Por Redacción Observatorio
Tras cinco años de vigencia, la Ley Orgánica de Cultura parece entrar en su fase final de reforma. Cabe recordar que el proceso de construcción de este cuerpo legal en vigencia tardó alrededor de 9 años en concretarse, desde la creación del Ministerio de Cultura en 2007 hasta el 2016. En este sentido, la Ley de Cultura se pensaba como un elemento normativo para la consolidación de un Sistema Nacional de Cultura en concordancia con los principios de la Constitución de Montecristi y como una respuesta a la incipiente responsabilidad de un Estado que había delegado las tareas de rectoría y gestión gubernamental cultural a una Subsecretaría adscrita al entonces Ministerio de Educación y Cultura.
La construcción de la Ley inició con procesos participativos en lo que se denominó “Cien días por la Cultura”, proyecto que inició el 28 de abril de 2009. Así, a través de encuentros zonales a nivel nacional se convocó a gestores, artistas y población en general para recoger sus puntos de vista, expectativas y necesidades, con el objetivo de convertir estas propuestas en el corpus central de la Ley Orgánica de Cultura.
Avatares de una reforma
Desde la creación del Ministerio de Cultura hasta la expedición de la Ley pasaron 8 ministros, y múltiples borradores del texto. Sin embargo, la aprobación del cuerpo legal tuvo una recepción mixta entre la comunidad artística y cultural del país, por lo que no se generó el efecto integrador esperado. Posteriormente, emergieron acusaciones de incumplimiento[1] y desatención a la norma, de modo que apenas 2 años después de su expedición ya se dieron los primeros intentos para su reforma, con la solicitud del 15 de octubre de 2018 de la ex asambleísta por la provincia de Pichincha, Soledad Buendía, de reformar el artículo 119 de la Ley Orgánica de Cultura, que establece que el 50% del monto destinado a contrataciones de artistas para eventos públicos debe ser para artistas nacionales. En este sentido, el pedido de Buendía apuntaba a que los gobiernos autónomos y descentralizados pueda contratar únicamente a personas ecuatorianas.
Un siguiente proyecto de reforma fue presentado el 18 de septiembre de 2019 por el ex asambleísta por Pichincha, Fabricio Villamar, quien se enfocó en el artículo 64 de la Ley, el cual hace referencia a la titularidad y posesión de los bienes del patrimonio cultural nacional. Así, en la propuesta se plantea una excepción al artículo antes referido que indica que “los bienes del patrimonio cultural nacional de titularidad y posesión pública son inalienables, inembargables e imprescriptibles”, al añadir un texto que propone que, de manera excepcional, y previa autorización del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, los bienes puedan someterse a procesos de enajenación de acuerdo con la normativa correspondiente.
A partir de este punto, los proyectos de reforma involucraron cambios de mayor envergadura. Tal es el caso de la propuesta enviada por la ex asambleísta (también por Pichincha) María Gabriela Larreátegui Fabara el 27 de junio de 2020, la cual incluía modificaciones de diferente grado a 19 artículos, la adición de las disposiciones generales desde la sexta a la novena, de 4 disposiciones reformatorias y 2 transitorias.
Entre los principales temas incluidos en la propuesta se encuentran el derecho de asociación y la participación de las organizaciones en la elaboración, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas culturales y laborales de su sector; la creación de estímulos para la contratación de los profesionales inscritos en el RUAC; el desarrollo de políticas de fomento de empleo en artes, cultura y patrimonio; y el fomento de las artes en todos los niveles de educación por parte del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. En estas artistas se identifica un acercamiento hacia los ámbitos educativo y laboral, entre los que este último representa una de las áreas más delicadas debido a la pandemia del coronavirus.
En 2021 se presentó el último proyecto de reforma hasta este punto, el cual fue propuesto el 27 de mayo (con alcances del 11 y 16 de junio) por la asambleísta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta, quien planteó modificaciones para 9 artículos, una disposición derogatoria única, y una disposición transitoria. La visión de esta proposición se centra en la gestión y administración de cultura en el exterior, para lo cual plantea la definición de políticas públicas para los ecuatorianos que residan en el extranjero, de modo que se facilite su inserción efectiva al Sistema Nacional de Cultura. Como acción concreta, se expone la creación de núcleos en el exterior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, lo cual conlleva la creación de nuevos puestos directivos.
Consiguientemente, el 23 de junio de 2021, la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional resolvió conformar la “Subcomisión para el tratamiento de forma unificada de los proyectos de Ley Orgánica Reformatorios a la Ley Orgánica de Cultura”, la cual fue conformada por Amparo Rocío Guanoluisa Farinango como presidenta junto a dos asambleístas más: Edwin Frías y Darwin Pereira. Guanoluisa es además la vicepresidenta de la comisión especializada permanente antes referida.
