existir un órgano ministerial que eleve la cultura a la mesa presidencial de gobierno y la coloque en la agenda central del Estado.”
Y la gestora y experta en arte en la educación, María Consuelo Tohme, señala que: “mientras en Ecuador se cierra un Ministerio de Cultura, en España el Ministerio de Cultura acaba de lanzar el Plan de Derechos Culturales. Mientras unos caminan al futuro, otros retroceden décadas. País que no cuida la cultura y su institucionalidad no tiene futuro, memoria, ni identidad.”
La fusión del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación es, sin duda, un lamentable retroceso, es volver al siglo pasado. Pero sobre todo, es una afrenta a los derechos culturales y a la institucionalidad cultural y patrimonial del país. Es la puesta en práctica de un modelo neoliberal que desprecia lo público, y que gobierna no para la mayoría, sino para una minoría. Un modelo que no busca el bien común y el bienestar de todos, sino el de unos pocos. Fusionar, o desaparecer, ministerios y/o Secretarías no conduce a la mejora en los servicios públicos. No se trata, entonces, de eficiencia, sino de dar la puntada final al desmantelamiento del Estado, en beneficio de lo privado.
Esta fusión es un desprecio por la cultura y los patrimonios nacionales, que no calzan en el modelo neoliberal que todo lo deja al mercado y la rentabilidad. Ya tenemos una institucionalidad cultural ahogada por los continuos recortes a sus presupuestos. Un sector cada vez más precarizado, con una enorme desocupación laboral y sin acceso a la seguridad social. Y, por tanto, sin capacidad para insertarse en ese modelo neoliberal y construir una industria cultural que llegue a ocupar mercados y generar rentabilidad.
Está claro que al gobierno del presidente Daniel Noboa, no le interesa las expresiones culturales que contienen y construyen un pensamiento crítico, peor una memoria colectiva. Tampoco le interesa los derechos culturales, la creación que provoca reflexión y cuestionamientos. Y menos, la cultura como una esencia imprescindible para la consolidación de las identidades locales y nacionales. Y ni se diga, como un elemento de cohesión y transformación social y económica. Solo le interesa el mercado, el consumo y el lucro. Y cumplir las exigencias del FMI.
Aún no conocemos el proceso de la fusión y la transición, pero se espera que los Institutos, tanto el ICCA, como el IFAIC, sigan funcionando “normalmente”, ya que son los organismos ejecutores y, por tanto, manejan los recursos económicos y las convocatorias para los fondos concursables. Además, el Fondo Nacional de Cultura, se encuentra en el IFAIC, y no depende del presupuesto general del Estado, sino de las utilidades del Banco del Estado. Esto garantizaría -aunque con el gobierno de Daniel Noboa, nada está garantizado- que los fondos para las
convocatorias se mantendrán y los artistas y gestores podrán, al menos, seguir accediendo a recursos públicos.
Tampoco se conoce cuántos empleados y funcionarios serán despedidos. O si, como lo ha anunciado el propio Presidente, serán reemplazados por otros, con lo que se perdería todo el conocimiento -experticia- adquirido durante estos años. Y más cuando se fusiona con Educación, un Ministerio que no puede ni con su propio peso, peor con cultura, deporte, ciencia e innovación, saberes ancestrales y educación superior.
En tiempos de violencia y criminalidad, suprimir el Ministerio de Cultura y patrimonio y abandonar a artistas y gestores culturales es un acto de barbarie. Así lo entiende también la compositora, cantante y docente universitaria, Karina Clavijo, que lo dice claro y alto: “Esta decisión política no solo borra instituciones; borra luchas, borra territorios, borra nombres. Borra la posibilidad de que sigamos construyendo un país con voces múltiples, con lenguajes propios, con historias contadas desde abajo. Esta fusión no es ahorro, es amputación.”
Referencias:
Pocho Álvarez, La noche boca arriba, CulturaFM. 30/07/25
Gío Valdiviezo, La noche boca arriba, CulturaFM, 30/07/25
Tasas de empleo público, Informe OCDE, 2023.
María Consuelo Tohme, post FacebooCk, @McTohme, 27/07/25.
Paola de la Vega, Observatorio de políticas públicas, ILLA-U. Artes.
Karina Clavijo, post Faceboock, @karinaclavijo, 25/07/25