El Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) como una herramienta de construcción de política pública efectiva

En los últimos años se ha llegado a comprobar, a través de los más recientes y serios estudios vinculados a la generación de la política pública, cómo la ciudadanía -mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación con herramientas virtuales de participación- puede acceder a nuevas formas de control, acceso y monitoreo constante de programas y proyectos públicos. Esto, en teoría, facilita a que los tomadores de decisiones (en los ministerios, por ejemplo) se inclinen por la implementación de políticas, programas y proyectos basadas en evidencia empírica y no en subjetividades.

En este sentido, los Sistemas de Información, implementados por los servicios públicos, deben llegar a un alto grado de institucionalidad para posibilitar la consolidación de sus herramientas. Su objetivo es justamente facilitar el acceso a información pública, así como mediar la participación de la ciudadanía y autoridades estatales. La misión de estos espacios de pensamiento público es obtener un equilibrio entre la conjunción de intereses de diversos actores de un sector, mediante la objetividad y parcialidad que garantiza el uso de datos y cifras para una toma de decisiones adecuada.

En el caso ecuatoriano, particularmente hablando del sector artístico-cultural, la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura (2016) trajo consigo el nacimiento de la Dirección de Información como unidad encargada de administrar el SIIC. Esta unidad ha trabajado desde su creación con escasos recursos económicos (no ha llegado a manejar ni $20.000 en cuatro años), pero con un alto compromiso de los investigadores que la conforman. Se ha sostenido que el mejor recurso que tienen un departamento de investigación es su personal. En un departamento de este tipo no se requieren hacer proyectos o eventos, lo que se necesita es personal calificado para poner en valor las cifras que se construyen.

Esta dependencia, que tuve la suerte de dirigirla por veinte meses, aporta con importantes estudios, boletines y cifras que intentan que las autoridades hagan su mejor trabajo. Antes de esta experiencia de dirección de un equipo, presté mis servicios como técnico en el área de investigación de la Subsecretaría de Emprendimientos Culturales por más de cinco años donde puede denotar cómo la mayor parte de decisiones en materia de política pública se las realizaba con un alcance muy bajo de información. Es decir, los proyectos y programas se realizaban con criterios técnicos -en materia de política pública- poco eficaces pues existió un importante vacío de data desde la creación del Ministerio que la ley procura arreglar (esto no quiere decir que muchas de las iniciativas hayan sido un fracaso o no hayan funcionado).

Desde de este Sistema de Información han nacido proyectos de gran envergadura para las próximas autoridades. El más importante es, quizás, la Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales que ha iniciado después de varios años de intenso trabajo con el INEC y será implementada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Esta operación de levantamiento estadístico tiene un costo de 260 mil dólares, cuya cifra es parte del Plan Nacional del Libro y la Lectura ejecutado a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Hace más de dos años, cuando el Ministerio consultó cuánto le costaría realizar este levantamiento: la cifra alcanzaba el millón de dólares. Entonces, desde la Dirección de Información, se decidió que para reducir costos, de podía realizar toda la metodología internamente para solo contratar una empresa que levante las encuestas a los hogares. No era el plan inicial, sin embargo, considero que lo importante en este punto es que, de cualquier manera, Ecuador tenga información sobre los hábitos y consumos culturales de la población.

Otras de las más importantes herramientas del SIIC es la Cuenta Satélite de Cultura, que experimentó una situación similar por falta de recursos. En el 2016, cuando se consultó el costo de implementarla, su valor era modesto para un Ministerio que se venía acostumbrado a ejecutar dinero en beneficio de ciertos sectores, o en eventos artístico-culturales de gran magnitud. Igual que lo sucedido hace poco con la Encuesta, el equipo de investigadores del SIIC trabajó casa adentro y con poco dinero se logró tener una Cuenta Satélite. Ecuador hoy en día, es uno de los pocos países de la región que dispone de datos económicos actualizados. Este indicador que sirve para la mejora en la toma de decisiones, debe encontrar una razón y ser apropiada por la ciudadanía, porque no es menor: decir que la cultura aporta al PIB con el 1.79 % del PIB al 2019 significan más de 1.300 millones de dólares que giran alrededor de estas actividades.

Los diagnósticos, las líneas base, los estudios técnicos deben cumplir ciertas normas rigurosas de investigación para mostrar la evidencia empírica necesaria para tratar un determinado problema. Los estudios, los cálculos económicos y la teorización del problema no deben responder a intereses particulares sino a grandes postulados de investigación social. Ecuador tiene una ventaja enorme: el sector artístico-cultural cuenta nada más y nada menos que con una Ley Orgánica. La puesta en marcha de nuevas tecnologías de información y comunicación incluso podrían dinamizar la participación de los actores del arte y la cultura que cuenten con un registro para aquello. Por ejemplo, esto se puede lograr con lenguajes de programación que se generen en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC (sí, otra de las herramientas del SIIC).

El RUAC es tal vez la herramienta que más apropiación requiere de la ciudadanía. En varios índices de evaluación de calidad de la democracia, podemos notar que una de las aristas más importantes es la participación de la ciudadanía. Una democracia debe garantizar que los ciudadanos hagan uso de este derecho no solo a través del voto, sino también siendo parte activa del proceso de toma de decisiones. La puesta en marcha de proyectos públicos debe estar atada al ejercicio de control de la política pública mediante la interacción de diversos actores. La participación debe nacer del ejercicio de compartir la toma de decisiones.