Como parte del proceso de consulta legislativa, el 16 de septiembre de 2021 esta subcomisión desarrolló mesas de trabajo con actores sociales y gremios, como la Asociación de artistas profesionales de Pichincha, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, el Instituto de Patrimonio Cultural Andrés Bello, y artistas independientes. Posteriormente, el 7 de octubre, tuvo lugar la unificación final del texto propuesto por la subcomisión.
El 19 de octubre de 2021, la asambleísta Amparo Guanoluisa mantuvo una reunión con el equipo de Fernando Cerón, presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, en la cual se abordaron los puntos críticos de la normativa y se acordó el trabajo en conjunto para la reforma integral de la Ley. Posteriormente, el 9 de noviembre, la unificación de los proyectos de reforma fue presentada en el Informe para el primer debate de “Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Cultura” a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, organismo que en esa misma fecha aprobó el documento para el primer debate en la Asamblea.
Posteriormente, ya en el 2022, en la cuenta de Twitter de la asambleísta Guanoluisa el 11 de enero se registró una publicación de invitación a la mesa de trabajo sobre “La reforma de la Ley Orgánica de Cultura: Artistas y Gestores Culturales”, la cual se desarrolló de forma virtual el 14 de enero. De la misma forma, para el 19 de enero se programó otro encuentro similar, denominado “Reforma a la Ley Orgánica de Cultura: Educación y Formación”, en el que participó la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, con 58 personas.
La asambleísta también encabeza el proyecto de creación de Ley de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales (USECIPOL)[2], y trabaja regularmente en temas relacionados a la educación superior. Sin embargo, antes de su designación como miembro de la Asamblea Nacional en 2021 no se evidencia en la red información que certifique la experiencia y vinculación de Guanoluisa al campo cultural y/o artístico. Es más, su formación académica es como ingeniera en empresas de servicios y recursos humanos.
Invitación a la Universidad de las Artes a participar en la Reforma a la Ley Orgánica de Cultura
El 20 de enero de 2022, la asambleísta Guanoluisa extendió una invitación al rector de la Universidad de las Artes, William Herrera, a la Mesa de Socialización y Construcción para los aportes a Reforma de la Ley Orgánica de Cultura, a realizarse al día siguiente, 21 de enero, y que estuvo dirigida a estudiantes, personal docente, administrativo y personas involucradas en el sector educativo cultural de la institución.
La cita virtual estuvo presidida por la asambleísta y sus asesores: Agustín Llumiquinga y Darío Cahueñas. El objetivo del encuentro apuntó a exponer los avances y las propuestas existentes respecto a la reforma, y a la invitación al involucramiento de la Universidad de las Artes en el proceso. Así, después de las palabras introductorias, la legisladora realizó la lectura de las líneas temáticas de las reformas presentadas por los asambleístas previamente referidos en este texto: el patrimonio tangible, el fomento y apoyo a los artistas ecuatorianos, el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales – RUAC, y la creación de núcleos de la Casa de la Cultura en el exterior. Esta información se encuentra en el informe antes mencionado, en las páginas 14 y 15.
A continuación, el asesor jurídico y político de la asambleísta, Darío Cahueñas, comentó que, desde el despacho, y gracias a los aportes de las mesas de trabajo y de los agentes del campo cultural y artístico se han identificado otras áreas de acción respecto a las reformas: derechos de artistas y gestores culturales; patrimonio, memoria social y oralidad; bibliotecas; y educación y formación en artes, cultura y patrimonio. Así también, Cahueñas se ofreció a compartir una matriz para el ingreso de las propuestas por parte de la Universidad.
En la sección de preguntas, Pablo Cardoso, director del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes y del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, consultó sobre la etapa actual del proceso, el tiempo faltante para el segundo debate, y sobre una fecha tentativa para la discusión final de las reformas en el pleno de la Asamblea. Como respuesta, la asambleísta indicó que el proyecto ya había pasado el primer debate, tras lo cual retornó a la Comisión con las observaciones de los asambleístas, de modo que cuentan con 90 días para el segundo debate: es decir, hasta mediados de marzo. No se proporcionó información respecto al período en que se finalizaría el proceso. Cahueñas añadió que el texto de propuesta aún no se encuentra listo, y que cuando aquello suceda será socializado.
La estudiante de maestría de Políticas Culturales de la Universidad de las Artes, Gisella Carlos, también consultó sobre fechas al preguntar por el tiempo que tomaría recopilar las propuestas y necesidades del sector cultural. Al respecto, Darío Cahueñas señaló que la fecha límite para la recopilación es la primera semana de febrero, debido a que el texto debe entrar en corrección hasta la segunda semana de marzo.
