Ley de Atracción de Inversiones para el sector audiovisual: ¿espejismo o posibilidad de crecimiento?

El segundo debate de la Ley de Atracción de Inversiones, realizado el 22 de marzo, fue suspendido ante la falta de consenso del Pleno de la Asamblea. De esta forma, y previo a su reanudación el 24 de marzo, el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura evalúa las implicaciones de este proceso legislativo para el sector audiovisual, el cual busca insertarse entre los beneficiarios de la normativa.   

El martes 22 de marzo de 2022 inició en el Pleno de la Asamblea el segundo debate respecto a la Ley de Atracción de Inversiones, propuesta por el Ejecutivo. El proyecto legislativo consta de 260 artículos y conlleva reformas a 18 normativas, enfocándose en las siguientes temáticas: incentivos tributarios para la creación de zonas francas, la promoción de las Alianzas Público Privadas, mayor control al mercado de valores, y reformas al sector de telecomunicaciones.  

Sin embargo, la posición de la Asamblea se encuentra divida respecto a este cuerpo legal, en tanto por una parte se expresa que el mismo implicaría la privatización de servicios públicos, mientras que, por otra, se manifiesta que podría generar empleo y mayor coordinación entre los ámbitos público y privados. Es así que durante la jornada del martes 22 la sesión fue suspendida debido a la falta de consenso respecto a la aprobación o archivo del proyecto, por lo cual se retomará el jueves 24 de marzo.  

Sector audiovisual en la Ley de Atracción de Inversiones 

De este debate está pendiente el sector audiovisual, y en específico la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (Copae), en función de su propuesta para este cuerpo normativo, mediante la cual se busca fortalecer las producciones nacionales a partir de la financiación privada. Concretamente, y tal como se expuso en un artículo anterior de este Observatorio, se plantean cuatro iniciativas:  la determinación de la actividad audiovisual como sector prioritario, la creación de un Certificado de Inversión Audiovisual que podría ser utilizado como crédito tributario del impuesto a la renta, la creación de un Régimen Especial de Exoneración, y la exoneración para pagos en el exterior.  

En su cuenta de Twitter, la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (Copae) publicó un video argumentando sobre la importancia de la Ley de Atracción de Inversiones, y sus beneficios, en el que se cuenta con la participación de figuras relevantes de ámbito audiovisual y cinematográfico de Ecuador:  

En el segundo debate,  y durante la lectura del Informe para Segundo Debate del Proyecto para Ley Orgánica de Atracción de Inversiones, en lo referente a las solicitudes para consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de Disposiciones Específicas, se informó que representantes del sector audiovisual comparecieron ante la Comisión durante la socialización del proyecto de Ley y propusieron un esquema de incentivos orientados a atraer las inversiones a través de producciones audiovisuales de gran escala. Al respecto, se mencionó que la asambleísta Nathalie Arias (CREO) se mostró contraria a la implementación de este esquema alegando que la regulación a favor de sectores específicos puede ocasionar situaciones de desigualdad e incitar a que se concedan más incentivos, mientras que la asambleísta Diana Pesantez (Movimiento Igualdad – Participa) indicó que esto puede afectar al balance fiscal. Por su parte, los asambleístas John Vinueza (Unión Ecuatoriana) y Daniel Noboa (Movimiento Ecuatoriano Unido) expresaron su apoyo a la propuesta.  

En este contexto, el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura consultó a actores del sector audiovisual ecuatoriano su posición y perspectiva respecto a esta coyuntura, en base a cuatro puntos clave: visión general sobre la Ley de Atracción de Inversiones, opinión sobre la propuesta de la COPAE, razones para determinar a la actividad audiovisual como sector prioritario, y la idoneidad de los estímulos tributarios para fomentar la producción audiovisual.  

Paul Venegas 

El productor, director y guionista, Paúl Venegas, considera que la Ley de Atracción de Inversiones es una buena propuesta en términos globales, en tanto todos los países, nichos y sectores industriales deben ofrecer incentivos para las diversas industrias, lo cual para el gestor es el modus operandi común en la mayoría de países. Específicamente, y en lo que respecta al campo audiovisual, Venegas cita como ejemplo a Cannes, en donde los diversos países participantes proponen incentivos tributarios y escudos fiscales para viabilizar el interés de inversión de las diferentes productoras y plataformas. Así también, menciona como referente a nivel latinoamericano a la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas de Costa Rica, cuerpo legal que a su parecer denota la importancia del sector audiovisual como un motor productivo en ese país. 

