Veedurías, el poder de la organización ciudadana

En teoría, las veedurías ciudadanas están conformadas por gente de a pie interesada en fiscalizar la gestión de instituciones públicas y privadas. En un periodo de tiempo determinado y con su propia hoja de ruta los veedores buscan transparentar y cuidar de los recursos públicos en ejecución. El Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura integró una veeduría en torno a las pasadas elecciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas.

Por Redacción Observatorio

Existen mecanismos que permiten a los ciudadanos indagar en procesos e instituciones públicas o privadas que administran fondos públicos, cuyo accionar requiere ser transparentado. Luego de varios intentos truncos por llevar adelante las elecciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas (CCNG), finalmente el 17 de febrero de 2022, la Dra. Martha Rizzo fue elegida como la nueva presidenta. Pero la serie de suspensiones e irregularidades que retardaron por seis meses este desenlace, hicieron que la CCNG fuera la candidata ideal para que una veeduría ciudadana, acreditada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) siguiera de cerca la última semana de las elecciones. Este Observatorio formó parte de la veeduría “…para vigilar la transparencia del proceso de elección de la directiva de la Casa de la Cultura de la provincia del Guayas, período 2022-2025”. Cabe señalar que la segunda veeduría que se ejecutó para dar seguimiento a las elecciones de Guayas arrancó de manera oficial el 10 de febrero.

La página web del CPCCS, organismo que acredita las veedurías, dice que éstas se forman a partir de “Personas naturales y/o representantes de organizaciones sociales, de manera individual o colectiva. Su actividad es independiente tanto de las instituciones públicas como de las influencias político-partidistas o de intereses particulares”. En este mismo sitio es posible verificar cuáles son los veedores que se encuentran participando de forma activa y así mismo, qué veedurías están en curso o ya han finalizado. Esta información es de acceso público, aunque, solo se encuentra actualizada hasta el año 2021. La web del CPCCS presenta problemas, por lo que no es posible acceder a los datos que prometen mostrar a la ciudadanía.

Un proceso a contrarreloj

Una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acreditó a la veeduría ciudadana, el equipo de trabajo pro bono[1] integrado por Jesica Basantes, Marco Osorio, Adriana Murillo, Ana Crespo, José Choez, Ronald Pesantes, Yiry Ponce, David García, Jasmín Bailón, Peter García, Daniel Zambrano, se reunió de forma presencial para trazar un plan de ruta. Este primer encuentro en el Edificio Bank Park, ubicado en las calles Pichincha y Luque, evidenció algunas fricciones internas entre los veedores y una actitud desafiante ante la presencia de un miembro del Observatorio. Recordemos que, desde agosto de 2021, el Observatorio realizó una labor de levantamiento y difusión de información, además de organizar el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la CCNG el 6 de diciembre de 2021. Estas actividades fueron parte de una veeduría independiente que el Observatorio desarrolló con el aval de la Junta Provincial Electoral (JPE) vigente a esa fecha; lamentablemente, sin fundamentación alguna, ciertos veedores insistieron en desacreditar esta labor.

A esto hay que sumar el escaso tiempo que tuvo la veeduría del CPCCS para ejecutar los planes de trabajo —los cuales eran un calco de la veeduría anterior—, por lo que algunos asuntos quedaron fuera de borda, sobre todo en lo concerniente a la revisión de la información que la CCNG debía facilitar para el análisis. El mayor obstáculo de trabajo fue la falta de un informe sobre todo lo actuado por la Junta Provincial Electoral anterior presidida por el Dr. Palacios Frugone. Parte de los requisitos del equipo de la veeduría estaban orientados en conocer cuáles habían sido los procedimientos a seguir para conformar el padrón y aprobar o denegar candidaturas, sin embargo, ninguno de estos requerimientos fue atendido. Tampoco se facilitó acceso al listado actualizado de los miembros de la CCNG.

El 14 de febrero tuvo lugar la primera actividad oficial de la veeduría, una reunión con la Junta Provincial Electoral a cargo del Sociólogo Benny Sánchez. Este encuentro ocurrió en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, pero para sorpresa de los involucrados, solo estuvo presente el presidente de la JPE. Sánchez dio detalles del proceso y confirmó que las votaciones tendrían lugar en un solo recinto para toda la provincia: la sede del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil, por la falta de presupuesto.