El docente de la UArtes, Luis Páez, participó con una intervención crítica en la que enfatizó la falta de políticas públicas y de control que permita la aplicabilidad de una Ley que de por sí ya se presenta bastante completa: “el problema no es la ley, el problema es la política pública” sentenció. Así también, reiteró la solicitud para contar con mayores insumos, y con el texto con el que ha estado trabajando el equipo legislador, con la respectiva inclusión de las observaciones y comentarios de otras instituciones públicas, como el Ministerio de Educación. Si bien Cahueñas concordó con lo indicado por Páez, no aludió a la necesidad de insumos y a la entrega del texto de propuesta con el que está trabajando el despacho.
Posteriormente, el asesor Llumiquinga procedió al cierre de la sesión indicando que el lunes 24 tendría lugar la mesa de trabajo con bibliotecas y archivos, y que el viernes 29 se desarrollaría la mesa de patrimonio. Ante la reiteración del pedido de insumos por parte de Bradley Hilgert, vicerrector de la Universidad de las Artes, Darío Cahueñas ofreció el envío respectivo.
De esta manera, concluyó el encuentro entre la Universidad de las Artes y el equipo de la asambleísta Guanoluisa, cuya tónica estuvo marcada por la exposición de la información que ya se encuentra desarrollada en el informe y por las interrogantes que quedaron abiertas. Por otro lado, ahora la institución de educación superior dispone de dos semanas para organizar las mesas de trabajo y recoger las colaboraciones de su comunidad académica, a la espera de la entrega del documento de propuestas recogidas por parte del despacho.
Las voces al respecto de la Reforma de la Ley
El Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, en colaboración con los alumnos de la maestría de Políticas Culturales y Gestión de las Artes de la Universidad de las Artes, inició un rápido proceso de consulta a expertos del sector cultural para conocer sus apreciaciones al respecto de la reforma a la Ley. De manera general, se ha podido constatar sorpresa y desconocimiento sobre el proceso en curso. A continuación, presentamos algunos extractos de las entrevistas realizadas.
Para el ex viceministro de Cultura y miembro fundador del Consejo Nacional de Cinematografía, Jorge Luis Serrano, el proceso de Reforma de la LOC debe empezar por reconocer lo inconstitucional de la polémica fusión entre el ICCA y el IFAIC. Además, considera que el espacio institucional encargado del sector audiovisual no debe limitarse a la dirección de área de un instituto. Por otro lado, descarta la necesidad de abrir núcleos de la Casa de la Cultura en el exterior, ya que lo ve históricamente anacrónico y administrativa-financieramente inviable.
Juan Martín Cueva, actual secretario de Cultura del Municipio de Quito, opina que no debe reformarse toda una ley orgánica para hacer cambios particulares, sino que más bien podrían modificarse en el Reglamento de la Ley. Cueva aboga por rescatar la importancia de los derechos culturales establecidos en la Ley, no solo dirigidos a los trabajadores de la cultura, sino a también a todos los ecuatorianos. Desde su óptica, la Ley de Cultura podría tener una evaluación/revisión transversal y dialógica desde la ciudadanía y no solo desde el eje de artistas y gestores culturales
Por otro lado, el etnomusicólogo y gestor cultural Rafael Soria precisa que primero se tienen que tomar en cuenta anteriores asuntos que el Estado debe a los artistas y gestores culturales. Entre esos, está el manejo del patrimonio y el reconocimiento de la cultura como un dinamizador de la economía y la producción.
Daniela Fuentes, antropóloga y gestora cultural, considera que la reforma a la Ley de Cultura no está siendo sincera ni aportando al ámbito cultural y que, más bien, trata de esconder lo que está mal en ella. Fuentes menciona varios elementos que, para su criterio, deben intervenir en el proceso de reforma: un proceso de consulta prelegislativa, aportes de gestores culturales, la participación del sector de las artes escénicas y cinematográficas, el rol de las universidades y el uso de los espacios públicos.
La viceministra de Cultura y Patrimonio, Fanny Zamudio, añade que el proceso de reforma a la Ley de Cultura no se ha llevado con la debida coordinación y diálogo intersectoriales. Establece también que una reforma debe llevarse a cabo de forma sistémica e integral, y fundamentarse en diagnósticos y evaluaciones técnicas realizadas previamente con los insumos técnicos pertinentes. Por otro lado, desde su perspectiva, algunos elementos que podrían trabajarse en una reforma a la Ley de Cultura son la mejora de la coordinación entre entidades como los GAD y los núcleos provinciales de la CCE con el Sistema Nacional de Cultura, y también las articulaciones entre los actores del Sistema Nacional de Cultura y los objetivos planteados por la Ley para los subsistemas de Patrimonio y Memoria Social, y de las Artes e Innovación, ya que la normativa existente no efectiviza el enganche entre los sujetos y ambos subsistemas. Otra de sus propuestas gira en torno a la desconcentración del patrimonio y a una mejora del monitoreo de inversión en cultura de entidades descentralizadas.
