¿Patrimonio cultural en emergencia? Una revisión luego del Paro Nacional

La requisición de la Casa de la Cultura y la clausura del MAAC ahondaron la crisis del sector cultural. Ambos apuntan hacia los problemas en el campo de la gestión del patrimonio cultural del Ecuador y hablan de la necesidad de tomar medidas para evitar la pérdida de bienes tangibles e inmateriales.

 Por Ana María Crespo/ @laana_mary  

 “El patrimonio cultural está en riesgo”, es la frase que hemos leído con frecuencia en redes sociales en estos últimos días a propósito de lo que ocurrió en la Sede de la Casa de las Culturas del Ecuador, en Quito, durante el Paro Nacional. El 30 de junio, el Paro llegó a su fin, sin embargo, las tensiones y fracturas a nivel social que este periodo expuso tendrán que ir zurciéndose de a poco. El paro también nos reveló la indefensión a la que los espacios culturales están expuestos y trajo de vuelta la pregunta por el estado del patrimonio cultural en el país.

La requisición que ocurrió el 19 de junio de 2022 puede leerse como un punto álgido en la extensa lista de afectaciones —reducción de presupuestos, instalaciones en mal estado, recorte del personal calificado, la falta de políticas públicas o su existencia solo en papel— que los espacios dedicados a la salvaguarda de archivos, objetos arqueológicos, material bibliográfico, archivos cinematográficos deben resistir. Lo que ocurrió en Guayaquil durante el mismo mes tampoco puede dejarse de lado, la clausura del MAAC por parte de la autoridad municipal fue no solo arbitraria, sino una vulneración directa a los derechos culturales de la ciudadanía. Ambos casos han llegado a una resolución en apariencia favorable, porque, aunque la Casa ha vuelto a estar bajo el control de sus autoridades y el MAAC abrió otra vez sus puertas, esto no implica que el patrimonio cultural está a salvo, porque además el patrimonio cultural no solo está contenido en estos espacios.

Patrimonios nacionales en riesgo

En el artículo Los patrimonios nacionales en riesgo, publicado en la Palabra Abierta, por periodista Pablo Salgado se hace una análisis retrospectivo hacia todos los problemas, inoperancias y negligencias por acto u omisión que han sufrido los bienes culturales en el Ecuador. Salgado no solo reconoce el potencial riesgo al que están expuestos los patrimonios, sino que afirma que ya hemos perdido muchos de ellos (¿Podríamos inventariar estas pérdidas?). Entre algunos de los motivos que explican esta crisis, el autor señala los siguientes: la falta de rectoría de Ministerio de Cultura, la inexistente Comisión de Interinstitucional para la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, el desmantelamiento de la institucionalidad cultural, falta de autonomía de las entidades culturales y un punto que tiene que ver más con una intuición de Salgado: “al Estado Ecuatoriano no le interesa la cultura y menos los patrimonios”.

Vamos a las cifras para entender esta afirmación. Pablo Cardoso en Pandemia y renovación política: ejes cartesianos de la cultura en Ecuador en 2021[1] analiza los cambios a nivel presupuestario para el sector cultural tras el viraje hacia políticas de derecha impulsadas por el gobierno de Lenin Moreno. Cardoso ubica la fusión del Instituto de Fomento para las Artes, la Innovación y la Creatividad (IFAIC), y el Instituto de Cine y la Creación Audiovisual (ICCA), que resultaron en el Instituto de Fomento a la creatividad y la Innovación (IFCI) como una maniobra de reducción del tamaño del estado. Un hecho que tiene que ver no solo con reducir el aparataje cultural, sino con debilitarlo achicando su presupuesto.

En lo que respecta al Ministerio de Cultura, Cardoso refiere que para el año 2021 hubo una reducción del 35 % del presupuesto de la institución en comparación con lo asignado para el año 2015. Así mismo, en 2021, la Casa de la Cultura Nacional recibió un recorte presupuestario, el cual comprometió su capacidad operativa y amenazó con la paralización de sus actividades. Iniciaron ese año con un 20 % menos de presupuesto, al que luego se sumó un recorte orquestado por el Ministerio de Economía por $791.898,03.

Tabla 1. Presupuesto de Ministerio de Cultura y variaciones (2015-2021). Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2021.

En la tabla 1 se puede observar la tendencia decreciente en el presupuesto corriente del Ministerio de Cultura. Cardoso comenta que el Fondo de Fomento se inauguró con un presupuesto de 1,8 millones en septiembre 2018 y que, aunque, en 2021 ascendió a 20 millones, los fondos concursables ejecutados fueron solamente 2`447.000,00 (noviembre 2021).

El patrimonio cultural

Lo que una sociedad reconoce como un patrimonio cultural puede variar en función de las necesidades o preocupaciones del grupo humano. Habrá quienes le otorguen mayor valor a la dimensión material de los objetos, otros para los que la estética y la antigüedad sean rasgos importantes, o también podría existir un interés de orden simbólico, es decir que el valor se determine por cuán funcional resulte para sostener una ideología para un grupo económico o político.[2] Cabe la ampliación aquí de que los patrimonios culturales inmateriales se relacionan con la tradición oral, los actos festivos, rituales, conocimientos ancestrales, es decir que su valor se proyecta más allá de los objetos o espacios, de ahí que su vitalidad dependa de las dinámicas culturales.

Existe legislación que reconoce el valor y la vulnerabilidad de los patrimonios culturales, pero según lo referido por Pablo Salgado, la firma de convenios internacionales que comprometen al Estado a velar por la preservación de estos patrimonios es letra muerta. En este contexto, Ecuador ha suscrito dos de estos acuerdos[3], el primero fue la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (1972), mismo que el país ratificó en 1975, y la Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), que ratificó en el 2008. De acuerdo, al segundo acuerdo, el patrimonio cultural inmaterial se entiende no solo a partir de los objetos, artefactos y espacios donde se manifiesta el hecho cultural, sino que depende al mismo tiempo del uso, la representación, expresión, los conocimientos y técnicas que, sujetos o comunidades identifican como parte de su acervo cultural.

Ante el abandono estatal y el deterioro al que están expuestos los patrimonios culturales del país, es necesario pensar en estrategias de salvaguardia, o como lo explica el Manual Atalaya de apoyo a la gestión cultural, “las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión —básicamente a través de la enseñanza formal y no formal— y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos”.

En su texto, Salgado señala que el artículo 380 literal 3 de la Constitución menciona las obligaciones del Estado: “velará, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio nacional.” Habría pues que empezar por un diagnóstico que valore lo que está en juego, reconocer cuáles son los patrimonios culturales más vulnerables para luego diseñar protocolos para su fortalecimiento y cuidado. En el patrimonio cultural está nuestro pasado, se asienta el presente y se proyecta nuestro futuro, en él se sostiene eso que llamamos identidad (heterogénea y mutable), la posibilidad de nombrar de un nosotros que no habla la misma lengua o que, por ejemplo, no cree que la cultura reside solo en las instituciones oficiales .

Bibliografía

[1] Pablo, Cardoso. “Pandemia y renovación política: ejes cartesianos de la cultura en Ecuador en el 2021”. En Observar la cultura: estructuras, crisis y pandemia. (Guayaquil: UArtes Ediciones, 2022), 214.

[2] Carlos Villaseñor. Gestión del patrimonio cultural: la construcción de un concepto. Atalaya Gestión Cultural.

[3] Los otros países que han suscrito estos acuerdos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

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