El 15 de febrero se llevó a cabo una reunión con los directivos de la CCNG en las instalaciones de la institución, en la cual se evidenció la falta de comunicación entre la Junta y la directiva, que decía desconocer la fecha de las elecciones, aun cuando se habían emitido oficios para comunicar acerca de los comicios.

Un día antes de las elecciones, el 16 de febrero de 2022, la veeduría solicitó una reunión telemática con Andrés Madrid, secretario de la Junta Nacional Electoral. Para esta reunión se convocó a Benny Sánchez, pero no hubo respuesta favorable de su parte, de manera que solo se realizó con el secretario. En este encuentro se plantearon algunas interrogantes sobre candidatos que no tenían todos los requisitos en regla para la dignidad y acerca de la conformación del padrón.  Madrid sostuvo que las labores de la JPE arrancaban a partir del momento en el que se suspendió el proceso eleccionario luego de la renuncia de Palacios Frugone; es decir, la junta debía informar quiénes eran los candidatos participantes, además de coordinar el debate y las elecciones. De ahí que, la JPE dirigida por Sánchez no podía trabajar reformando el padrón ni tenía potestad de descalificar a candidatos; esas acciones estaban fuera de tiempo. Madrid también señaló que las papeletas serían impresas en Quito y se remitirían a la JPE al llegar a la ciudad de Guayaquil.

El día de las elecciones, los veedores no solo observaron de cerca las votaciones y el conteo de votos, sino que fueron parte del voto asistido y ayudaron a las personas de la tercera edad o que por alguna condición de salud no podían acceder al coliseo. Junto a un delegado de la junta, el veedor se movilizaba al ingreso para que la persona realice la votación y para tomar nota del nombre y cédula de identidad del votante; el veedor debía seguir la pista de la papeleta hasta que llegara al ánfora. La mayor novedad que surgió durante los comicios fue la constatación de ciertas inconsistencias en el padrón de la CCNG. Artistas que tenían más de diez años de afiliación a la casa, reportaron que no constaba su número de cédula o que, en su defecto, se había cambiado por su número de celular, motivo por el cual no les fue permitido ejercer su derecho al voto. Otro punto crítico fue verificar si existían votantes inscritos, al mismo tiempo, en el padrón de la CCNG y en RUAC para evitar que voten por partida doble.

A partir de las reuniones y de todos los documentos que los veedores han recabado, el 18 de marzo se entregó un informe cuyo contenido permanecerá reservado hasta que el CPSCS lo revise y avale. Una vez que se haya cumplido con este procedimiento, el documento deberá ser socializado y podrá ser consultado por cualquier ciudadano desde el portal web de la entidad.

Sin duda, las veedurías — hoy en día— parecen ser espacios de disputa donde resulta difícil descifrar cuáles son los intereses particulares de los involucrados. Más allá de los problemas éticos que ciertas filiaciones partidistas pueden provocar, hay que rescatar la importancia que tienen las veedurías como espacios desde donde los ciudadanos accionan mecanismos para velar por el uso eficiente de los recursos públicos. En el campo cultural ecuatoriano existen instituciones y procesos a los que no les vendría mal el acompañamiento de estos mecanismos de control autónomos para garantizar su correcto funcionamiento.

Algunos datos sobre las veedurías

-Se requiere un mínimo de tres personas para que una veeduría sea reconocida como tal; la veeduría que dio seguimiento a las elecciones de la CCNG estuvo conformada por once personas, entre los cuales se eligió a un coordinador (a), subcoordinador(a) y secretario(a). El plazo asignado para la gestión fue de tres meses, periodo que, si era necesario prolongar, se podía solicitar una ampliación por tres meses más.

– Las veedurías no son apéndices del CPCCS, por lo tanto no existe dependencia laboral con esta entidad ni ninguna otra del estado. De ahí que su carácter sea: “cívico, voluntario y proactivo”.

-No pueden ser veedores quienes: sean funcionarios de la entidad que se pretende observar, tengan contratos laborales con la entidad a la cual se le efectúa la veeduría; tampoco pueden ser veedores aquellas personas que pertenecen a un partido político, deben pensiones alimenticias, o aquellos que han cumplido con medidas de reparación en caso de violencia de género o intrafamiliar.

[1] Expresión latina que significa “por el bien público” o “por el bien común” , es decir, sin paga.

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