Joaquín Moscoso, ex director del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, encuentra necesario que la reforma a la LOC se encargue de dotar de independencia técnica a las instituciones del Ministerio de Cultura. Así mismo, identifica que, para el correcto cumplimiento de la ley ya vigente, lo único necesario es voluntad política de las autoridades de turno, mismas que, desde su punto de vista, han desconocido en gran medida los procesos en el pasado. Moscoso agrega, entre otras cosas, que la discusión debe empezar por: la revalorización de la intangibilidad de los saberes artesanales, el concepto de espacio público, las alianzas público-privadas, etc.
Estas declaraciones constatan al menos dos aspectos comunes. Por un lado, una valoración más bien positiva –aunque siempre perfectible – a la Ley de 2016. Como consideración mayoritaria está la percepción de que los esfuerzos para su aplicabilidad no se han concretado, y que un primer desafío está en la búsqueda del ejercicio pleno de la LOC vigente. Por otro lado, encontramos un desconocimiento generalizado sobre la reforma a la Ley Orgánica de Cultura. El actual proceso de socialización emprendido desde la Asamblea sería un primer acercamiento a diversos actores del campo cultural para recoger opiniones y propuestas.
Sin embargo, los tiempos planteados por la Asamblea Nacional son demasiado cortos como para implementar procesos participativos incluyentes y obtener insumos con la profundidad requerida. Adicionalmente, está la oportunidad de entablar un debate alrededor del ejercicio y acceso a la cultura en momentos de particular gravedad para un sector afectado fuertemente por la pandemia. En este sentido, cualquier esfuerzo serio de reforma debería partir de una evaluación de lo sucedido desde la expedición de la LOC y de las políticas públicas implementadas a partir de ese hito, además del debido proceso de difusión para convocar a los actores pertinentes y a la sociedad en general.
En este sentido, la Universidad de las Artes inició el proceso de aporte a la reforma de la Ley Orgánica de Cultura mediante una primera sesión de trabajo interno sostenida el 24 de enero, en la que participaron voluntariamente varios de sus docentes, estudiantes y directivos. Como uno de los acuerdos de la reunión se determinó la respuesta formal como institución educativa a la Asamblea Nacional, reafirmando la voluntad y el compromiso a involucrarse en el proceso, y solicitando además una extensión del tiempo disponible, para así cumplir con los respectivos estándares de calidad y llevar a cabo una convocatoria a la comunidad en general: la recolección de contribuciones a un cuerpo normativo orgánico para la Cultura no debería proceder solo de artistas y gestores culturales, sino de todos los ecuatorianos quienes también son poseedores de derechos culturales. Así también, en esta primera sesión se estableció la conformación de grupos de trabajo para debatir y proponer sobre las reformas desde posturas críticas de investigación y periodismo.
El Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura realizará un seguimiento intensivo del desarrollo de estas reformas, en función de su importancia para el sector cultural y artístico de años venideros, además de que se presenta como una oportunidad para evaluar las estrategias de acercamiento y diálogo de la institucionalidad pública hacia los actores del campo, y por qué no, como una plataforma para integrar las voces que demandan cambios integrales en el Sistema Nacional de Cultura.
Bibliografía
Ayala, Ana. «Entrega del proyecto de Ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales (USECIPOL).» Policía Nacional del Ecuador. 29 de noviembre de 2021. https://www.policia.gob.ec/entrega-del-proyecto-de-ley-de-creacion-de-la-universidad-de-seguridad-ciudadana-y-ciencias-policiales-usecipol/.
Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Informe para primer debate «Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Cultura. Quito: Asamblea Nacional, 2021. https://leydecultura.casadelacultura.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Ley-de-Cultura.pdf
Ministerio de Cultura. Cien días por la cultura: consulta ciudadana participativa. Quito: Ministerio de Cultura, 2016. https://culturaec.files.wordpress.com/2016/02/folleto-100-dias-final.pdf
Salgado, Pablo. «Dos años de la Ley Orgánica de Cultura: letra muerta.» La palabra abierta, 2019. https://www.lapalabrabierta.com/2019/02/21/dos-anos-la-ley-organica-cultura-letra-muerta/
Notas:
[1] Pablo Salgado, «Dos años de la Ley Orgánica de Cultura: letra muerta», La palabra abierta (2019).
[2] Ana Ayala, «Entrega del proyecto de Ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales (USECIPOL).» Policía Nacional del Ecuador, (29 de noviembre de 2021), https://www.policia.gob.ec/entrega-del-proyecto-de-ley-de-creacion-de-la-universidad-de-seguridad-ciudadana-y-ciencias-policiales-usecipol/.