Sin embargo,  a puertas del final de este Gobierno está sucediendo lo contrario. Es de dominio público la situación de las elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde gracias a prácticas caducas se pretendió obligar a los ciudadanos a entregar una carta escrita y firmada para ejercer su derecho de electores. Estos requisitos fueron definidos por la junta plenaria de la CCE y respaldados por el ministro Julio Bueno, antes que un juez de la ciudad de Guayaquil otorgue medidas cautelares y detenga la realización de las elecciones en estas circunstancias. Hace algunas semanas resultaba vergonzoso que, incluso, algunos núcleos provinciales hubieran tenido la osadía de pedir que los trabajadores de la cultura lleven consigo una copia de cédula y un certificado con la fecha de inscripción al RUAC. Suena gracioso que se solicite este requisito en pleno siglo XXI y más aún cuando el Ministerio      ya había entregado oportunamente a la Presidencia de la CCE el listado a las con los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho.

Acciones como la de solicitar la inscripción en el RUAC para participar en un proceso electoral hacen que este registro sea visto como un requisito engorroso y no como una herramienta para mejorar la participación y la calidad de las políticas culturales. Dentro del RUAC (hasta principios de marzo de 2021) existían más de 17.000 personas verificadas, cuando en el 2017 en el contexto de las pasadas elecciones de la CCE formaron parte del padrón 3.027 personas. En el 2020 y en lo que va de 2021, años particularmente complejos por la pandemia del Covid, se validaron 8.000 personas nuevas (casi el 90% de todo el universo de registrados en el periodo 2017-2020). Esto supone un incremento exponencial de registros en los últimos meses que pudo ser instrumentado como una posibilidad mejor democracia.

A pocos días de cambiar de administración, nos llega una nueva perla. Mediante un Acuerdo       del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se expidió una norma para la eliminación de trámites administrativos. El Ministerio de Cultura, obediente a la causa, ha colocado con bombos y platillos, plantea la posibilidad de «Eliminar el trámite de inscripción en el sistema RUAC», por supuesto «de conformidad con la ‘Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos y su Reglamento General’».

Resulta curioso ‘hablar de eficiencia administrativa’ cuando meses antes se había planteado la presentación de una carta escrita a puño y letra para que un miembro del RUAC pueda acceder al derecho al voto en las elecciones. En ese contexto, no hubo ninguna optimización que los detenga. Incluso como anécdota debo confesar que propuse que desde la plataforma del RUAC, se permita que el usuario con un solo click entregue de manera virtual su carta de intención (ya que así fue dispuesto en el reglamento) y esto fue negado.

Para ir cerrando, vuelvo a un tema que había planteado en los párrafos anteriores, puesto que son varias las herramientas listas para el aprovechamiento de las próximas autoridades:

• La realización de la Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales es un hito que deberá ser aprovechada para una mejor toma de decisiones acompañada de procesos participativos para la creación de política pública. El próximo ministro de turno tendrá la oportunidad y el desafío de brindar mejores condiciones a los usuarios del RUAC y de obtener mejor data mediante la creación de procesos de levantamiento de información con los inscritos. Esto seria mucho mas lógico que querer desaparecerlo.
• Se tiene un gran reto en cuanto a la creación de una nueva metodología de medición de nuestra Cuenta Satélite, fruto del cambio de año base programado por el BCE. Son varios los estudios que se han desarrollado y que muestran la importancia del sector cultural para la atracción de inversiones y la creación de nuevos emprendimientos bajo un esquema de incentivos tributarios que dinamicen los ingresos de los artistas (sabemos que cada dólar de inversión en arte o cultura puede hasta cuadriplicar la dinamización y el circulante de la cadena productiva).
• Creación de nuevas modalidades de inscripción de usuarios en el RUAC para la reactivación de actividades. Debemos recordar que el certificado digital del RUAC fue el único comprobante habilitado por el COE a inicios de la pandemia para que los artistas y gestores puedan salir a trabajar. También podría servir como mecanismo de revisión de condiciones de vulnerabilidad para solicitar una campaña de vacunación. Son más de 200 millones los que se han perdido por la paralización de actividades solo en el 2020. La cultura y las artes deben ser reconocidas como productivas.

El plan de trabajo del Presidente Lasso para con el sector cultural resulta llamativo. Muchos pensarán que no es un plan, sino algunas ideas ocurridas y transformadas en una presentación, pero aun así no deja de generarnos curiosidad. El plan tiene algunos ejes importantes: uno para un Sistema Nacional de Impulso Creativo, Préstamos y Fondos Concursables, Incentivos Tributarios, Espacios Públicos para el Entretenimiento, Educación con carreras en gestión de negocios artísticos y culturales y otro final que elimina gran parte la tramitología existente. A este plan le faltan algunos ejes que de seguro muchos expertos estarán gustosos en aportar, sin embargo, puede ser una buena base para empezar.

En fin, invitemos a las próximas autoridades a tomar decisiones responsables, técnicas, basadas en evidencia empírica y las realidades de los trabajadores del arte y la cultura. De seguro así la cultura se convertirá en lo que las leyes y papeles tanto han promulgado: un verdadero sector estratégico y económicamente productivo.