La cultura pagada del ministro Julio Bueno

Por Jimmy Saénz de Viteri y Nicolás Esparza.

Museo Nacional del Ecuador. Foto: Diario La Hora.

El pasado 23 de marzo, Julio Bueno —Ministro de Cultura y Patrimonio— recorrió las instalaciones del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) con sede en Guayaquil. Guiado por su directora Mariella García, Bueno observó las reservas y exposiciones. Acto seguido en un comunicado en sus redes sociales, el MAAC informó que el ministro dialogó e intercambió ideas con los encargados de las diferentes áreas reconociendo su compromiso y trabajo con la institución cultural y que elaboró algunas proyecciones de propuestas para el disfrute y puesta en valor de los patrimonios.

Sin embargo y en una acción insólita posterior, Bueno ha solicitado derogar el Acuerdo Ministerial Nro. 234-2010 con fecha de 7 de diciembre del 2010 que establece el acceso de visitantes nacionales y extranjeros a museos y centros culturales de manera libre y gratuita. Mediante el Acuerdo Nro. MCYP-MCYP-2021-0035-A, el ministro inició el proceso para el cobro de una tarifa de ingreso. En una entrevista para el diario El Comercio afirmó que el cobro será solo para extranjeros ya que “ellos quieren pagar una entrada cuando llegan a los museos”.

El argumento que se intuye tras esta decisión es el de la búsqueda de autogestión financiera en estas instituciones culturales públicas. Razón que no tiene asidero, según Ivette Celi, museóloga y ex subsecretaria de patrimonio, quien afirma que “ningún museo en el mundo se sostiene con la taquilla (…) en el caso de los repositorios públicos resulta más costoso establecer mecanismos de cobro. Es una ilusión pensar que los espacios son autosustentables. El cobro de ingreso limitaría enormemente el acceso de estudiantes, niños niñas, investigadores, adultos mayores, familias y público en general que va al museo para aprender más sobre su territorio, su cultura y sus identidades. Coartar ese derecho es inconstitucional”.

Gran parte del sector cultural ha manifestado su preocupación y rechazo a esta posible medida debido que en la propuesta se dispone la elaboración de un informe técnico por parte de las Direcciones de Gestión Administrativa y Financiera para que se analice la viabilidad del cobro de tasas a la ciudadanía por el uso de repositorios culturales administrados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, lo que daría paso al inicio de una posible privatización del acceso, a los cobros por consulta y revisión de la ciudadanía de estos insumos públicos culturales. Esta medida confirma la ausencia de una política cultural enfocada en ampliar el acceso a las instituciones y bienes culturales.

En conversación con la redacción, François Laso —artista visual, docente de la Universidad de las Artes e investigador del Observatorio— mostró desconcierto con una   decisión tomada a pocas semanas del fin del Gobierno. “Es una decisión poco responsable con un sector tan maltratado durante la pandemia y poco empática con la gente que tiene su economía quebrada; los museos y espacios culturales son de los pocos lugares que dan respiro a la salud mental y emocional en esta crisis sanitaria”. Sobre los estudios e informes, agrega que sería lógico que primero los produzca y que deje al próximo ministro evaluar su pertinencia.

En redes sociales la noticia ha generado el rechazo entre distintas comunidades en línea en defensa de la gratuidad del consumo cultural en museos. En Twitter circula ya una petición de change.org para evitar lo que muchos ven como una privatización de los museos, y señalar el carácter inconstitucional e ilegal del decreto, también se organizaba un tuitazo para la noche del jueves 8 de abril con el hashtag #NoNosCobrenLaHistoria.

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