En lo que respecta a la propuesta de la COPAE, Venegas manifiesta estar de acuerdo, aunque también apunta que es necesaria un planteamiento más ambicioso. En este sentido, se plantea que para que Ecuador puede presentarse como un nicho de inversión en la industria audiovisual se requiere del desarrollo de un entorno de organizaciones y regulaciones que ofrezca seguridad y estabilidad para los proyectos. Al respecto, Venegas destaca que Ecuador adolece de una frágil institucionalidad que no permite fortalecer los procesos políticos y económicos. Como evidencia de los anterior se menciona la ausencia de una Comisión Fílmica, y la absorción del Instituto de Cine Creación Audiovisual (ICCA) por parte del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI).  

Por otro lado, el director menciona que en Ecuador no existe suficiente capital humano y técnico para atraer producciones foráneas. Sin embargo, también apunta que las carreas universitarias de audiovisuales han empezado a despuntar en los últimos años, mencionando como referencia a la oferta académica de la Universidad de las Artes, además de los profesionales que se graduaron en el extranjero. A pesar de esto, también precisa que muchos de estos trabajadores se ven obligados a dedicarse a otras áreas como la publicidad debido a que la economía del sector audiovisual no cuenta con la sustentabilidad necesaria para garantizar fuentes de empleo en el territorio nacional.  

Por ello, Venegas considera pertinente la determinación de la actividad audiovisual como sector estratégico, en tanto es una industria que puede fungir como motor económico y como inyectora de capital a la economía. Al respecto asevera que, en una producción cinematográfica, únicamente el 30 % del presupuesto se destina a rubros directamente relacionados, mientras que el 70 % se distribuye entre las diferentes industrias: salud, servicios básicos, transporte, logística, alimentación, hotelería, seguros, etc.   

Así también, el sector audiovisual es clave en la proyección de la imagen país en el mundo, y en el refuerzo de la identidad a nivel interno. En este sentido, estas producciones juegan un rol importante en el rescate de la memoria y en el abordaje de los rasgos de la historia común. Estos aspectos adquieren mayor relevancia al considerar la explosión digital de la contemporaneidad y el elevado consumo de contenidos audiovisuales a través de varios dispositivos tecnológicos.  

En base a lo expuesto, Venegas concluye que, si bien los estímulos tributarios constituyen un apoyo, no bastan para fortalecer la producción audiovisual. Para ello se necesita reconfigurar la institucionalidad, la promoción del país como destino de filmación y crear una alianza pública-privada que motive a las instancias particulares a hacerse responsable del ejercicio de la producción audiovisual. Sobre este punto, Venegas añade que este proceso requiere de un trabajo a largo plazo y de la participación de personas afines al sector que entiendan sus dinámicas.  

“Pocho” Álvarez 

Otra de las figuras del campo audiovisual que compartió sus opiniones con este Observatorio fue César Antonio “Pocho Álvarez, director, productor, fotógrafo y guionista con más de 40 años de experiencia. En primer lugar, y como contextualización, Álvarez precisa que en Ecuador la actividad audiovisual es más cercana a la artesanía que a la dinámica industrial. En este sentido, abre una línea de debate al mencionar que la cinematografía no es un ejercicio de la economía, sino del arte.  

Álvarez considera que, a nivel antropológico, lo audiovisual es efectivamente un sector prioritario, en tanto el siglo XXI está surcado por estos lenguajes que aportar a la construcción de memoria, pertenencia e identidad. Sin embargo, indica desconocer sobre el aporte de este campo a la economía nacional, por lo que este es un aspecto que necesita evaluarse. Así también, expresó no estar al tanto sobre la propuesta general en materia económica de la Ley de Atracción de Inversiones, por lo que se reservó su opinión al respecto.  

En este sentido, el director señala que el planteamiento de incentivos fiscales para la producción sin considerar holísticamente el conjunto del escenario audiovisual no es una solución definitiva. Al respecto añade que cualquier propuesta despojada de una política pública tendrá un efecto limitado y a corto plazo. Por ello, Álvarez hace hincapié en que Ecuador necesita una Ley de Cine, ya que la ausencia de un marco legal es un impedimento para el desarrollo de la actividad audiovisual. Como referencia cita a Colombia y Perú, las cuales cuentan con cuerpos normativos específicos para el sector.  

Al mismo tiempo, advierte sobre la excesiva dependencia del Estado que puede generarse, por lo cual considera oportunas las medidas que permiten independizarse de la acción gubernamental, como son en este caso los estímulos tributarios. En este punto también opina que es necesario redefinir qué es lo que la sociedad civil demanda del Estado como política pública para la cultura y fomentar la descentralización en la gestión de la misma.  

Finalmente, Álvarez reflexiona sobre el fortalecimiento de uno de los eslabones de la cadena productiva del sector audiovisual: la exhibición. Sobre esto menciona que no existen incentivos para aumentar las salas de cine independientes o de la Casa de la Cultura a nivel nacional, de modo que se da prioridad a la etapa de la producción, dejando de lado otras facetas indispensables como la distribución; es decir, hace falta un enfoque holístico e integrador.   

Consideraciones finales: La ley de inversiones, más allá del audiovisual 

Precisamente, esta perspectiva global es requerida también para evaluar la pertinencia de la aprobación de la Ley de Atracción de Inversiones, en tanto esta incluye aspectos ajenos al fomento privado de la producción audiovisual y que inciden en otros sectores productivos, y, por tanto, en la economía general del país. Particular atención merece la figura de la “Gestión delegada”, mediante la cual se delega a un sujeto de derecho privado la gestión de un proyecto público mediante contratos de largo plazo. En estas dinámicas debe prestarse atención a los diferentes intereses en juego, y a la articulación de estas gestiones a la planificación y necesidades nacionales. 

Además, también debe tomarse en cuenta que esta propuesta de Ley implica reformas a varios cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánica de la Producción, Comercio e Inversiones; la Ley de Régimen Tributario Interno; la Ley de Compañías; el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos – Código Ingenios; la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; el Código Orgánico Monetario y Financiero; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el Código de Comercio, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, entre otros. Por tanto, es necesario evaluar las ramificaciones que podrían presentarse ante una eventual aprobación del proyecto de Ley de Atracción de las Inversiones, sin que los incentivos fiscales para el sector audiovisual nublen la visión general.  

En este sentido, Natalia Marcos, docente e investigadora de la Universidad de las Artes considera que la Ley de Inversiones promueve la privatización encubierta de bienes y servicios públicos, como petróleo, hidroeléctricas, carreteras, salud, educación, entre otros. Además, crea incentivos para empresas privadas, elimina el control de los monopolios y vulnera la defensa del Estado, por lo que este proyecto institucionaliza la idea de que el Estado debe recoger al sector privado para realizar sus actividades. Por ello, Marcos opina que la Asamblea Nacional tiene la obligación moral de negar el paso de esta propuesta de “saqueo neoliberal”. 

Ante estas circunstancias, el impulso a una ley de esta naturaleza presenta conflictos si con ello se perjudica la garantía de la acción estatal y del cumplimiento de derechos fundamentales, a pesar de que se puedan obtener beneficios para ciertos sectores. En esta línea, Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en una entrevista del 14 de marzo para Radio Wambra, mencionó que entre las propuestas de la CCE para la reforma a la Ley Orgánica de Cultura se han incluido estímulos tributarios para fomentar la producción artística, como parte de las medidas para la reactivación económica pospandemia. Esto presenta alternativas al sector audiovisual para materializar sus planteamientos en un ámbito legislativo con relación directa: la cultura.  

El Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura continuará con el seguimiento de este proceso legislativo, y de las repercusiones de su aprobación o archivo para el campo audiovisual y cultural, así como de las réplicas de sus actores frente al desenlace que tendrá lugar el día de hoy en la Asamblea Nacional.  

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